Cuando el poder esta en manos de estupidos
La culpa si la tiene el indio y el que hace la propaganda
Cuando un gobierno destina más dinero a propaganda y recursos coercitivos –restrictivos o represivos– contra los ciudadanos, que a obras y servicios que ellos necesitan para su bienestar, es de hecho un gobierno terrorista que sobrevive gracias sobre todo a un aparato enajenante y represor, cuyo sostenimiento impone al pueblo contra el que debe actuar. Por tanto, requiere para su supervivencia emplear más propaganda y contratar, entrenar, equipar y mantener cada vez un mayor número de recursos represivos.
Hasta hoy, las imágenes ideales que difunde la televisión de supuestos avances gubernamentales jamás han coincidido con la realidad de las cifras oficiales de adentro o de afuera.
Tampoco ninguna de las medidas para supuestamente combatir la inseguridad, realmente la ha disminuido, sino al contrario, aumenta la delincuencia y su ferocidad, junto con la corrupción que propicia mayor delincuencia por la impunidad, en una espiral sin fin.
La llamada “profesionalización” del aparato de seguridad –mera implantación de nuevos requisitos de contratación, como la escolaridad de Preparatoria o licenciatura– no hizo sino encarecer los sobornos policiacos y judiciales a los delincuentes, cuya acción y la de los policías más bien se dirigen contra el ciudadano común, indefenso ante unos y otros.
Retenes prepotentes, interrogatorios humillantes, exigencia grosera de identificación, son medidas que aterrorizan al ciudadano común, pero no han contribuido en nada a disminuir la delincuencia. Las estadísticas lo dicen. Los despliegues policiales y de fuerzas armadas son más aparatosos que efectivos. Los números no mienten.
Los “operativos” de alta difusión mediática más parecen propaganda que un combate frontal a la delincuencia. Pocos reparan en el hecho de que los delincuentes viven entre sombras, en vericuetos ocultos. Sólo los ciudadanos viven y caminan a plena luz. Y los operativos difundidos no llegan a las sombras ni a las alcantarillas delictivas, donde deberían aplicarse, sino a las calles y carreteras, aeropuertos y terminales, donde se dirigen armas de alto poder y tecnología de seguridad contra ciudadanos comunes.
La eficacia de una acción anti-crimen se gesta entre sombras, donde andan los delincuentes y sólo se anuncia cuando tiene éxito, presentando a los rufianes capturados o vueltos a capturar, pero no mostrando soldados realizando acciones abiertamente inconstitucionales como marcar el alto con sus armas a ciudadanos desarmados, no sorprendidos en alguna flagrancia ilícita, cateando sus bienes y propiedades sin mandamiento judicial alguno, asustando a todos, sin apresar a nadie. Haciendo como que hacen mucho, pero sin lograr nada. Las estadísticas lo dicen. Es pura propaganda.
Si se comparan los gastos en seguridad y los índices de delincuencia, podrá verse que a mayor gasto ha correspondido una mayor delincuencia y no al revés. Si se sigue la lógica elemental, al disminuir el gasto, debería reducirse la delincuencia.
Pero la delincuencia aumenta en la misma proporción de la propaganda, como vinculados por una necesidad de obtener mayor lucro a menor costo social.
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