Denuncia Amnistía Internacional situacion en Oaxaca es muy grave

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI), afirmó que en la entidad se vive "una situación grave" por las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, estatales y municipales que no sólo han sido incapaces de garantizar el estricto apego a las leyes y el acceso real a la justicia en los últimos cinco meses del conflicto político y social que vive la entidad, sino que también han incurrido en actos de tortura.

El investigador de Amnistía Internacional del Programa Regional para América, Rupert Knox, y la representante de AI en España, María Naredo, sustentaron su afirmación en las detenciones realizadas en condiciones completamente fuera de la legalidad y del respeto de sus derechos humanos por parte de grupos de la policía estatal en coordinación de la Policía Federal Preventiva.

También denunció que hubo irregularidades en las detenciones arbitrarias de menores de edad.
La evidente participación o coordinación entre la PFP y los cuerpos policíacos estatales es que los detenidos del 29 de octubre y dos de noviembre, fueron trasladados en camiones de volteo, maniatados, boca abajo y amontonados unos encima de otros para después de ser torturados en helicópteros de la PFP cuando los trasladaron a diferentes penales de la entidad, lo que revela que es la misma práctica que utilizaron en San Salvador Atenco, añadió.

Otras irregularidades que detectaron, es que las detenciones las realizan personas vestidas de civil, sin orden de aprehensión y de manera violenta; que los torturaron en supuestas casas de seguridad; y que se les negó el acceso a la atención médica en dependencias carcelarias como en el traslado entre un penal y otro.

Esto confirma que la actuación de la policía y del ministerio público, han operado de manera irregular y parcial para favorecer al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, añadió Amnistía Internacional.

Todo lo anterior, dijo, hace evidente que la pasividad e inactividad de las autoridades gubernamentales de Oaxaca pone en cuestionamiento su capacidad e interés en garantizar la justicia para todos los ciudadanos, ya que es indudable que la ley no ha sido implementada de manera imparcial durante al menos estos seis meses del conflicto popular.

Y aunque le preguntaron a la procuradora general de justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza, sobre si este tipo de prácticas están siendo investigadas, tampoco dio respuesta cuando es una obligación del estado investigar de oficio los delitos graves y las violaciones de derechos humanos y no debe esperar a que alguien lo denuncie.

Knox insistió en que "lo que hemos visto es una pasividad por parte de las instancias del estado para investigar los hechos que han ocurrido y que realmente urge una atención imparcial y eficaz para atender no solamente las denuncias que reciban sino crear un clima en que las personas puedan denunciar".