México, Ni Democracia Ni Estado de Derecho
Hay leyes, sí, pero no justicia. La justicia es el propósito, la razón, el fin último del Derecho. Donde no hay justicia, NO impera el Derecho, según reconocieron los mismos romanos. Y México, por más que se repita en los discursos oficiales, NO es un Estado de Derecho, porque simplemente NO hay justicia.
Tampoco hay democracia, pues el país no se rige por las decisiones ni el bienestar del pueblo, sino de unos cuantos "encomenderos" que llegaron al cinismo de declarar que el gobierno mexicano es "DE empresarios, POR empresarios y PARA empresarios", en viciada paráfrasis de la Carta Magna del imperio estadounidense, al que obedecen y sirven de tapete.
La ausencia de una forma de ser nacional que tenga a los ciudadanos como ejes rectores verdaderos, no solamente discursivos, del país, nos diferencia y aleja del desarrollo mundial, además de que impide siquiera encarrilarnos en la evolución social, al coartar una auténtica educación formativa, no sólo utilitaria, que impulse el avance del individuo, del grupo social en que actúa y de la nación que lo nutre.
Desde sus orígenes precolombinos, la nación mexicana ha sido multiétnica y pluricultural, pese a la pretensión colonial de uniformar a sus habitantes originarios bajo una sola fe absolutista en lo económico, lo social y lo religioso. Las "encomiendas" se impusieron en la productividad, en la estructura social y en las creencias. Los sucesivos movimientos sociales pretendieron una reivindicación de los ciudadanos esclavizados, sometidos a los "encomenderos" impuestos por la fuerza de las armas y de la persecución, nunca de la razón. Lamentablemente, todos esos movimientos se frustraron por la ambición personal, igual de egoísta que la pretensión feudal de la minoría absolutista y depredadora.
Con diversos matices, tal situación se ha mantenido hasta la fecha y amenaza prolongarse. La ciudadanía mexicana sigue sometida a nuevos "encomenderos" que reportan a metrópolis foráneas y ya es tiempo de transformar las cosas, para bien de todos los ciudadanos, actuales y futuros, de esta gran nación mexicana.
¿QUÉ HACER ante esta realidad, para transformarla?
A modo de sugerencia, de modo enunciativo, no limitativo, podría empezarse por:
1. Situar al ciudadano en el centro de toda visión, misión, discusión, planeación y estructura constitutiva del Nuevo País que debemos tener en los años por venir.
2. Abrogar las leyes expedidas a partir de 1982, abiertamente propiciadoras de los intereses particulares foráneos por encima del bienestar ciudadano nacional, así como hacer una minuciosa revisión de las promulgadas antes de esa fecha y que sigan vigentes, para establecer al ciudadano como foco de toda acción legislativa, muy por encima de grupos y corrientes de opinión. En este contexto, regresar a la Constitución el impedimento de ser Presidente de la República a quien no sea mexicano de nacimiento y de padres y abuelos mexicanos por nacimiento, para evitar que pueda repetirse el arribo de un extranjero que sirve al país de sus padres.
3. Revertir las acciones y decisiones gubernamentales amparadas en la legislación antinacional, sin permitir que la irretroactividad individual prevalezca sobre el bienestar y la soberanía de la nación. Investigar y castigar los atentados contra el pueblo de México, cometidos por quienes debiendo actuar como mandatarios, lo hicieron como mandantes absolutos, sin que pueda alegarse ni recurrirse a la prescripción u otros subterfugios jurídicos actuales.
4. Remover y sustituir de inmediato a todos los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desapareciendo el llamado Consejo de la Judicatura, para reestructurar y sanear completamente el Poder Judicial. Los nuevos integrantes ya no podrán ser electos a propuesta del Presidente de la República, sino que deberán ser insaculados públicamente de entre las propuestas hechas por entidades de investigación y docencia jurídicas, por colegios de abogados o por el público en general, siempre que acrediten nacionalidad mexicana por nacimiento, un mínimo de 30 años de ejercicio profesional en litigios o en investigación o docencia jurídicas, y acrediten públicamente un modo de vida austero.
5. Quitarle al Gobierno y especialmente al Poder Ejecutivo el monopolio de la fuerza pública y las atribuciones que hoy tiene como mandatario, en especial la Jefatura Nata de las Fuerzas Armadas, que sólo le han servido para disponer de los bienes nacionales y actuar como dueño absoluto del país y de sus ciudadanos, empobreciéndolos, atropellándolos, reprimiéndolos y asesinándolos. El Ejército, como entidad financiada y sostenida por la ciudadanía, para su defensa y la de su territorio, debe tener un mando civil elegido públicamente de entre los estudiosos de las disciplinas militares, con un mando operativo rotatorio y de consenso interno entre quienes hayan demostrado patriotismo nacionalista, rectitud en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y militares, así como una vida mesurada y honorable. El mando superior de la Policía y del Ministerio Público también deberá ser sujeto a elección periódica.
6. Suprimir los "descuentos sindicales" a los trabajadores, que sólo sirven para financiar mafias caciquiles y el sometimiento de los derechos laborales a intereses facciosos, alentando –al mismo tiempo— la sindicalización libre, consciente y voluntaria, y el apoyo económico e individual a los representantes sindicales libremente elegidos. En este contexto, quitarle al gobierno, en cualquiera de sus poderes, la facultad de "reconocer" o "autorizar" sindicatos o uniones, lo mismo de trabajadores que de patrones. Las decisiones mayoritarias en uniones o sindicatos sólo deberán ser reconocidas por un fedatario público, como voluntad general de sus integrantes con derecho vigente, para que tenga toda la fuerza legal la elección hecha.
7. Alentar, promover y apoyar la iniciativa empresarial del país, siempre que conserve su carácter nacional y no venda o se asocie en desventaja accionaria con entidades foráneas. A fin de beneficiar a la ciudadanía consumidora de bienes y servicios, no se dará ningún proteccionismo a productor alguno, sea nacional o extranjero, salvo cuando haya una clara amenaza real de quiebra sobre algún productor nacional o asentado en territorio nacional. Ninguna empresa mexicana deberá depositar o conservar capitales, valores o fondos en bancos o financieras extranjeras por un monto superior al 20% de su activo circulante o que rebase el 10% de su reinversión en su última toma de utilidades. Todas las empresas mexicanas o de capital mexicano, deberán rendir su Declaración de Impuestos y pagar en territorio mexicano los que les correspondan, no obstante las obligaciones a que deban sujetarse en los países donde tengan filiales o sucursales, cuyos resultados deberán ser incluidos en la Declaración que rindan en México.
8. La reciprocidad debe ser el valor de observancia básica obligatoria en los arreglos y acuerdos internacionales, lo mismo comerciales que políticos, ya no aceptando la desventaja negociada para productores y consumidores mexicanos, ni la supeditación nacional a directrices o conveniencias ajenas. El libre flujo de capitales se permitirá en estricta reciprocidad con los países involucrados. Los nacionales de países que permitan o condicionen el ingreso o retiro de capitales mexicanos de sus respectivos círculos financieros, tendrán trato similar en los circuitos mexicanos. Debe conservarse la estricta autonomía de gestión del Banco de México, tanto del gobierno mexicano como de gobiernos extranjeros, aunque invariablemente deberá respetar los criterios de política económica general del país, a cuyo diseño aportará sus pronósticos y estudios, pero sin imponer decisión ni directriz alguna que signifique un deterioro del bienestar general.
Muchas cosas más en México necesitan una transformación urgente y de fondo, para lo que se requiere acuciosidad, conocimiento, creatividad, pero antes que nada, NACIONALISMO, un valor depreciado y despreciado en la globalidad, el cual, paradójicamente, es la bujía que impulsa a los países industrializados en la depredación y saqueo de los países subdesarrollados, para bien exclusivo de los suyos.
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