La rebelion de las Oaxaqueñas presenta a mujeres que convergen en un movimiento social que intenta transformar la realidad injusta y opresiva de Oaxaca. Ellas nos narran algunas experiencias y reflexiones de su participación en esta amplia rebelión. Video de mal de ojo tv
agosto 28, 2007
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La Rebelion de las Oaxaqueñas |
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CONFIRMAN SENTENCIA A SIMPATIZANTE DE LA APPO |
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
El Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito confirmó la condena de tres años y medio de prisión impuesta por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado a un simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Carlos García Cruz, El Konan, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos, y así convierte en el primer sentenciado del movimiento magisterial y popular.
El asesor jurídico de la APPO, Gilberto Hernández Santiago dijo que la determinación del Primer Tribunal Unitario "es inadmisible jurídicamente" porque no tomó en cuenta la inverosimilitud, las contradicciones y las ambigüedades en el parte informativo rendido por los policías sobre la detención de García Cruz y la tortura sufrida durante varias horas en una casa de seguridad.
"A Juan Carlos lo detienen personas vestidas de civil, (quienes) después lo torturan para que entregara a David Venegas Reyes 'El Alebrije' (consejero estatal de la APPO) y como no dijo nada, le sembraron una arma de fuego, pero en el parte informativo hecho por policías auxiliares y en su declaración ante un juez, cayeron en varias contradicciones", señaló.
Expuso que según el parte rendido por los agentes de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic), Victorino Ramos Boquez, Gabriel Lázaro Martínez y Christian Oliver Díaz Javier, el simpatizante de la APPO fue detenido el 16 de enero pasado alrededor de las 13:00 horas sobre el bulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, frente a una tienda departamental, "porque se le notaba que traía algún tipo de arma en la cintura", durante un recorrido de supervisión.
Y al ser revisado, los policías supuestamente encontraron entre sus ropas una pistola calibre 45, marca Colt, modelo Gold Cup Nacional Match, sin tener la licencia respectiva.
Pero, observó que los policías dieron una versión distinta de los hechos al declarar ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, "pues dijeron que le marcaron el alto (al detenido) porque supuestamente se le notaban abultadas sus ropas y pudiera traer algún objeto ilícito".
Además, subrayó que testigos de la detención de García Cruz "declararon enfáticamente que el arresto no fue frente a la tienda departamental" sino en otro lado, en la calle Lucio Blanco, colonia Emiliano Zapata, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cuando se dirigía a encontrarse con ellos.
Uno de los testigos, de nombre Josué Contreras Franco, manifestó ante el Ministerio Público que estaba esperando al detenido en la calle Lucio Blanco, alrededor de las 11.30 horas "cuando llegaron cinco personas que se bajaron de un taxi del sitio Reforma, diciéndome que donde estaba él, sin darme nombre alguno, y cuando arribó Juan Carlos, dos de ellas lo agarraron y le dijeron que ya había valido, y después pasó una camioneta Chevrolet, verde, (donde se lo llevaron)".
Destacó que tanto el Juzgado V de Distrito en el Estado , quien dictó la condena el 5 de junio pasado, y el Primer Tribunal Colegiado, en su determinación del pasado día 23, "dan plena validez probatoria" al parte informativo de los policías, a pesar de las contradicciones y sin hacer la debida valoración de las pruebas de descargo.
"Tan sólo por las discordancias del parte informativo con la declaración de los policías ante el Ministerio Público, así como por la declaración del detenido y de los testigos y las evidencias físicas de la tortura sufrida, debieron de haber de decretar su absolución", asentó.
Ante todo esto, Hernández Santiago, dijo que presentarán una demanda de amparo ante un Tribunal Colegiado para tratar de echar abajo la sentencia y así evitar la consumación de una injusticia.
"Lo que han hecho (el Juzgado Quinto y el Primer Tribunal Unitario), es un anticipo de lo que le pudiera ocurrir a los cientos de simpatizantes del movimiento magisterial y popular bajo proceso en el fuero común, cuando se recurra al amparo en la justicia federal", asentó.
El Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito confirmó la condena de tres años y medio de prisión impuesta por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado a un simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Carlos García Cruz, El Konan, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos, y así convierte en el primer sentenciado del movimiento magisterial y popular.
El asesor jurídico de la APPO, Gilberto Hernández Santiago dijo que la determinación del Primer Tribunal Unitario "es inadmisible jurídicamente" porque no tomó en cuenta la inverosimilitud, las contradicciones y las ambigüedades en el parte informativo rendido por los policías sobre la detención de García Cruz y la tortura sufrida durante varias horas en una casa de seguridad.
"A Juan Carlos lo detienen personas vestidas de civil, (quienes) después lo torturan para que entregara a David Venegas Reyes 'El Alebrije' (consejero estatal de la APPO) y como no dijo nada, le sembraron una arma de fuego, pero en el parte informativo hecho por policías auxiliares y en su declaración ante un juez, cayeron en varias contradicciones", señaló.
Expuso que según el parte rendido por los agentes de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic), Victorino Ramos Boquez, Gabriel Lázaro Martínez y Christian Oliver Díaz Javier, el simpatizante de la APPO fue detenido el 16 de enero pasado alrededor de las 13:00 horas sobre el bulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, frente a una tienda departamental, "porque se le notaba que traía algún tipo de arma en la cintura", durante un recorrido de supervisión.
Y al ser revisado, los policías supuestamente encontraron entre sus ropas una pistola calibre 45, marca Colt, modelo Gold Cup Nacional Match, sin tener la licencia respectiva.
Pero, observó que los policías dieron una versión distinta de los hechos al declarar ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, "pues dijeron que le marcaron el alto (al detenido) porque supuestamente se le notaban abultadas sus ropas y pudiera traer algún objeto ilícito".
Además, subrayó que testigos de la detención de García Cruz "declararon enfáticamente que el arresto no fue frente a la tienda departamental" sino en otro lado, en la calle Lucio Blanco, colonia Emiliano Zapata, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cuando se dirigía a encontrarse con ellos.
Uno de los testigos, de nombre Josué Contreras Franco, manifestó ante el Ministerio Público que estaba esperando al detenido en la calle Lucio Blanco, alrededor de las 11.30 horas "cuando llegaron cinco personas que se bajaron de un taxi del sitio Reforma, diciéndome que donde estaba él, sin darme nombre alguno, y cuando arribó Juan Carlos, dos de ellas lo agarraron y le dijeron que ya había valido, y después pasó una camioneta Chevrolet, verde, (donde se lo llevaron)".
Destacó que tanto el Juzgado V de Distrito en el Estado , quien dictó la condena el 5 de junio pasado, y el Primer Tribunal Colegiado, en su determinación del pasado día 23, "dan plena validez probatoria" al parte informativo de los policías, a pesar de las contradicciones y sin hacer la debida valoración de las pruebas de descargo.
"Tan sólo por las discordancias del parte informativo con la declaración de los policías ante el Ministerio Público, así como por la declaración del detenido y de los testigos y las evidencias físicas de la tortura sufrida, debieron de haber de decretar su absolución", asentó.
Ante todo esto, Hernández Santiago, dijo que presentarán una demanda de amparo ante un Tribunal Colegiado para tratar de echar abajo la sentencia y así evitar la consumación de una injusticia.
"Lo que han hecho (el Juzgado Quinto y el Primer Tribunal Unitario), es un anticipo de lo que le pudiera ocurrir a los cientos de simpatizantes del movimiento magisterial y popular bajo proceso en el fuero común, cuando se recurra al amparo en la justicia federal", asentó.
agosto 20, 2007
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PRD bloqueara informe del pelele |
El PRD aprobó ayer en su Congreso Nacional un resolutivo para impedir al Pelele Felipe Calderón llegar a la tribuna de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre.
Sin embargo, previamente, en un acalorado debate entre los grupos perredistas, se aprobó un resolutivo que faculta a los legisladores a debatir con el Ejecutivo... una vez que sea aprobada la reforma del Estado que modificaría el formato del Informe presidencial.
El acuerdo para bloquear el Informe fue alcanzado en los pasillos, y firmado por Leonel Cota, Alejandro Encinas, Carlos Navarrete y Jesús Zambrano.
Posteriormente fue aprobada esa decisión por los delegados, vía "fast-track", 15 minutos antes de concluir el Décimo Congreso Nacional Extraordinario del partido.
"Los legisladores del PRD no aceptarán la presencia en la tribuna del Congreso de quien no cuenta con la legitimidad que sólo da una elección democrática", resaltó Navarrete al dar lectura al resolutivo de dos párrafos.
Sin embargo, previamente, en un acalorado debate entre los grupos perredistas, se aprobó un resolutivo que faculta a los legisladores a debatir con el Ejecutivo... una vez que sea aprobada la reforma del Estado que modificaría el formato del Informe presidencial.
El acuerdo para bloquear el Informe fue alcanzado en los pasillos, y firmado por Leonel Cota, Alejandro Encinas, Carlos Navarrete y Jesús Zambrano.
Posteriormente fue aprobada esa decisión por los delegados, vía "fast-track", 15 minutos antes de concluir el Décimo Congreso Nacional Extraordinario del partido.
"Los legisladores del PRD no aceptarán la presencia en la tribuna del Congreso de quien no cuenta con la legitimidad que sólo da una elección democrática", resaltó Navarrete al dar lectura al resolutivo de dos párrafos.
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Asisten maestros a clases pero con movilizaciones |
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciará este lunes el ciclo escolar 2007-2008 con la advertencia de que se reservan el derecho a realizar acciones políticas si no le son entregadas todas las 188 escuelas en poder de los “charros del CCL (Consejo Central de Lucha)”, de las cuales nueve son consideradas como “focos rojos”, afirmó el líder magisterial, Ezequiel Rosales Carreño.
Asimismo, confirmó que por acuerdo de la Asamblea Estatal se determinó “boicotear” todo acto oficial del gobierno del estado relacionado al inicio del ciclo escolar porque para “el magisterio esta desconocido y no tiene acceso a ninguna escuela”.
Con informacion de Noticias Oax
agosto 14, 2007
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CGT ante la detención de catalanes en Oaxaca |
Cuatro de los cinco detenidos son catalanes y permanecen detenidos en Migración de manera ilegal y a la espera de que el juez se pronuncie acerca del recurso de amparo presentado.
Los detenidos son: Ariadna Nieto Espiné, nacida en Lleida, miembro de C.G.T. y del Casal Autogestionat La Maranya además de corresponsal del periódico Directa, Laia Serra Perelló, abogada y natural de Barcelona, Ramón Sesén Marquina, profesor y vecino de Barcelona y Nuria Morelló Calafell, antropóloga y vecina de Balaguer.
José Pascual Rubio Cano / Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
Tal y como ellos mismos han explicado, el pasado domingo se encontraban paseando en el centro de la cuidad de Oaxaca perfectamente documentados cuando fueron rodeados y detenidos por miembros de las fuerzas policiales mexicanas siéndoles robados sus objetos personales y su documentación. Desde ese momento han sufrido maltrato tanto físico como psicológico de manera prolongada así como abusos sexuales.
Por todo esto exigimos la puesta en libertad de forma inmediata y sin cargos de todos ellos y ellas así como la paralización de cualquier proceso de deportación. Asimismo, instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a pedir al gobierno mexicano que tome las medidas oportunas ante esta detención arbitraria y el trato vejante que han sufrido cuatro ciudadanos del Estado Español.
Los detenidos son: Ariadna Nieto Espiné, nacida en Lleida, miembro de C.G.T. y del Casal Autogestionat La Maranya además de corresponsal del periódico Directa, Laia Serra Perelló, abogada y natural de Barcelona, Ramón Sesén Marquina, profesor y vecino de Barcelona y Nuria Morelló Calafell, antropóloga y vecina de Balaguer.
José Pascual Rubio Cano / Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
Tal y como ellos mismos han explicado, el pasado domingo se encontraban paseando en el centro de la cuidad de Oaxaca perfectamente documentados cuando fueron rodeados y detenidos por miembros de las fuerzas policiales mexicanas siéndoles robados sus objetos personales y su documentación. Desde ese momento han sufrido maltrato tanto físico como psicológico de manera prolongada así como abusos sexuales.
Por todo esto exigimos la puesta en libertad de forma inmediata y sin cargos de todos ellos y ellas así como la paralización de cualquier proceso de deportación. Asimismo, instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a pedir al gobierno mexicano que tome las medidas oportunas ante esta detención arbitraria y el trato vejante que han sufrido cuatro ciudadanos del Estado Español.
agosto 06, 2007
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México: juicio popular nacional contra Ulises Ruiz |
El acto, iniciado en el Zócalo de la ciudad de México y que culminará hoy, se realiza debido a que el sistema de justicia establecido en el país no garantiza una defensa imparcial "a las víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, quienes al denunciar las transgresiones son perseguidas, hostigadas, amenazadas y hasta asesinadas, debido a la impunidad que prevalece en México", aseguró Cástulo López, de la Comisión de Prensa de la APPO.
Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.
Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.
A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.
El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".
Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.
Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.
Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.
Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.
Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.
Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.
A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.
El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".
Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.
Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.
Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.
Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.
Con informacion de RojoyNegro
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"Para que no sigas defendiendo a estos appos”, le dijeron y lo golpearon |
“Ahí tienes, para que no sigas defendiendo a esos pinches appos”, bramó un furibundo policía antimotín al abogado Jesús Alfredo López García, quién yacía inerme en el asfalto, después de golpearlo a placer con sus compañeros en las proximidades del auditorio Guelaguetza, aquel 16 de julio.
Iracundos, los uniformados lo golpearon con toletes, kendos y puntapiés, hasta verlo casi exánime por la gran cantidad de sangre que escurría de su cabeza.
Una herida en la frente, que necesitó de 10 puntos de sutura, y otras tres en la región occipital, una de ellas cocida con ocho puntos, así como contusiones y escoriaciones en la mayor parte del cuerpo, son las huellas de la agresión.
“Dicen que en Oaxaca no hay represión, pero mi caso es un ejemplo de las atrocidades y brutalidades que aquí se cometen”, dice el defensor, miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, creado por el pintor Francisco Toledo, para excarcelar a simpatizantes del movimiento magisterial y popular.
Casi lo mismo, aunque en otro lado, le sucedió a César Grijalva, psicólogo del mismo colectivo, a quien un policía le cercenó los tendones de la mano derecha con un pedazo de una botella de vidrio que había roto previamente.
El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, de 28 años de edad, había acompañado ese día a la marcha de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se dirigía al auditorio del Cerro del Fortín, para tratar de presentar ahí la “Guelaguetza Popular”, a fin de auxiliar jurídicamente a los eventuales detenidos pero corrió la misma suerte de quienes pretendía defender.
“Conocedor de la actitud intolerante y antidemocrática del gobierno de Ulises Ruiz, fui para asistir legalmente a quienes podrían ser detenidos de manera arbitraria en un posible acto de represión. A eso de las once y media de la mañana, cuando estábamos esperando que el retén policíaco, que estaba restringiendo la garantía constitucional de tránsito, diera el paso a todos los concurrentes para entrar al auditorio, tristemente viene la agresión en contra de la población y así se inicia un disturbio que generó un casos de dimensiones mayúsculas, culminando con aprehensiones masivas arbitrarias y anticonstitucionales, violando incluso protocolos internacionales”, relata.
En eso ---agrega---, “me acerqué a donde se estaban llevando a cabo los peores actos de violencia para auxiliar jurídicamente a quienes estaban siendo aprehendidos, pero me encuentro a dos grupos policíacos y lo primero que hacen es abalanzarse en mi contra para golpearme de manera brutal y salvaje”.
---¿No trató usted de identificarse como abogado y como miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---Si, les dije ‘soy abogado, soy defensor de derechos humanos’ y que estaba haciendo labores jurídicas, pero de nada sirvió. La respuesta fue un severo golpe con un tolete en la frente que me abrió una enorme herida y otros más con las varas de kendo, con los escudos (antimotines), a patadas y hasta con las piedras que traían en la mano. Fue un sinnúmero de golpes que recibí en la cabeza que me hizo desplomarme. Tirado en el piso, todavía me siguieron pateando, hasta que vieron la gran cantidad de sangre que me escurría de la cabeza, oí que dijeron ‘es suficiente’ y me dejaron.
Pero, no todo quedó ahí porque al ser levantado para ser llevado a una camioneta pick sin placas de circulación, que estaban utilizando los policías para trasladar a los detenidos, recibió otros golpes más en el trayecto.
“En el camino, me encuentro con otros elementos que aprovechan la ocasión para darme de patadas y de palos, pese a que pasábamos frente a cámaras fotográficas y de video de muchos periodistas que ahí se encontraban”, cuenta.
En la batea de la camioneta donde fue aventado con otros detenidos, en la que había tambos con bombas de gas lacrimógeno, piedras y cohetones, repitió su identidad a sus captores, pero solamente recibió burlas e insultos.
“Me preguntaron ‘¿Si eres abogado para que te metes en estos pinches desmadres?’ y les contesté que como abogado era defensor de derechos humanos y respondieron ‘eso vale madres’ y vinieron más golpes. Cuando obtuvieron mi nombre, edad y mi domicilio al ver mis identificaciones, cambiaron un poco. ‘Ahí está, tú debes de ser rico, para qué defiendes a esos pinches mugrosos’, me dijeron”, recuerda.
Un paramédico de Protección Civil Municipal lo ve tirado en el piso de la camioneta, sangrando profusamente de la cabeza, y sugiere a un oficial al mando, al parecer un comandante, su traslado a un hospital.
“Casi perdía el conocimiento, pero veo a un paramédico que le dice al que percibo era un comandante ‘a este hay que trasladarlo porque sino se les va a morir’. Aunque en la ambulancia todavía se suben dos policías y me siguen apaleando. Y uno de ellos murmura ‘no qué se va a morir, todavía aguanta, se está haciendo pendejo’ y me sueltan otros golpes. A pesar de mi estado de salud, el paramédico que estaba dentro de la ambulancia no dijo nada cuando me estaban golpeando. El comandante, los ve y les ordena que se bajen para que me lleven al hospital”, refiere.
En el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, señala, “me dejan en la unidad de valoración crítica y ahí un doctor quizá por mi estado de salud, les dice a unas enfermeras ‘pues póngasela, a ver si responde’ y me inyectan una sustancia. Gracias a Dios mi organismo respondió favorablemente porque después me dijeron los doctores que estuve a punto de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre”.
Por seguridad, familiares y miembros del “Comité de Liberación 25 de Noviembre” trasladaron al abogado a un hospital privado para su atención.
“Pensé que estaba en calidad de detenido, pero no, ahí me abandonaron por creer que me iba a morir. A lo mejor de nada les servía un cuerpo, Me llevan a un hospital privado y ahí me tienen durante cuatro días. Me hacen rayos X, tomografías y una resonancia magnética para determinar si no tenía mayores daños en la cabeza, pero afortunadamente no. Sin embargo, los propios doctores me han dicho que las secuelas de un golpe en la cabeza tienen un período de evolución de dos, cuatro, seis o hasta 10 años. Como decimos popularmente todo golpe en la cabeza no sale luego”, apunta.
Ante la agresión, el abogado presentó una queja con la misión de alto nivel de Amnistía Internacional (AI), encabezada por su secretaria general Irene Khan, que recientemente visitó Oaxaca, y está en espera de recuperarse para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público.
“Es una atrocidad lo que hicieron conmigo; es inconcebible que el gobierno que está obligado a cumplir la Ley sea quien la viole. A lo mejor (el Ministerio Público) me pide pruebas, pero afortunadamente existen un sinnúmero de fotografías y videos donde se pueden identificar claramente a los autores de mi agresión. Aunque también exigiré que se finquen responsabilidades a los mandos de quienes estuvieron al frente de los policías y que les ordenaron realizar estas canalladas”, señala.
---Por haber estado en peligro su vida, ¿ha pensado usted dejar el Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---No, para nada, Quiero decirle a este régimen represor, autoritario y fascista, que las severas lesiones que me causaron no han hecho la más mínima mella en mis convicciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos.
Iracundos, los uniformados lo golpearon con toletes, kendos y puntapiés, hasta verlo casi exánime por la gran cantidad de sangre que escurría de su cabeza.
Una herida en la frente, que necesitó de 10 puntos de sutura, y otras tres en la región occipital, una de ellas cocida con ocho puntos, así como contusiones y escoriaciones en la mayor parte del cuerpo, son las huellas de la agresión.
“Dicen que en Oaxaca no hay represión, pero mi caso es un ejemplo de las atrocidades y brutalidades que aquí se cometen”, dice el defensor, miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, creado por el pintor Francisco Toledo, para excarcelar a simpatizantes del movimiento magisterial y popular.
Casi lo mismo, aunque en otro lado, le sucedió a César Grijalva, psicólogo del mismo colectivo, a quien un policía le cercenó los tendones de la mano derecha con un pedazo de una botella de vidrio que había roto previamente.
El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, de 28 años de edad, había acompañado ese día a la marcha de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se dirigía al auditorio del Cerro del Fortín, para tratar de presentar ahí la “Guelaguetza Popular”, a fin de auxiliar jurídicamente a los eventuales detenidos pero corrió la misma suerte de quienes pretendía defender.
“Conocedor de la actitud intolerante y antidemocrática del gobierno de Ulises Ruiz, fui para asistir legalmente a quienes podrían ser detenidos de manera arbitraria en un posible acto de represión. A eso de las once y media de la mañana, cuando estábamos esperando que el retén policíaco, que estaba restringiendo la garantía constitucional de tránsito, diera el paso a todos los concurrentes para entrar al auditorio, tristemente viene la agresión en contra de la población y así se inicia un disturbio que generó un casos de dimensiones mayúsculas, culminando con aprehensiones masivas arbitrarias y anticonstitucionales, violando incluso protocolos internacionales”, relata.
En eso ---agrega---, “me acerqué a donde se estaban llevando a cabo los peores actos de violencia para auxiliar jurídicamente a quienes estaban siendo aprehendidos, pero me encuentro a dos grupos policíacos y lo primero que hacen es abalanzarse en mi contra para golpearme de manera brutal y salvaje”.
---¿No trató usted de identificarse como abogado y como miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---Si, les dije ‘soy abogado, soy defensor de derechos humanos’ y que estaba haciendo labores jurídicas, pero de nada sirvió. La respuesta fue un severo golpe con un tolete en la frente que me abrió una enorme herida y otros más con las varas de kendo, con los escudos (antimotines), a patadas y hasta con las piedras que traían en la mano. Fue un sinnúmero de golpes que recibí en la cabeza que me hizo desplomarme. Tirado en el piso, todavía me siguieron pateando, hasta que vieron la gran cantidad de sangre que me escurría de la cabeza, oí que dijeron ‘es suficiente’ y me dejaron.
Pero, no todo quedó ahí porque al ser levantado para ser llevado a una camioneta pick sin placas de circulación, que estaban utilizando los policías para trasladar a los detenidos, recibió otros golpes más en el trayecto.
“En el camino, me encuentro con otros elementos que aprovechan la ocasión para darme de patadas y de palos, pese a que pasábamos frente a cámaras fotográficas y de video de muchos periodistas que ahí se encontraban”, cuenta.
En la batea de la camioneta donde fue aventado con otros detenidos, en la que había tambos con bombas de gas lacrimógeno, piedras y cohetones, repitió su identidad a sus captores, pero solamente recibió burlas e insultos.
“Me preguntaron ‘¿Si eres abogado para que te metes en estos pinches desmadres?’ y les contesté que como abogado era defensor de derechos humanos y respondieron ‘eso vale madres’ y vinieron más golpes. Cuando obtuvieron mi nombre, edad y mi domicilio al ver mis identificaciones, cambiaron un poco. ‘Ahí está, tú debes de ser rico, para qué defiendes a esos pinches mugrosos’, me dijeron”, recuerda.
Un paramédico de Protección Civil Municipal lo ve tirado en el piso de la camioneta, sangrando profusamente de la cabeza, y sugiere a un oficial al mando, al parecer un comandante, su traslado a un hospital.
“Casi perdía el conocimiento, pero veo a un paramédico que le dice al que percibo era un comandante ‘a este hay que trasladarlo porque sino se les va a morir’. Aunque en la ambulancia todavía se suben dos policías y me siguen apaleando. Y uno de ellos murmura ‘no qué se va a morir, todavía aguanta, se está haciendo pendejo’ y me sueltan otros golpes. A pesar de mi estado de salud, el paramédico que estaba dentro de la ambulancia no dijo nada cuando me estaban golpeando. El comandante, los ve y les ordena que se bajen para que me lleven al hospital”, refiere.
En el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, señala, “me dejan en la unidad de valoración crítica y ahí un doctor quizá por mi estado de salud, les dice a unas enfermeras ‘pues póngasela, a ver si responde’ y me inyectan una sustancia. Gracias a Dios mi organismo respondió favorablemente porque después me dijeron los doctores que estuve a punto de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre”.
Por seguridad, familiares y miembros del “Comité de Liberación 25 de Noviembre” trasladaron al abogado a un hospital privado para su atención.
“Pensé que estaba en calidad de detenido, pero no, ahí me abandonaron por creer que me iba a morir. A lo mejor de nada les servía un cuerpo, Me llevan a un hospital privado y ahí me tienen durante cuatro días. Me hacen rayos X, tomografías y una resonancia magnética para determinar si no tenía mayores daños en la cabeza, pero afortunadamente no. Sin embargo, los propios doctores me han dicho que las secuelas de un golpe en la cabeza tienen un período de evolución de dos, cuatro, seis o hasta 10 años. Como decimos popularmente todo golpe en la cabeza no sale luego”, apunta.
Ante la agresión, el abogado presentó una queja con la misión de alto nivel de Amnistía Internacional (AI), encabezada por su secretaria general Irene Khan, que recientemente visitó Oaxaca, y está en espera de recuperarse para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público.
“Es una atrocidad lo que hicieron conmigo; es inconcebible que el gobierno que está obligado a cumplir la Ley sea quien la viole. A lo mejor (el Ministerio Público) me pide pruebas, pero afortunadamente existen un sinnúmero de fotografías y videos donde se pueden identificar claramente a los autores de mi agresión. Aunque también exigiré que se finquen responsabilidades a los mandos de quienes estuvieron al frente de los policías y que les ordenaron realizar estas canalladas”, señala.
---Por haber estado en peligro su vida, ¿ha pensado usted dejar el Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---No, para nada, Quiero decirle a este régimen represor, autoritario y fascista, que las severas lesiones que me causaron no han hecho la más mínima mella en mis convicciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos.
Con informacion de NoticiasOax
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