Romper el Cerco

Un analisis de la situación que pasa PEMEX con las modificaciones que intenta Calderón en la estructura de PEMEX.

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Recuerda que tenemos más para que descargen y digundan PPS para romper el Cercon

Atenco a 2 Años de la represion

La mañana del 3 de mayo de 2006 vendedores de flores en el mercado de Texcoco, Estado de México fueron desalojados con violencia por la policía municipal, los floristas reclamaban, desde hacía varias semanas, el derecho a vender en el mercado público. Por la tarde la PFP había rodeado el mercado y alrededor de 50 personas fueron detenidas entre ellas integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). En los enfrentamientos un menor resultó muerto de bala por la policía.

Sinopsis: Este video analiza los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco durante los primeros días de mayo de 2006, y denuncia las violaciones de Derechos Humanos de la población civil por parte de las fuerzas policíacas del Estado de México.

Con información de espora.org

El Fascismo en los medios de comunicación de México

La denuncia presentada el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A C y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, AC (léase El Yunque) contra los estudiantes que asistieron al segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana –celebrado en Ecuador del 24 al 27 de febrero de este año– y “contra quien resulte responsable”, constituye una demostración palpable de las mentalidades y acciones fascistas que pretenden imponerse en la sociedad mexicana.

El documento de 77 páginas es un repetitivo alegato, salpicado de jerga jurídica, encaminado a fabricar delitos y culpables con base en información de las agencias de inteligencia mexicanas, colombianas y aun ecuatorianas, y a partir de la presentación de “evidencias” que en su mayor parte son informaciones periodísticas que por irresponsabilidad o corrupción se hicieron eco de esas fuentes policiacas después de la masacre llevada a cabo por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador el primero de marzo de este año.

En efecto, el terrorismo mediático que se ejerce contra la oposición de izquierda a través de la publicación de “notas periodísticas”, “artículos de opinión” o “entrevistas”, que en realidad son en la mayoría de los casos informes, interpretaciones, filtraciones o delaciones de las agencias de espionaje político de los estados involucrados, constituyen el grueso de las pruebas de cargo contra los “terroristas” y “ narcoguerrilleros ” mexicanos. De la denuncia mencionada, 47 “evidencias” –que afirman comprobar los dichos de los chivatos–, 12 provienen de El Universal , cinco de Milenio , tres de Excélsior , uno de La Crónica , uno de Reforma , uno de El País (la infaltable Maite Rico), uno de la agencia de noticias Efe.

De otra naturaleza son dos notas del periódico digital Rebelión, del cual se presentan convocatorias y cartas de apoyo a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano de intelectuales de “la izquierda extremista”, entre quienes se encuentran Carlos Fazio, José Steinsleger y el autor de estas líneas.

De las otras “pruebas” que tiene en sus manos el procurador, tres son mapas bajados de Internet del sitio de la masacre, considerada por nuestros denunciantes como una “acción ejemplar” del gobierno de Uribe; tres son fotos del campamento rebelde tomadas por el ejército ecuatoriano, siete son declaraciones extraídas de la página de Internet de la Coordinadora Anticapitalista del Auditorio Che Guevara (definida por nuestros vigilantes como “una coalición de grupos extremistas y promotores del terrorismo que controlan gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria”).

Otras dos de las “evidencias” son las declaratorias respectivas de la Unión Europea y Estados Unidos, en las que las FARC aparecen consideradas dentro de las “organizaciones terroristas”. Una más es muy convincente: se trata de una estimación de ingresos y egresos de los estudiantes viajeros que realizó nada menos que la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia, para demostrar que las FARC gastan millones de dólares mensuales para subvencionar a la izquierda mexicana.

El texto de marras es, en suma, un manojo de recortes de periódicos, junto con la transcripción de lo que cada país tipifica como delitos de terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada, así como listas de sospechosos que se pide sean castigados con todo el rigor de la ley. En la parte final del documento, los confidentes “instruyen” al procurador sobre las tareas que debe realizar: investigar todo lo relacionado con el viaje a Ecuador de los “terroristas”: itinerarios, fechas, comunicaciones, entrenamientos (obviamente) terroristas, alias, rangos, informaciones rendidas y recibidas, gastos, tarjetas de crédito, pagos recibidos, etcétera; actividades previas de los señalados, sus números telefónicos, matrículas de sus vehículos, domicilios alternativos, cuentas bancarias, antecedentes criminales, etcétera. Tareas normales de los acusados: lavado de dinero, enlace con organizaciones armadas, trasiego de materiales radioactivos, secuestros, atracos, atentados con explosivos, falsificaciones de documentos, etcétera; los viajes de Lucía Andrea Morett al extranjero, contactos, razones por las cuales autoridades universitarias han permitido el uso de instalaciones de la UNAM, actividades de los sospechosos en los “actos de rebelión y terrorismo” en Oaxaca, etcétera.

Si en este país se viviera en un efectivo estado de derecho, la denuncia sería desechada de manera inmediata. Como comprobaron las autoridades ecuatorianas, no había delito que perseguir y por ello se permitió la salida discreta de Lucía Andrea Morett Álvarez hacia Nicaragua. El problema radica en la discrecionalidad en la administración de justicia en suelo mexicano, donde todo tipo de arbitrariedad o aberración jurídica puede darse. Por ello, hizo bien esta víctima del ataque militar colombiano-estadunidense en obtener refugio en tierra de Sandino. A las constantes violaciones a los derechos humanos en México, primer lugar en violencia, corrupción e impunidad, según estudio de la ONU –y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo–, se agrega ahora el exilio forzado de personas que no pueden entrar en territorio nacional porque el gobierno de facto de Felipe Calderón, en lugar de exigir castigo para los homicidas de los estudiantes y dar todas las garantías a la sobreviviente del bombardeo, recibe al jefe de los asesinos en ominosa complicidad y le permite declaraciones injuriosas para muchos mexicanos (no para la ultraderecha, que le aplaudió frenéticamente). El fascismo, expresión plena del terrorismo de Estado, no pasará.

Con información de Rebelion

Actuación de la CIA en latinoamerica. (Documental)

"América Latina continúa atravesada por heridas que no cierran, como el genocidio de la conquista, la colonización y la recolonización posterior. Sólo en el siglo XX las intervenciones y las dictaduras sembradas a lo largo del continente por Estados Unidos dejaron millones de víctimas, con las secuelas del proceso de dominación, expoliación y exterminio, que hasta hoy perduran. Casi un millón de muertos por la acción represiva de las dictaduras, a lo que se suman otros millones por los crímenes de la miseria como son las hambrunas o las enfermedades curables, y la violencia de la desigualdad y la injusticia son algunas de las consecuencias. Ahora en los nuevos planes de recolonización, que pueden reconocerse en los trazados del Consenso de Washington en los años 90 y el proyecto del Area para el Libre Comercio de las Américas, que intentan imponernos, por una parte y por la otra el geoestratégico esquema militar, político y económico del Plan Colombia de los años 2000-sólo para nombrar los más conocidos por nuestros pueblos- podemos advertir lo que se nos prepara para el siglo XXI. En este contexto la tarea de los organismos de Derechos Humanos se diversifica y se multiplican los esfuerzos por la recuperación de la memoria y la verdad histórica."

http://video.google.com/videoplay?docid=-7226480682195993164&hl=es

Martín Esparza Secretario General del SME La Marcha 1 Mayo

Discurso del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electrisistas en el Zócalo Capitalino en el desfile de sindicatos independientes del país. Hace el llamado a defender el Petróleo y la industría eléctrica.

http://www.youtube.com/watch?v=7JjdPbnJxPE

Visita Radio AMLO

Adelitas en Acción

Toma del Senado escena donde las PFPas quieren amedrentar a las Adelitas quienes realizan Resistencia Civil Pacifica y logran impedir el Acceso de las PFPas.

por AMLO TV

Radio AMLO

Mandan video ¿Quién se lleva lo nuestro? (El petróleo Mexicano)

Hola compañeros:


Les envío el link del video de la mesa de debate sobre el petróleo mexicano llevada a cabo el pasado 18 de Abril de 2008 en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Participantes:
Ing. Francisco Garaicochea Petrirena
Dr. Víctor Rodríguez Padilla

Moderador:
Humberto Arce Rincón



http://video.google.es/videoplay?docid=4814473259380083870

Libre Flavio Sosa

Después de casi un año y medio de prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) recupera su libertad por desvanecimiento de pruebas / “Tengo que seguir caminando al lado del Pueblo... Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca”, afirma

Flacio Sosa se trasladó a su domicilio particular en San Bartolo Coyotepec, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO. (Cuartoscuro)

DE LA REDACCION, 19 de abril (LA JORNADA/UNIVERSAL).- Después de casi un año y medio de prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, recuperó su libertad, luego de que jueces del fuero común consideraran que el gobierno de Ulises Ruiz no aportó pruebas suficientes para que se le procesara como presunto responsable de los delitos de robo con violencia y daños; secuestro, robo, lesiones y despojo agravado.
El dirigente de la APPO, quien abandonó al filo de las cuatro de la tarde el reclusorio regional que se localiza en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, a 104 kilómetros de la capital de Oaxaca, dijo en entrevista vía telefónica que “el objetivo es la transformación democrática de Oaxaca, la renovación en el andamiaje del entramado jurídico del estado que es obsoleto. No se trata de una lucha de carácter personal contra el señor (Ruiz), sino de emprender la transformación democrática del estado y sus instituciones”.
Por su parte, el abogado López Jiménez informó que su cliente obtuvo su libertad sin reserva de ley y no pagó fianza, pues se determinó el desvanecimiento de datos. “Es decir, no hubo elementos para considerarlo responsable de los delitos imputados”.
Visiblemente más delgado, el activista fue recibido en el acceso principal del penal por sus hijos Karina, Frida y Bolívar Sosa Castañeda, así como por el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ezequiel Rosales Carreño, integrantes de la APPO y su abogador defensor Gilberto López Jiménez.
Sosa Villavicencio dijo que el Partido Acción Nacional se confabuló con el Revolucionario Institucional en 2006 para golpear al movimiento magisterial y popular, el cual demandaba la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a cambio de respaldar el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia.
“Con una política terrorista atentaron en contra del pueblo oaxaqueño. Ahí están el gran número de detenidos, torturados, desaparecidos y muertos”, señaló.
Aunque observó que los gobiernos espurio y estatal se ensañaron con él y su familia, porque también fueron detenidos sus hermanos Horacio y Erick, e internados en penales federales, además de ser perseguidas otros familiares, entre ellos sus hijas. “Con nosotros, hicieron algo terrible, atroz”, asentó.
Dijo que se reincorporará a la lucha del movimiento magisterial y popular y, en consecuencia, participará en las próximas protestas programadas por la APPO y la Sección 22 del SNTE.
“Tengo que seguir caminando al lado del pueblo”, remarcó.
“Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca porque por el pueblo estoy libre”, afirmó.
Responsabilizó a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su seguridad personal por una eventual agresión.
Sosa Villavicencio se trasladó a su domicilio particular situado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO.
El consejero estatal detenido el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, junto con su hermano Horacio y los también activistas Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado.
Un día después fue remitido junto con su hermano al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser sometido a proceso en siete causas penales por jueces de Oaxaca.
El 16 de agosto de 2007 fue traslado al reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán ante un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal.
Durante su reclusión, la justicia federal le concedió tres amparos contra los autos de formal prisión dictados por jueces locales en igual número de expedientes y quedó en libertad absoluta.
El abogado López Jiménez dijo que su defendido salió libre por “la fuerza del pueblo oaxaqueño” y por los incidentes de desvanecimiento de datos promovidos ante los jueces locales en las causas penales 70/2006, 71/2006 y 136/2006 por los delitos de robo con violencia y daños en perjuicio de Caminos y Aeropistas de Oaxaca; por secuestro, robo y lesiones de dos agentes de la Policía Ministerial del Estado y por el delito de despojo agravado en perjuicio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
“Eran acusaciones insostenibles e inverosímiles y los jueces resolvieron dejaron en libertad porque ya no se podía mantenerlo por más tiempo en la cárcel”, señaló.
En los tres procesos penales, “las acusaciones no estaban bien sustentadas y no habían ningún señalamiento para hacerlo responsable de alguno de los delitos imputados, agregó.
Luego de salir de prisión, Sosa Villavicencio dijo en entrevista telefónica que una de las primeras acciones que emprenderá, junto con varios compañeros, “la reconstrucción de la APPO y su transformación política”. Entrevistado vía telefónica, señaló que el movimiento social de esa entidad “no está muerto” y que se sumará a la lucha por la soberanía petrolera y la defensa de los energéticos.
“En Oaxaca lo que se requiere es democracia, justicia y libertad, por ello, tenemos que analizar cuáles son las condiciones actuales en la entidad.
Ahora vemos una simetría en el conflicto, por un lado existen denuncias directas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ulises Ruiz, se empieza a plantear la posibilidad de denuncias ante el Ministerio Público y la de un juicio político en la Cámara de Diputados”, aseguró.
Describió su estancia en prisión, primero en el penal de máxima seguridad El Altiplano, donde estuvo recluido varios meses antes de ser trasladado a un reclusorio de Oaxaca como “una cárcel brutal, en la que no se respeta la dignidad de las personas.
Se desnuda a los presos al menos una vez al día al entrar y salir de la celda, te revisan los testículos, el pene, la boca, la lengua, todo”.

Con Informacion de Por Esto

Cinito del Sabado en Radio AMLO TV

Hoy a las diez de la noche hora del Centro del País

Documental: "Algunas verdades sobre el petróleo" (producido por "La verdad sea dicha y el Fisgón")

Recuerda:
www.radioamlo.tv

http://radioamlotv.blogspot.com/

Jaime Avilés comenta de las Brigadas

TODOS AL ZOCALO ESTE DOMINGO

Lucia Morett (video)

Entrevista a Lucia Morett quien convalece en el segundo piso del hospital de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en Quito la capital de Ecuador, donde narra los acontecimientos que ocurrieron aquella noche en que fueron atacados por el gobierno de Colombia en territorio Ecuatoriano, donde fueron asesinados sus compañeros de la Universidad.

La PGR "Tapa" el Lodazal de Martha Sahagún y "Vamos México"

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó el “no ejercicio de la acción penal” por supuestos actos fraudulentos vinculados con las rifas organizadas por la presidenta de Vamos México, Marta Sahagún de Fox, entre ellas El Gran Sorteo de Todos, sin indagar exhaustivamente si esa fundación cumplió con los ordenamientos en la materia de la Secretaría de Gobernación (SG).

En la averiguación previa 2347/DDF/2004, cuya copia tiene La Jornada, la PGR no incluye documentos oficiales donde se pruebe que, como ordenan los permisos otorgados a Vamos México, los premios fueran entregados a las personas ganadoras o bien, en caso de no haber sido reclamados en 30 días naturales, se pusieran a disposición de la SG.

Aún más: pese a que la indagatoria consistía en conocer de un supuesto fraude con los boletos de la rifa El Gran Sorteo de Todos y del presunto desvío de recursos del fideicomiso Transforma México –constituido por la entonces directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, hermana de María Elena, fundadora de Vamos México junto con Sahagún y otros–, ningún documento relativo a esos hechos se incluyó en la averiguación.

Esa rifa de lotería instantánea, tipo “raspadito”, involucraba premios por un valor total de 11 millones de pesos en la primera emisión, de 2 millones 372 mil pesos en la segunda y 9 millones 106 mil en la tercera. Para su realización la fundación obtuvo en 2002 el permiso S.0737-2002, se consigna en documentos de la SG obtenidos por este diario.

Los “autos”

Con ese permiso se rifaron 13 automóviles Chevrolet, tipo Chevy Pop E; 10 camionetas Ford, Explorer Sport, motor V6, 206 HP, transmisión automática, modelo 2003; 100 depósitos en cuenta por mil pesos; 750 depósitos en cuenta por 500 pesos; 10 mil depósitos en cuenta por 250 pesos, y 39 mil 140 depósitos en cuenta por 100 pesos. El resto de los premios consistieron en 24 mil 602 Pepsi-cubiertos, y siete mil líquidos de productos Pepsico.

Hay que destacar que un informe relativo a ese sorteo fue solicitado hace unos días a Vamos México por la comisión legislativa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox, con la finalidad de poder determinar si hubo malversación de fondos.

La PGR tampoco incluyó en su investigación los documentos del sorteo tipo instantáneo, “raspadito”, denominado Por un fin común…tú, con permiso S-01085-2004 de la SG, organizado por Vamos México y Estrella Blanca, con premios valuados en 6 millones 483 mil 502.81 pesos.

De acuerdo con la lista que describe los premios, se rifaron mil 215 plumas Mont Blanc, modelos diversos con un valor que va de 3 mil 937.50 pesos cada una (modelo PF Nob. Laca, plaq/Oro-M) a mil 680 (estuche clásico negro).

Otros premios: tres automóviles Ford, tipo KA; 10 motocicletas Harley Davidson, Sportster Cast Gunmetal; una motoneta modelo MT-125-5ª, con freno delantero de disco, y un scooter eléctrico modelo ES-010, con motor de 350 vatios.

La investigación se efectuó en junio de 2004, a petición de la directora de esa fundación, Verónica Ortiz de Elizondo, esposa del entonces secretario de Energía, Fernando Elizondo.

En una misiva dirigida al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, de 16 de junio de 2004, Ortiz de Elizondo pedía iniciar la averiguación referida a partir de su “preocupación por la información periodística publicada con acusaciones hacia Vamos México”.

En Excélsior se denunciaba un supuesto “megafraude” con el manejo de los boletos de El Gran Sorteo de Todos, en el norte y centro del país. En la sección nacional del periódico La Crónica, que en el acta se registró como el periódico El Nacional –liquidado en 1997– se informaba de un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un análisis contable del presupuesto de la Lotería Naconal por un supuesto desvío de recursos del fideicomiso Transforma México (que posteriormente confirmó la ASF por un total de 71 millones de pesos a diversas asociaciones privadas, entre ellas Provida).

Ortiz Elizondo ratificó su denuncia contra “quien resulte responsable” por los delitos de fraude, difamación, falsificación de documentos y lo que resulte.

En la averiguación sólo se incluyeron copias de tres sorteos autorizados por Gobernación a Vamos México, pero no los arriba descritos.

Los documentos que sí se incluyeron son: permiso S-1249-2002, para emitir 4 millones de boletos de 2 pesos cada uno; los objetos sorteados tenían un valor de 4.9 millones de pesos, entre ellos 15 pantallas de 50 pulgadas, 10 televisores de 27 pulgadas, 10 mil 500 balones de volibol y futbol americano, 8 mil 554 viseras, sombreros y gorras, 321 discman y 321 relojes. Los premios no cobrados caducaban en 30 días naturales a partir de la rifa.

Permiso S-0658-2002, para la rifa de 2 millones de boletos con un valor de 2 pesos para sortear 12 autos con un valor de 990 mil pesos.

En 2003 se dio el permiso S-1078-2003 para, de octubre de ese año a abril de 2004, efectuar un sorteo instantáneo con un total de 11 millones de boletos, cada uno con valor de un peso. En este sorteo se incluyeron premios valuados en 5.9 millones de pesos.

Según los permisos, Vamos México tendría que haber acreditado a la SG, una vez corrido el plazo de 15 días naturales para finiquitar las autorizaciones, la entrega a esa dependencia de los premios que no fueron reclamados y los derivados de los boletos no distribuidos, además de exhibir el total de boletos con premios menores que no hubieran sido entregados ante el inspector de la dependencia.

En la averiguación previa no existe ningún reporte de la SG que consigne que los premios no reclamados se entregaran a Gobernación, la que a su vez podría autorizar su depósito en la Tesorería de la Federación. Se desconoce si así ocurrió.

En realidad la investigación de la PGR consistió en enviar exhortos a sus delegaciones de Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí, para confirmar –si como decía la nota periodística de Excélsior– se estaban vendiendo boletos de rifas ya extemporáneas o falsificados. Las delegaciones respondieron que, tras hacer una revisión por año, no se encontró ninguna denuncia por esos motivos ni sobre la existencia de “corredores fantasma” (supuestos distribuidores).

Como parte de la averiguación, la PGR ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una revisión de los dictámenes fiscales que vía electrónica recibió de Vamos México, de 2001 a 2003, de los cuales se desprendió que “cumple con las obligaciones que se encuentran reguladas en el Código Fiscal de la Federación”.

Según lo reportado por Vamos México, en 2001 obtuvo ingresos por 76 millones 129 mil 552 pesos, de los cuales 71 millones 990 mil pesos correspondieron a donativos.

En 2002 sus ingresos ascendieron a 85 millones 252 mil 591 pesos; de éstos, 81 millones 266 mil 839 fueron donativos (2.7 millones en especie) y tres millones 312 mil 800 pesos correspondieron a juegos y sorteos.

En 2003 manifestó 142 millones 67 mil 261 pesos de ingresos por donativos, de los cuales 12 millones correspondieron a sorteos. Sólo en ese año reportó haber pagado un millón 807 mil 568 pesos de “impuestos por sorteos”.

En sus informes, Vamos México incluyó en 2002 valores en almacén por un total de 10 millones 221 mil 492 pesos en artículos diversos (deportivos, electrónicos, plumas, computadoras, automóviles y otros), y en 2003, 11 millones 325 mil 531 pesos.

En su informe refirió que “algunos” de los bienes los daría “en donativos y otros (serían) para entregarlos como premios en distintos sorteos”.

Con información de Blogotitlán

Antes del Tesoro Petrolero, FeCamilo Quieren al PRD

El caso de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño es patético, pues en su torpe empeño por defenderse ante las evidencias de los actos de corrupción que están cometiendo en la industria petrolera, buscan ahora apoderarse de la dirección nacional del PRD e imponer a un secuaz suyo.

1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para: a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.

2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.

3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en la Plaza de la Constitución en el 70 aniversario de la expropiación, puntualizando la importancia estratégica que tiene para México mantener la industria petrolera en manos del Estado para poder ser un país libre y soberano, alertando sobre la privatización disfrazada que planean el PAN y el PRI al pretender modificar la legislación secundaria para "legalizar" los contratos de servicios múltiples y la asociación con consorcios trasnacionales, y la posibilidad de un albazo legislativo en ese sentido, y anunciando un plan nacional de movilización civil pacífica, exacerbó el nerviosismo de los ultraderechistas que pretenden gobernar y las contradicciones en el interior del PRI.

4. El PAN nació en 1939, financiado por las compañías petroleras expropiadas, y con un objetivo central que era echar abajo las reformas cardenistas, lo que ahora les da una coartada a los panistas, pero el PRI defendió en el pasado los principios del artículo 27 constitucional, y un director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, como recordó López Obrador, se opuso con tenacidad a los "contratos riesgo" que comprometen el destino del país, y que hoy defiende su hijo al frente de Pemex.

5. Mouriño y Calderón sufrieron en menos de una semana dos derrotas que agravaron su situación de debilidad y comprometieron aún más su proyecto privatizador. La primera fue la derrota del PP español en las elecciones del día 9 que impidieron a los neofranquistas Aznar y Rajoy –mentores, socios y protectores de los panistas– regresar al gobierno desde donde hubieran sido un apoyo invaluable para éstos, y aunque Zapatero y el PSOE impulsan también la voracidad de las trasnacionales hispanas en América Latina, y en particular de la Repsol, uno de los 10 mayores consorcios petroleros del mundo, la situación no es la misma. Y la segunda fue la victoria de Alejandro Encinas en las elecciones internas del PRD derrotando el domingo 16 a Jesús Ortega, candidato de Calderón.

6. La torpe reacción de Mouriño y Calderón, que en evidente colusión con el equipo de Ortega, han lanzado una grosera campaña mediática para calificar como fraudulentas las elecciones perredistas y descalificar la victoria de Encinas, pretendiendo además con golpes fraudulentos de mano revertir los resultados para poder anularlos con la intervención del tribunal electoral, no revela más que la desesperación de estos pillos que se adueñaron del poder por un fraude, y que al fracasar este otro fraude que instrumentaron para el domingo 16 en alianza con el equipo orteguista insisten con todo el peso del Estado en imponerle una dirección al PRD con el fin de paraestatalizarlo, marginar a López Obrador y facilitar la privatización.

7. La mentira mayor de los medios en este aspecto es que no se trataba de elecciones internas entre dos candidatos internos –Encinas y Ortega–, sino de elecciones cruciales para el gobierno calderonista en las que uno de los dos candidatos –Jesús Ortega– era el candidato de Calderón por lo que el gobierno calderonista y sus dependencias –desde Sedesol hasta los gobernadores afines—, así como los medios, intervinieron para ayudarlo por la vía ilegal, como ahora quieren seguir haciéndolo.

8. El obstáculo mayor que encuentra el gobierno espurio para privatizar el petróleo mexicano no está, sin embargo, en un partido –el PRD– ni en el Frente Amplio Progresista, y ni siquiera en las fuerzas sociales aglutinadas en la convención nacional democrática, sino en las grandes mayorías del pueblo mexicano, que están oponiéndose a esa privatización y a los actos de corrupción de Calderón y Mouriño y de todos sus secuaces: César Nava, Alfredo Elías Ayub, Dionisio Pérez Jácome, Diego Zavala y toda la red delincuencial que tienen en el interior de Pemex.

9. Calderón y Mouriño, que usufructúan de manera ilegal el poder, no hallan cómo resolver su situación y distraer del debate sobre sus actos de corrupción que frena su proyecto, pues para mantenerse en el cargo buscan ahora apoderarse del PRD y poner en su dirección a Ortega, o, se dice, a un cardenista, dada la convergencia de los planteamientos en materia petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Calderón.

10. La entrega del petróleo mexicano al capital extranjero, sin embargo, no va a pasar: no sólo porque es contraria a la razón y a la ley, así como a la historia de luchas del pueblo mexicano, sino porque amplios sectores de mexicanos están decididos a impedirla.

Con información de Blogotitlán

Mapa de las Operaciones Secretas de Mouriño

Mouriño, negocios al amparo del poder

De los 10 contratos y convenios, más cuatro modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, seis fueron formalizados por el secretario de Gobernación –y avalados por el jurídico de Pemex, a cargo de César Nava Vázquez–, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses. Uno de los contratos, que firmó como funcionario federal, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, permanecen cerradas y sin acceso a la opinión pública

Ana Lilia Pérez

Convenios, contratos y extensiones de TEISA en Refinación GTT-0142-01/1988 GTT-0142-01/2000 GTT-0142-02/2000 GTT-0142-03/2000 GTT-0142-01/2001 GTT-0142-02/2001 GTT-0142-01/2002 GTT-00142-01/2003 GTT-00142-01-2PP/2003 GTT-0142-01/2004 GTT-00142-01-M/2004 GTT-00142-01/2005 GTT-00142-CM/2005-2008 GTT-00142-CM-M/2005-2008

Diagrama de operaciones, alianzas y empresas

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Entre 1998 y enero de 2008, la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, suscribió 10 contratos y convenios y cuatro modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. Seis de ellos los firmó cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener) y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa.
La firma de los contratos supone conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de servidores públicos, tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, de acuerdo con juristas. Los especialistas evalúan que, aunque el último contrato que firmó Mouriño data de hace cuatro años, por tratarse de un acto continuo, es decir, que la dependencia y los funcionarios que asignaron los contratos y convenios fueron los mismos y que todos fueron adjudicaciones directas, los supuestos ilícitos en que habría incurrido aún no han prescrito.

Firmado por Mouriño convenio GTT-0142-01/2001 Monto: 6 millones 856 mil 722.82 pesos Firmado: 20 de diciembre de 2000 Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001

Firmado por Mouriño convenio GTT-0142-02/2001 Monto: 2 millones 100 mil pesos Firmado: 28 de agosto de 2001 Vigencia: de agosto al 31 de diciembre Funcionario: Patricia Arciniega Luna, encargada del despacho de la Unidad Jurídica de Pemex

Firmado por Mouriño convenio GTT-0142-01/2002 Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía Monto: 7 millones 859 mil 627 pesos Firmado: 20 de diciembre de 2001 Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002

Firmado por Mouriño convenio: GTT-00142-01/2003 Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía Monto: 8 millones 300 mil pesos Firmado: 20 de diciembre de 2002 Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003

Firmado por Mouriño convenio GTT-00142-01-2PP/2003 Objeto: Otorgar a Ivancar el transporte de hidrocarburos en las nuevas rutas; Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Madero-San Luis Potosí, Gómez Palacio-Parral Cargo: Candidato a presidente municipal de Campeche Firmado: 1 de septiembre de 2003

Firmado por el apoderado legal Luis Fernando Coyoc convenio: GTT-00142-01/2004 Cargo: Director de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener Monto: 8 millones 300 mil pesos Firmado: 29 de diciembre de 2003 Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 Funcionarios que firman: Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre; José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de convenios y contratos

Un análisis realizado por auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para Contralínea, destaca irregularidades de la compañía aun en los contratos que no fueron suscritos de manera directa por Mouriño Terrazo. Explica que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Ivancar habría incurrido en anomalías, pues el parentesco de sus actuales directivos con el hoy secretario de Gobernación era motivo suficiente para que Pemex se abstuviera de su contratación.
La misma ley prohíbe adjudicaciones en condiciones de parentesco directo de la compañía con funcionarios de cualquier dependencia, y todas las asignaciones de Ivancar están en este esquema. Además, las contrataciones superaron el tope presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las adjudicaciones directas.
Por cada contrato, convenio y las modificaciones a éstos de Ivancar con Pemex, a partir de que Mouriño ingresó como funcionario público, éste debió presentar a su superior inmediato, es decir a Felipe Calderón, una declaración de intereses en conflicto o en su caso una declaración espontánea de incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Calderón, a su vez, dar vista a la SFP, la cual no recibió ninguna notificación al respecto.
La responsabilidad por estas supuestas irregularidades alcanzaría a los abogados adscritos a la Oficina del Abogado General de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón, a su sucesor José Néstor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes habrían incurrido en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o servicios.
En sus declaraciones patrimoniales ante la SFP, Mouriño omitió los ingresos que obtuvo por estas transacciones comerciales con Pemex. En su primera declaración, hecha en 2003, cuando firmó el más reciente convenio de Ivancar, declaró que tenía ingresos mensuales netos por 5 mil pesos por actividades financieras (las cuales no especificó); que recibía 100 mil pesos al mes por actividades que no aclaró; así como ingresos que superaban el sueldo que percibía como funcionario de la Sener, por 86 mil 75 pesos.
“Se trata de negocios al amparo del poder que desde ese tiempo ha realizado Juan Camilo Mouriño”, considera el coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), que aglutina a legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), indica que el caso Mouriño “es una continuidad de la forma en que operó el gobierno de Vicente Fox, porque es el mismo giro que operaban los (hermanos) Bribiesca, y es también el apoyo que por debajo del agua le dio Fox a Calderón; por eso el PAN se niega a que se finquen responsabilidades”.
Explica que “los contratos y convenios son contundentes para demostrar que el panismo ha tomado a Pemex como su caja chica, como antes hizo el PRI con la Lotería Nacional”. Reflexiona que “éste es el concepto que tienen quienes ahora buscan la reforma energética: el de una empresa que no debe ser de la nación, sino un área de negocios por ellos controlada”.

Funcionario y contratista
Luego de que Contralínea dio a conocer que como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y como funcionario de la Sener, Juan Camilo Mouriño firmó con Pemex contratos, convenios y modificaciones para la empresa TEISA de la cual es accionista; y luego de que Andrés Manuel López Obrador lo acusara públicamente de traficante de influencias, Mouriño reconoció haber suscrito dichos documentos, uno de ellos cuando ya era subordinado de Calderón Hinojosa.
El 5 de diciembre de 2003, Mouriño Terrazo, a la sazón director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, señaló en su primera declaración patrimonial que ingresó a la dependencia –entonces a cargo de Calderón– el 16 de octubre de ese año.
Dio como domicilio el piso 16 de Insurgentes Sur 890, colonia Del Valle, del Distrito Federal, es decir, la sede de la Sener; con su correo electrónico jcamilmt@energia.gob.mx y con número telefónico 50-00-60-87.
Mouriño firmó como representante y apoderado legal de TEISA el convenio GTT-00142-01/2004, para la prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados de petróleo, por 8 millones 300 mil pesos –que según los juristas implicaría responsabilidad penal–. El convenio le fue entregado en la gestión de Juan Bueno Torio –entonces director de Pemex Refinación– por adjudicación directa, y sin que la empresa demostrara su capacidad técnica ni económica.
En su dualidad como funcionario y contratista del gobierno federal, ante la SFP señalaba como su domicilio la sede de la Sener, mientras que en los documentos mercantiles con Pemex, el de la oficina de la transportista, en avenida Ruiz Cortines 112, torre B, tercer nivel, edificio Torres de Cristal, Colonia San Román, Campeche, Campeche.
Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el pasado 7 de marzo, Mouriño aseguró que aún cuando como funcionario de la Sener firmó uno de los convenios de Ivancar con Pemex, ya no tenía relación con la transportista, pero dicho documento –GTT-00142-01/2004– asienta que Mouriño ofreció como fundamento legal una escritura pública de 1998 en la que él aparece con el 10 por ciento de las acciones.
Acciones en duda
Como lo reveló Contralínea en su edición del pasado 15 de febrero, a seis años de que los padres del hoy secretario de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo Blanco, se convirtieran en accionistas de TEISA (junto con otros seis socios), el 13 de agosto de 1991 incluyeron a sus tres hijos: Carlos, María de los Ángeles y Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Así, el 25 de febrero de 1997 los cinco accionistas de TEISA crearon el Grupo Energético del Sur (GES), cuyo objeto social, según su acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades”. La primera empresa del corporativo fue precisamente TEISA; luego, en menos de 10 años se harían de otras 47 compañías.
En sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la SFP a partir de 2003, Mouriño asegura que de 1993 a 1994 ocupó el cargo de gerente administrativo de GES y de director de finanzas de 1995 a 1997, cuando fue electo diputado del Congreso de Campeche. Sin embargo, el acta constitutiva indica que GES se creó en 1997.
Entre el 24 de mayo de 1995 y el 28 de abril de 2004, Mouriño Terrazo se desempeñó como apoderado legal de Ivancar. Pero aunque el 26 de enero de 2005, Luis Fernando Coyoc lo sustituyó como representante de la compañía, hasta ahora la compañía no ha presentado ante Pemex el acta modificatoria que indique que el hoy secretario de Gobernación ya no es accionista.
El único movimiento registrado por la contratista ante Pemex fue un acta del 27 de mayo de 1999, en la cual los accionistas de Ivancar, Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles Mouriño Terrazo trasladaron sus acciones de TEISA al corporativo GES. De hecho, la documentación fiscal para el cobro a Pemex son facturas que incluyen tanto a GES como a Ivancar.
La documentación contable expedida a favor de GES –registrada en la escritura pública número 19, del 25 de febrero de 1997, ante el notario público 47 de Campeche, Fernando de Trueba Browm– indica que los accionistas son Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Carlos Mouriño Terrazo, Juan Camilo Mouriño Terrazo y María de los Ángeles Mouriño Terrazo.

Los contratos de Ivancar
Aunque desde hace más de una década TEISA presta servicios a Pemex, no está registrada –como marca la ley– en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal, el cual administra la SFP a través del sistema Compranet. Inexplicablemente, el portal de compras del gobierno federal no da cuenta de los contratos ni de los montos otorgados a Ivancar.
En octubre de 1997, Juan Camilo Mouriño fue electo como diputado del Congreso de Campeche por el PAN. Tres meses después, Ivancar recibió de Pemex Refinación un convenio para transporte de hidrocarburos, vigente del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1998, por asignación directa del entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willars Andrade y del subdirector comercial Emilio Aguado Calvet.
Willars, amigo del entonces presidente Ernesto Zedillo, está prófugo de la justicia desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por un supuesto fraude de 140 millones de dólares en agravio de Pemex Petroquímica, que involucra también a las empresas Proesa y Oximex, ambas de Alfredo Miguel, también fugitivo.
El 15 de diciembre de 1999, el diputado Juan Camilo ayudó a su padre a coordinar la campaña de Vicente Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Fue entonces cuando Pemex Refinación adjudicó a Ivancar el convenio GTT-0142-01/2000 por 3 millones 701 mil pesos, vigente durante 2000. El documento, de seis fojas, fue firmado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, encargada del despacho de la Gerencia de Transporte Terrestre y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex –quien ayudara a Jaime Mario Willars a fraguar el supuesto fraude en agravio de la paraestatal– y por Manuel Carlos Mouriño Atanes.

Legislador y contratista

Si bien desde hacía algunos años Ivancar era prestadora de servicios de Pemex, fue precisamente a partir de que Juan Camilo Mouriño, el 9 de septiembre de 2000, se convirtió en presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando operó como contratista de la paraestatal. Y fue entonces también cuando los convenios de Ivancar que él firmaba se duplicaron y triplicaron. Después vino un contrato transexenal.
Así, el 14 de noviembre de 2000, Ivancar recibió los convenios GTT-0142-02/2000, por 630 mil 351.16 pesos, para el periodo del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2000, y el 4 de diciembre, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, para el periodo del 4 al 31 de diciembre del mismo año, ambos por asignación directa.
El primer convenio que de manera directa firmó Juan Camilo Mouriño para Ivancar fue el GTT-0142-01/2001, el 20 de diciembre de 2000. El monto se duplicó en 6 millones 856 mil 722.82 pesos, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
El 28 de agosto de 2001, Mouriño firmó el convenio GTT-0142-02/2001, por 2 millones 100 mil pesos para el periodo de agosto a diciembre.
Cuatro meses después, el 20 de diciembre de 2001, Juan Camilo firmó el convenio GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El 20 de diciembre de 2002, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2003, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Dos meses antes de que este convenio concluyera, Pemex Refinación otorgó a Ivancar la operación de nuevas rutas de transporte de hidrocarburos: Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Madero-San Luis Potosí, Gómez Palacio-Parral, dentro del proyecto piloto que impulsó Juan Bueno Torio, y que fue calificado como irregular por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Contralínea 97) y denunciado ante la SFP y la Procuraduría General de la República por diputados de oposición. El 1 de septiembre Juan Camilo Mouriño firmó el convenio modificatorio número GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre de 2003, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2004, por el que, según juristas consultados, habría incurrido en delitos penales, merced a que ya era director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener.

Beneficios transexenales

El 1 de octubre de 2004 se autorizó a Ivancar un monto adicional de 1 millón 660 mil pesos por el último convenio que firmara Mouriño, formalizado en el documento GTT-00142-01-M/2004, suscrito por Luis Fernando Coyoc como apoderado de la transportista. En diciembre de ese año se le asignó el convenio GTT-00142-01/2005 por 9 millones 530 mil pesos, para el periodo de enero a diciembre de 2005.
A la salida de Juan Camilo Mouriño de la Sener para incorporarse a la campaña de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, Ivancar recibió de Pemex un contrato transexenal, actualmente en vigor.
El 26 de enero de 2005, el Consejo de Administración de Pemex Refinación, presidido por Juan Bueno Torio, acordó asignar contratos multianuales a transportistas miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
El oficio DG 69/2005, remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, contiene el listado de transportistas a los que les darían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, y cuyo monto fue de 10 mil 114 millones de pesos.
La lista de los beneficiados fue remitida por la Canacar a Pedro Carlos Gómez Flores, exfuncionario de Pemex, quien actualmente enfrenta denuncias penales y administrativas por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos para transportación de hidrocarburos vía marítima y terrestre.
Resultaron beneficiadas Ivancar y las empresas de la familia de Juan Bueno Torio: Autotanques de México; Fletera Continental de Líquidos (propiedad de Luis Ortiz Ríos, hermano de Juan José, cuñado de Juan Bueno); Transportadora y Distribuidora Isabel (propiedad de Emilio Bueno Lázaro), y Autotransportes Flensa, de la que Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox, es accionista.
El 1 de junio de 2005, cuando Mouriño se desempeñaba como vicecoordinador de campaña de Felipe Calderón, Ivancar obtuvo, por primera vez, un contrato transexenal GTT-00142-CM/2205-2208 por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, firmado por José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Convenios y Contratos, y sellado con el nombre de Silvia Oropeza Querejeta, subgerente Jurídico de Contratos. Éste ha presentado irregularidades fiscales como duplicación del monto autorizado como tope presupuestal.
A unos días de que Felipe Calderón nombrara a Mouriño Terrazo como secretario de Gobernación, Pemex Refinación otorgó un incremento a Ivancar de 7 millones 929 mil 295 pesos por dicho contrato transexenal, avalado por Silvia Oropeza Querejeta, gerente Jurídico de Convenios y Contratos, según el convenio modificatorio GTT-00142-CM-M/2005-2008 que se especifica en un legajo de tres fojas, firmado el 7 de enero de 2008 por Oswaldo Machado Martínez, apoderado de la subsidiaria, y Luis Fernando Coyoc Ramírez, por la transportista.
Para justificar el incremento presupuestal dijeron que “durante 2006, en atención a los requerimientos operativos derivados principalmente de la problemática presentada en el transporte marítimo (malos tiempos y falta de capacidad instalada por declararse desiertas diversas licitaciones), aumentó significativamente la utilización de transporte terrestre”.

Declaración patrimonial

Con Información de Revista Contralinea

Mouriño puede ser inhabilitado hasta por 12 años

De encontrar culpable al secretario de Gobernación de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la SFP podría inhabilitarlo hasta por 12 años, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cinco juristas explican las consecuencias legales de los actos de Juan Camilo Mouriño

El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo podría ser procesado penal y administrativamente por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y uso indebido de atribuciones. El motivo: la firma de contratos a favor de la empresa Ivancar mientras se desempeñaba como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y, en otro momento, como diputado federal.
En caso de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo encontrara responsable de la comisión de esos ilícitos, podría ser inhabilitado del servicio público hasta por 12 años, indican juristas.
Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.
Aída Lazcano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derecho administrativo, dice que todo servidor público que incurra en tráfico de influencias “comete un delito grave, ya que está violando la ley más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Agrega que, sin importar el partido o la ideología del funcionario, si consumó un ilícito, debe ser juzgado.
La carta magna, en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, en su artículo 108 señala: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal […] así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Inhabilitación
Al referirse al caso de Juan Camilo Mouriño, Daniel Márquez Gómez –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– explica que éste incurre en conflicto de intereses: es el caso de un servidor público que, en el contexto de la investidura oficial, resuelve a su vez asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tiene algún vínculo familiar, de amistad, negocio o cualquier otra índole que puede, en alguna medida, viciar la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño, cargo o comisión.
Incluso, dice, “pudo darse el caso de que una persona considerara que, como la empresa Ivancar es del jefe de asesores del secretario del sector (entonces Felipe Calderón), se le debe de dar un favor especial para quedar bien con el superior”.
Márquez, doctor en derecho y especialista en derecho administrativo, considera que al signar los contratos Mouriño pudo caer en varios supuestos delictivos; entre éstos, el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el Código Penal Federal.
De acuerdo con el artículo 217 de dicho código, “comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.
La sanción establecida para este ilícito es “de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El jurista dice que para llegar a cumplirse la mencionada sanción se tendría que probar que los contratos que está suscribiendo Ivancar con Pemex son indebidos, es decir, que se generaron fuera del marco de la ley.
En el artículo 220 del mismo código –agrega– se tipifica el ejercicio abusivo de funciones, y en el 224 el enriquecimiento ilícito; ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto asignado en los contratos. Los de Ivancar superan los 100 millones de pesos.
Márquez explica que el sujeto activo de la conducta en este tipo de delitos penales recae, en la mayoría de los casos, en quien otorga el contrato, que corresponde al área de adquisiciones de la dependencia.
El investigador de la UNAM explica que en el derecho mexicano existe el “principio de tipicidad”: en materia penal, cuando se intenta imputar una conducta ilícita a una persona y se busca que sea objeto de una sanción penal, se tiene que acreditar que su conducta efectivamente viola la ley.
“Cuando una persona se conduce en su empleo, cargo o comisión desde la perspectiva de un posible conflicto de intereses está afectando dos principios claves: el de imparcialidad y el de legalidad; pero eso se tiene que probar, no basta lanzar acusaciones al aire, es necesario que se acredite con los medios de convicción apropiados que la persona efectivame