El Barzón

marzo 23, 2008

Antes del Tesoro Petrolero, FeCamilo Quieren al PRD

El caso de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño es patético, pues en su torpe empeño por defenderse ante las evidencias de los actos de corrupción que están cometiendo en la industria petrolera, buscan ahora apoderarse de la dirección nacional del PRD e imponer a un secuaz suyo.

1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para: a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.

2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.

3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en la Plaza de la Constitución en el 70 aniversario de la expropiación, puntualizando la importancia estratégica que tiene para México mantener la industria petrolera en manos del Estado para poder ser un país libre y soberano, alertando sobre la privatización disfrazada que planean el PAN y el PRI al pretender modificar la legislación secundaria para "legalizar" los contratos de servicios múltiples y la asociación con consorcios trasnacionales, y la posibilidad de un albazo legislativo en ese sentido, y anunciando un plan nacional de movilización civil pacífica, exacerbó el nerviosismo de los ultraderechistas que pretenden gobernar y las contradicciones en el interior del PRI.

4. El PAN nació en 1939, financiado por las compañías petroleras expropiadas, y con un objetivo central que era echar abajo las reformas cardenistas, lo que ahora les da una coartada a los panistas, pero el PRI defendió en el pasado los principios del artículo 27 constitucional, y un director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, como recordó López Obrador, se opuso con tenacidad a los "contratos riesgo" que comprometen el destino del país, y que hoy defiende su hijo al frente de Pemex.

5. Mouriño y Calderón sufrieron en menos de una semana dos derrotas que agravaron su situación de debilidad y comprometieron aún más su proyecto privatizador. La primera fue la derrota del PP español en las elecciones del día 9 que impidieron a los neofranquistas Aznar y Rajoy –mentores, socios y protectores de los panistas– regresar al gobierno desde donde hubieran sido un apoyo invaluable para éstos, y aunque Zapatero y el PSOE impulsan también la voracidad de las trasnacionales hispanas en América Latina, y en particular de la Repsol, uno de los 10 mayores consorcios petroleros del mundo, la situación no es la misma. Y la segunda fue la victoria de Alejandro Encinas en las elecciones internas del PRD derrotando el domingo 16 a Jesús Ortega, candidato de Calderón.

6. La torpe reacción de Mouriño y Calderón, que en evidente colusión con el equipo de Ortega, han lanzado una grosera campaña mediática para calificar como fraudulentas las elecciones perredistas y descalificar la victoria de Encinas, pretendiendo además con golpes fraudulentos de mano revertir los resultados para poder anularlos con la intervención del tribunal electoral, no revela más que la desesperación de estos pillos que se adueñaron del poder por un fraude, y que al fracasar este otro fraude que instrumentaron para el domingo 16 en alianza con el equipo orteguista insisten con todo el peso del Estado en imponerle una dirección al PRD con el fin de paraestatalizarlo, marginar a López Obrador y facilitar la privatización.

7. La mentira mayor de los medios en este aspecto es que no se trataba de elecciones internas entre dos candidatos internos –Encinas y Ortega–, sino de elecciones cruciales para el gobierno calderonista en las que uno de los dos candidatos –Jesús Ortega– era el candidato de Calderón por lo que el gobierno calderonista y sus dependencias –desde Sedesol hasta los gobernadores afines—, así como los medios, intervinieron para ayudarlo por la vía ilegal, como ahora quieren seguir haciéndolo.

8. El obstáculo mayor que encuentra el gobierno espurio para privatizar el petróleo mexicano no está, sin embargo, en un partido –el PRD– ni en el Frente Amplio Progresista, y ni siquiera en las fuerzas sociales aglutinadas en la convención nacional democrática, sino en las grandes mayorías del pueblo mexicano, que están oponiéndose a esa privatización y a los actos de corrupción de Calderón y Mouriño y de todos sus secuaces: César Nava, Alfredo Elías Ayub, Dionisio Pérez Jácome, Diego Zavala y toda la red delincuencial que tienen en el interior de Pemex.

9. Calderón y Mouriño, que usufructúan de manera ilegal el poder, no hallan cómo resolver su situación y distraer del debate sobre sus actos de corrupción que frena su proyecto, pues para mantenerse en el cargo buscan ahora apoderarse del PRD y poner en su dirección a Ortega, o, se dice, a un cardenista, dada la convergencia de los planteamientos en materia petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Calderón.

10. La entrega del petróleo mexicano al capital extranjero, sin embargo, no va a pasar: no sólo porque es contraria a la razón y a la ley, así como a la historia de luchas del pueblo mexicano, sino porque amplios sectores de mexicanos están decididos a impedirla.

Con información de Blogotitlán

marzo 17, 2008

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Mapa de las Operaciones Secretas de Mouriño

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Mouriño puede ser inhabilitado hasta por 12 años

De encontrar culpable al secretario de Gobernación de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la SFP podría inhabilitarlo hasta por 12 años, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cinco juristas explican las consecuencias legales de los actos de Juan Camilo Mouriño

El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo podría ser procesado penal y administrativamente por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y uso indebido de atribuciones. El motivo: la firma de contratos a favor de la empresa Ivancar mientras se desempeñaba como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y, en otro momento, como diputado federal.
En caso de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo encontrara responsable de la comisión de esos ilícitos, podría ser inhabilitado del servicio público hasta por 12 años, indican juristas.
Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.
Aída Lazcano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derecho administrativo, dice que todo servidor público que incurra en tráfico de influencias “comete un delito grave, ya que está violando la ley más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Agrega que, sin importar el partido o la ideología del funcionario, si consumó un ilícito, debe ser juzgado.
La carta magna, en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, en su artículo 108 señala: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal […] así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Inhabilitación
Al referirse al caso de Juan Camilo Mouriño, Daniel Márquez Gómez –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– explica que éste incurre en conflicto de intereses: es el caso de un servidor público que, en el contexto de la investidura oficial, resuelve a su vez asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tiene algún vínculo familiar, de amistad, negocio o cualquier otra índole que puede, en alguna medida, viciar la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño, cargo o comisión.
Incluso, dice, “pudo darse el caso de que una persona considerara que, como la empresa Ivancar es del jefe de asesores del secretario del sector (entonces Felipe Calderón), se le debe de dar un favor especial para quedar bien con el superior”.
Márquez, doctor en derecho y especialista en derecho administrativo, considera que al signar los contratos Mouriño pudo caer en varios supuestos delictivos; entre éstos, el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el Código Penal Federal.
De acuerdo con el artículo 217 de dicho código, “comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.
La sanción establecida para este ilícito es “de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El jurista dice que para llegar a cumplirse la mencionada sanción se tendría que probar que los contratos que está suscribiendo Ivancar con Pemex son indebidos, es decir, que se generaron fuera del marco de la ley.
En el artículo 220 del mismo código –agrega– se tipifica el ejercicio abusivo de funciones, y en el 224 el enriquecimiento ilícito; ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto asignado en los contratos. Los de Ivancar superan los 100 millones de pesos.
Márquez explica que el sujeto activo de la conducta en este tipo de delitos penales recae, en la mayoría de los casos, en quien otorga el contrato, que corresponde al área de adquisiciones de la dependencia.
El investigador de la UNAM explica que en el derecho mexicano existe el “principio de tipicidad”: en materia penal, cuando se intenta imputar una conducta ilícita a una persona y se busca que sea objeto de una sanción penal, se tiene que acreditar que su conducta efectivamente viola la ley.
“Cuando una persona se conduce en su empleo, cargo o comisión desde la perspectiva de un posible conflicto de intereses está afectando dos principios claves: el de imparcialidad y el de legalidad; pero eso se tiene que probar, no basta lanzar acusaciones al aire, es necesario que se acredite con los medios de convicción apropiados que la persona efectivamente violó la ley”, dice.
Agrega que, en materia penal, rige el principio de presunción de inocencia, lo que implica que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esto se traduce en la necesidad de que se acredite la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.
En tanto no se investigue, todo ilícito prescribe después de cinco años de su comisión, indica el jurista. El último convenio signado por el secretario de Gobernación está fechado el 29 de diciembre de 2003.
Declaración de Procedencia
Daniel Márquez dice que, de demostrarse que Mouriño incurrió en un ilícito, se recurriría a la declaración de procedencia, esto es que el ministerio público que hiciera la investigación y comprobara que hay una conducta que viola la ley, se manifestara por procesar penalmente al actual secretario de Gobernación. Entonces tendría que acudir ante la Cámara de Diputados para que ésta analizara la acusación y, si la estima fundada, emita la resolución que da lugar a proceder en contra del servidor público.
A partir de esta declaración, explica, separarían del cargo a Mouriño y quedaría bajo la jurisdicción del ministerio público federal y podría ser consignado ante el juez penal.
Pero, aun si el Congreso autoriza, el ministerio público podría ejercer sus facultades legales hasta que terminara su periodo como secretario, “si es que no le dan otro cargo que cuente con protección constitucional”.
Calderón decide
El jurista, cuya línea de investigación es el combate a la corrupción, explica que, en lo que respecta a la parte administrativa, la Secretaría Función Pública ya podría ejercer sus funciones, dado que se hizo una denuncia a través de los medios de información. La dependencia podría realizar una investigación de oficio para demostrar la culpabilidad o la inocencia del funcionario.
Toda vez que Mouriño es un servidor público nombrado por el presidente de la República, la SFP tendría que hacer del conocimiento el resultado de las indagatorias, para que el propio titular del poder Ejecutivo tome las medidas necesarias: si es inocente, declararlo; de lo contrario, se procedería a la inhabilitación. De esta forma, explica el jurista, tendría que contar con el aval de Felipe Calderón, quien tiene la facultad de nombramiento y remoción en términos del artículo 89 constitucional.

Adjudicación directa
Márquez considera que la adjudicación directa de los contratos y convenios a Ivancar “abre la presunción de comisión de un delito”; sin embargo, dice que aunque la regla en la administración pública al momento de contratar es la licitación, ésta se ha convertido en la excepción y la adjudicación directa e invitación restringida, la regla.
“Se debe analizar la justificación del Comité de Adquisiciones de la paraestatal que debe establecer un margen de certeza amplio acerca de si era prudente o no que se adjudicara este contrato de manera directa a cierta empresa.”
A decir del jurista, el problema en este caso sería la existencia de otras empresas en el mercado que realizaran las mismas actividades que Ivancar y que ofrecieran igual servicio a mejor precio.
Todas las responsabilidades son personales. Hay un principio que se denomina de imputación: es el que viola la ley al que se le debe de imponer las consecuencias desfavorables que están contenidas en la ley para cuando se realicen violaciones a la misma.
“Si estaban enterados de que la conducta era ilegal y no hicieron nada ante las autoridades pertinentes, se convierten en cómplices, por encubrimiento.”

Abstención
Francisco Venegas Trejo precisa que, como servidor público, Mouriño debió mantenerse al margen de las operaciones de negocios –aun siendo socio y con el derecho de serlo–, para evitar suspicacias.
En todo caso, dice el jurista, “Mouriño se debió eximir de firmar los contratos como apoderado legal de Ivancar y dejar que otro miembro de la asamblea general lo hiciera, para no figurar y ponerse en evidencia. De no demostrarse que los contratos fueron obtenidos por licitación pública, sino por adjudicación por Pemex, el secretario puede ser sujeto de responsabilidades administrativas, en cuanto que era servidor público”.

Denunciado por el superior jerárquico
Para Aída Lazcano, catedrática de la UNAM, son claras las violaciones flagrantes al orden legal, tanto penal como administrativo, toda vez que cualquier funcionario que realice acciones contrarias a su encargo y se beneficie de su posición, perpetra un delito. “Al momento que estás en el poder y lo utilizas en beneficio propio y de tu familia, allegados o amigos, queda claro el tráfico de influencias y, además, el conflicto de intereses”.
La catedrática asegura que la comisión de un delito conocido por el superior jerárquico debe ser denunciado a las autoridades competentes, de lo contrario agrava la situación, porque se convierten en cómplices, y una vez más se violenta el marco jurídico.
“Si nadie acata las normas, de qué sirve que los diputados legislen al respecto”, dice Lazcano.

México: sin justicia
Víctor Villagrana de Ávila, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice que en México se tiene un sistema legal sin justicia, ni equidad, ni igualdad. “Si se roban una gallina, los llevan a la cárcel; pero no sucede lo mismo si se roban millones de pesos del gobierno”.
Villagrana considera que los mexicanos no tienen confianza en el sistema legal, porque todo se ha convertido en un mercado, en el que la justicia se puede comprar y vender al mejor postor.
“Los privados se metieron a lo público; y los servidores públicos, a lo privado. Los empresarios que llegaron al poder hacen negocios con los bienes del Estado sin ningún escrúpulo”, considera.

Con informacion de Revista Contralínea

febrero 21, 2008

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Alerta en Gasolineras del Grupo Energético del Sureste (GES)

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Conflictos de interés de Mouriño en Pemex

En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual secretario de Gobernación

En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación.

En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública.

La empresa

Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche, y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la distribución de refacciones o la operación de loncherías, la operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas.

De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50 acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes, originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones.

Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense, mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes como administrador único.

Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de hoteles y panaderías de sus suegros.

Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón. El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la compañía.

El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60 acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco integrantes de la familia Mouriño.

El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”.

El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100 acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo.

Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes contratados por la paraestatal.

Política como negocio

El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según escritura pública número 6 del 17 de febrero.

Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público 46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo “se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien declara falsamente ante notario público, en términos de lo que establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento.

Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato constitucional están reservados para los mexicanos.

Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo, contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

El historial en Pemex

A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro. Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de 2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala.

Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.

El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.

El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.

Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.

El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.

Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.

Los beneficios de Juan Bueno

Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.

En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas.

El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar.

Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos.

En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40 por ciento del costo.

Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato, Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003.

El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.

El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos, convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal Gallegos.

El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia.

Contratos a modo

Bueno Torio impuso que Refinación otorgara por primera vez contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunas transportistas, entre ellas Ivancar. Oficios internos de Pemex indican que el acuerdo se hizo entre los altos funcionarios de Refinación y la Canacar, antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación.

En el oficio DG 69/2005 remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, se otorga el listado de transportistas a las cuales se les entregarían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 10 mil 114 millones de pesos. Pero el servicio lo solicitó Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según documento de Pemex clasificado por la subsidiaria como “reservado”.

Lo anterior significaría que primero los directivos de Pemex acordaron el servicio con los transportistas y luego se tramitó su requerimiento, lo cual es contrario a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público, y no cumple con los lineamientos para una adjudicación directa.

El 1 de junio de 2005 a Ivancar se le entregó un contrato por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, formalizado por Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación. Según fuentes internas de Pemex, a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un periodo igual, es decir, hacia 2012, aunque el monto aún no está definido.

Desde julio de 2006, la SFP y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan el “abuso de autoridad, coalición de los servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que supuestamente habrían incurrido los funcionarios de Refinación al autorizar las contrataciones multianuales para el transporte de hidrocarburos; ello, por la denuncia que presentaran los entonces diputados Sofía Castro Ríos, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús González Schmal.

En la PGR, el expediente está integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/SP/2006 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. En la SFP, el señalamiento contra los funcionarios es de supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y contra las transportistas que se beneficiaron con los contratos, de posible daño patrimonial por el monto que se les adjudicó. Según la línea de investigación de la SFP, en el caso de Ivancar, el quebranto ascendería a casi 40 millones de pesos.

En entrevista concedida a CNN Expansión, difundida el 15 de julio de 2007, el mayor de los Mouriño Terrazo habló acerca de los negocios familiares y la carrera política de su hermano. Aseguró: “Hablamos con él (con Juan Camilo) y le garantizamos que no tiene de qué preocuparse. Jamás haremos cosas buenas que parezcan malas con el gobierno federal”. Agrego: “Sabemos que los detractores tratarán de magnificar las cosas; por eso tenemos la casa muy limpia y las puertas muy abiertas para que no haya suspicacias. Trataremos de vivir con eso”.

Sin embargo, Contralínea solicitó una entrevista con el actual presidente de GES para hablar sobre los contratos de Pemex que recibió su hermano Juan Camilo, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Juan Camilo Mouriño acusó recibo de la solicitud de entrevista hecha por esta revista, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. No obstante, se negó a hablar acerca de los contratos que aún mantiene en Pemex Refinación. Asimismo, se requirió a la paraestatal que explicara las condiciones en las que se contrató a Ivancar y el monto involucrado. La administración de Jesús Reyes Heroles tampoco respondió.

Con Información de Contralinea

febrero 12, 2008

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El Pelele va a Durango

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Tortura autoridad judicial a 4 personas, incluido un niño en Chiapas

Por Manuel de la Cruz y Sandra de los Santos Chandomí/ corresponsales

San Cristóbal, Chis, 11 feb 08 (CIMAC).- En Chiapas, en tan solo una semana, se han denunciado públicamente cuatro casos de tortura, uno de ellos en contra de un menor de edad. Esta violación se ha dado en la misma semana en que la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) recorrió diferentes comunidades de influencia zapatista.

El pasado 5 de febrero, Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández de seis años fueron detenidos por elementos de la Agencia estatal de Investigación y funcionarios del Ministerio de Justicia del estado en el municipio de Venustiano Carranza.

Según el testimonio de Felipe Hernández, fue arrestado al mediodía del 5 de febrero sin que le mostraran una orden de aprehensión, ni le permitieran dejar a resguardo a su hijo con su esposa o conocidos.

Felipe Hernández y su hijo fueron llevados a dos lugares distintos que refieren como instalaciones policíacas. El menor de edad estuvo en un separo policial, mientras su padre era interrogado sobre su actuar político y con la intención de vincularlo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

“A cada pregunta un golpe en la nuca con la palma de la mano cachetas y en el estómago. Y como yo les contestaba que no sabia nada de lo que me estaban preguntado, los golpes eran más duros y más seguidos, esto duró cerca de una hora y media”, cuenta el agraviado.

Después de los golpes siguieron otros actos de tortura: le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon en el abdomen y tórax, y lo asfixiaban tapándole nariz y boca, mientras lo amenazaban constantemente con traer a su esposa e hijo.

Al detenido, las autoridades judiciales lo involucran con el EPR y con la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en el municipio de Venustiano Carranza.

Con muestras de tortura, por la tarde el detenido fue llevado ante la Fiscalía del Ministerio Público, que le informó sobre una acusación en su contra promovida por un señor de nombre Manuel Martínez Borraz, quien no exhibió credencial de elector y ninguna referencia hacia su persona.

Y acusa a Felipe Hernández de incitar a la violencia, desestabilizar al gobierno del estado, de ser el líder de la manifestación que se realizó el 31 de enero de 2008 contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y “por pedir precio justo a la tonelada de maíz, lo cual a consideración del FMP configuraba el delito penal de sedición y motín.”

En este sentido cabe destacar que la misma Fiscal insistió en interrogarlo vinculándolo con el EPR, a lo que Felipe se negó a declarar en tanto no estuviera presente un abogado de su confianza ya que deseaba denunciar los hechos de tortura, solicitando garantías a su integridad física. Pero este derecho le fue ignorado y nuevamente fue llevado a los separos del Ministerio en donde continuó la tortura.

Por otra parte y sin certeza de lo que haya ocurrido al niño Pavel, éste refiere que en todo el tiempo de su detención no le fueron proporcionados alimentos. Además de haber sido aislado de su padre, presenció la detención y sometimiento.

Después de una amplia participación social de organizaciones civiles y campesinas que se solidarizaron con el caso de Felipe y Pavel, el 6 de febrero por la tarde salió en libertad bajo la figura jurídica de “reservas de ley” que aún no lo exime de la supuesta
acusación.

Estos casos de tortura, así como la detención y tortura de dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron denunciados por la CCIODH, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Detallan que Eliseo Jiménez y Eliseo Espinosa, padre e hijo, fueron detenidos y llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Playas de Catazaja. Ambos al momento de su liberación el pasado viernes 8 de febrero presentaron huellas de tortura.

Ambos, dice el reporte de los organismos de defensa de los derechos humanos, presentaban golpes en su anatomía, quemaduras en la espalda baja y un disparo con un arma de fuego en el pie que sufrió Eliseo Jiménez. Los centros de derechos humanos y la Junta de Buen Gobierno también denunciaron que durante el proceso de defensa hubo obstrucciones.

Ante estos hechos, los organismos de defensa de las garantías individuales exigieron el cese de tortura en los centros penitenciarios y castigo a los responsables de estos hechos.

También pidieron investigar la asociación de la policía estatal con miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región e informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulin Jiménez, fundador y líder de la OPDDIC, quien permanecía recluido en el penal del Amate y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades en las comunidades de influencia zapatista.

RECORRIDO DE CCIODH

En comunicado de prensa, la CCIODH informó que durante su visita en Chiapas se recorrieron los cinco Caracoles (La Realidad, Oventik, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios) y se realizaron entrevistas con las Juntas de Buen Gobierno respectivas.

Enfatizó que durante esta vista a Chiapas “fueron muchas las irregularidades que pudimos observar, mismas que desarrollaremos detalladamente en nuestro informe”.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

En este contexto y en rechazo contra los intentos de criminalizar los actos de protesta en el estado, los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López acusaron al Gobierno mexicano de responder con represión las manifestaciones de inconformidad social.

La semana pasada los obispos de San Cristóbal y de Saltillo, respectivamente, dieron lectura a un documento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (ROCDH), en los que se informa sobre actos de represión en el estado de Chiapas.

A decir de ellos, en menos de un mes se han registrado en varios municipios del estado una serie de situaciones que dan cuenta de “la tendencia que existe para criminalizar los actos de protesta”

En este contexto los obispos se refirieron a la detención de Felipe Hernández, quien había sido uno de los principales exponentes en una manifestación en Tuxtla bajo el delito de “motín y rebelión”.

Esta detención se dio poco después en el municipio de Venustiano Carranza, pero con la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se logró su liberación un día después, aseveraron.

Y agregaron que hechos como los desalojos de manifestantes, intimidaciones y acciones para reprimir a la sociedad en sus actos de protesta contra los malos actos del Gobierno se han dado a lo largo y ancho del estado.

El Gobierno ha cerrado espacios importantes de crítica, ahora ha optado por la represión social, la descalificación de los que manifiestan su desacuerdo y sigue militarizando la vida civil.

La criminalización de la protesta, desde su punto de vista, consiste en llevar los conflictos sociales a la arena, a la encarcelación de sus integrantes para obligarlos a enfrentar de este modo largos procesos jurídicos, que en la mayoría de los casos resultan adversos.

Señalaron que “esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad”.

En Chiapas, como sucede en México, este fenómeno se manifiesta en detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores de los derechos humanos o de organizaciones sociales para equipararlos como delincuentes para castigarlos por su audacia.

“Se les acusa de delitos que atentan contra la seguridad del estado o del país para silenciarlos”, exponen

En este sentido recordaron que el Congreso chiapaneco aprobó el 17 de enero una iniciativa del Gobierno del estado para crear el delito de “incitación a la violencia” en el Código Penal, con lo que se crea un mecanismo más de inhibición social pata la denuncia.

“La intención es impedir la movilización ciudadana con el argumento de que se incita a la violencia”, aseguran.

Con Información de CimacNoticias

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