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julio 13, 2007

Exoneraron al genocida Echeverria


Sí hubo genocidio pero exoneran a Echeverría

En la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco sí hubo genocidio, determinó Jesús Guadalupe Luna Altamirano, magistrado del Tercer Tribunal Unitario.

Sin embargo, afirmó, no hay pruebas de que el ex presidente Luis Echeverría álvarez –entonces secretario de Gobernación, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable.

En rueda de prensa ofrecida para explicar por qué determinó conceder un amparo al ex mandatario, Luna Altamirano aseguró que las pruebas consideradas por el Segundo Tribunal Unitario para dictar el auto de formal prisión están basadas en meras conjeturas.

“No hay una, una sola prueba, que acredite directa o indirectamente –como se habla en el argot jurídico, prueba refractaria o circunstancial– que justifique, siquiera indiciariamente, al señor Luis Echeverría álvarez como aquel que haya preparado, concedido, concertado o ejecutado el genocidio”, enfatizó.

Con esta sentencia, ante la cual la PGR puede inconformarse en los próximos 10 días hábiles, a Echeverría se le levanta la prisión domiciliaria a la que estaba sujeto desde el 29 de noviembre pasado y no tendrá ninguna restricción a su libertad.

Luna Altamirano afirmó que revisó detenida y acuciosamente cada una de las 58 mil 725 fojas que integran los 42 tomos del expediente para poder emitir su resolución apegado a Derecho.

“Antes que nada, quiero destacar que esta resolución se encuentra completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentalistas, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas.

“La sentencia está basada única y exclusivamente en razones estrictamente jurídicas y apegadas a las constancias de autos”, explicó.

En el caso del expediente de la matanza del 10 de junio de 1971, por los que la PGR también acusó a Echeverría, el 26 de julio del 2005 el Quinto Tribunal Unitario resolvió en favor de Echeverría al considerar que en esos hechos no se configuró el delito de genocidio.

Luna Altamirano señaló que las acciones que desplegó el Gobierno en 1968 sí constituyen este tipo penal, pues tuvo el propósito de acabar con un grupo opositor que había generado un movimiento social que se les había desbordado.

“Fue una obra, a mi juicio, concertada, hubo muchos muertos, en la resolución se manejan 38 ó 40 aproximadamente, aunque después se dice que es indeterminado, (pero) el propósito era acabar (con ellos)”, dijo.

La PGR, sostuvo, hizo correctamente su labor en la etapa de la averiguación previa; sin embargo, por el tiempo transcurrido, le fue imposible hacerse de cierto tipo de pruebas que hubiesen podido demostrar, en su caso, la responsabilidad de Echeverría.

Entre estas pruebas, dijo, están los testimonios que pudieron haber rendido actores directos y fallecidos como Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, o el ex secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán.

“Creo que era muy importante recabar otras más pruebas, pero lamentablemente, y no inculpo a la PGR, ¿por qué?, después de 30 años, porque los hechos ocurrieron el 2 de octubre y la denuncia se presentó un 2 de octubre de 1998”, justificó.

Con información de Diario.Com

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