Dos son las situaciones que en este momento destacan en Oaxaca. Una, artificial, pasajera, de jolgorio y simulación. La otra, cruda, real, ya casi permanente, de subversión a un orden inquisitorial, represivo, caciquil que cada vez sume más en la miseria a una entidad de suyo pobre.
Y ante esos dos entornos, una realidad indiscutible: el estado de sitio, el régimen de excepción que hace posible el simulacro de gobernabilidad presentado ayer por Ulises Ruiz, ante sus “invitados” especiales.
Un estado de sitio ya no virtual, sino tangible, cuando la Federación se muestra remisa a actuar para devolver el orden a los oaxaqueños por la vía de la negociación política para privilegiar la estancia de Ruiz en la casa de gobierno.
No sólo Los Pinos y Gobernación permiten que Ruiz, como le decía ayer, haga y –-peor-— deshaga. También la Corte Suprema, que mantiene en la “congeladora” un fallo que, ni para dónde hacerse, resultará lesivo al cacique en turno. Y el Congreso ¿de la Unión?, claro, cuyas dos Cámaras se niegan a actuar como la Constitución se los ordena, atrapadas como están en la negociación política para sacar adelante una miscelánea fiscal que es repudiada por tirios y troyanos.
En ese ambiente, el poder público federal ha reforzado las facultades del Ejecutivo local en demérito de las mínimas garantías individuales y sociales, dizque para mantener el orden.
Lo peor es que no sólo las garantías están ahora mismo en suspenso. Lo peor, sí, es que el déspota Ruiz se muestra todavía más retador, al desconocer de facto la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 15/2007, que le ordena investigue y sancione a dos de sus colaboradores, Lino Celaya Luría y Lizbeth Caña Cadeza, por las violaciones cometidas durante el conflicto social.
Con todo ello, siguen las detenciones y las desapariciones. Los golpeados hasta la muerte.
Y aunque dirigido al Ejército Popular Revolucionario, el discurso pronunciado ayer por el señor Calderón en instalaciones militares y ante militares, debe tener también como destinatario al sátrapa Ruiz:
El gobierno federal actuará con firmeza ante las amenazas y los crímenes cometidos contra el patrimonio de todos los mexicanos, dijo el ocupante de Los Pinos.
También que por mandato de ley y por convicción se perseguirá y castigará a quienes atentan contra la seguridad nacional y pretenden debilitar a las instituciones o las instalaciones estratégicas que son del pueblo.
"La violencia nunca podrá estar por encima de las ideas. No debemos confundir la lucha política, que es válida y necesaria en la democracia, con actos criminales que atentan contra ella".
Y en Oaxaca, hay un solo responsable de los actos criminales: Ulises Ruiz.
¿Va, ahora sí, el gobierno federal a tomar cartas en el asunto? ¿Con intercambio de ideas? ¿Dejando a un lado las armas y los garrotes que blande Ruiz?
¿Hasta cuando habrá dos, tres, cuatro, decenas, cientos, miles de Oaxacas?
Y ante esos dos entornos, una realidad indiscutible: el estado de sitio, el régimen de excepción que hace posible el simulacro de gobernabilidad presentado ayer por Ulises Ruiz, ante sus “invitados” especiales.
Un estado de sitio ya no virtual, sino tangible, cuando la Federación se muestra remisa a actuar para devolver el orden a los oaxaqueños por la vía de la negociación política para privilegiar la estancia de Ruiz en la casa de gobierno.
No sólo Los Pinos y Gobernación permiten que Ruiz, como le decía ayer, haga y –-peor-— deshaga. También la Corte Suprema, que mantiene en la “congeladora” un fallo que, ni para dónde hacerse, resultará lesivo al cacique en turno. Y el Congreso ¿de la Unión?, claro, cuyas dos Cámaras se niegan a actuar como la Constitución se los ordena, atrapadas como están en la negociación política para sacar adelante una miscelánea fiscal que es repudiada por tirios y troyanos.
En ese ambiente, el poder público federal ha reforzado las facultades del Ejecutivo local en demérito de las mínimas garantías individuales y sociales, dizque para mantener el orden.
Lo peor es que no sólo las garantías están ahora mismo en suspenso. Lo peor, sí, es que el déspota Ruiz se muestra todavía más retador, al desconocer de facto la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 15/2007, que le ordena investigue y sancione a dos de sus colaboradores, Lino Celaya Luría y Lizbeth Caña Cadeza, por las violaciones cometidas durante el conflicto social.
Con todo ello, siguen las detenciones y las desapariciones. Los golpeados hasta la muerte.
Y aunque dirigido al Ejército Popular Revolucionario, el discurso pronunciado ayer por el señor Calderón en instalaciones militares y ante militares, debe tener también como destinatario al sátrapa Ruiz:
El gobierno federal actuará con firmeza ante las amenazas y los crímenes cometidos contra el patrimonio de todos los mexicanos, dijo el ocupante de Los Pinos.
También que por mandato de ley y por convicción se perseguirá y castigará a quienes atentan contra la seguridad nacional y pretenden debilitar a las instituciones o las instalaciones estratégicas que son del pueblo.
"La violencia nunca podrá estar por encima de las ideas. No debemos confundir la lucha política, que es válida y necesaria en la democracia, con actos criminales que atentan contra ella".
Y en Oaxaca, hay un solo responsable de los actos criminales: Ulises Ruiz.
¿Va, ahora sí, el gobierno federal a tomar cartas en el asunto? ¿Con intercambio de ideas? ¿Dejando a un lado las armas y los garrotes que blande Ruiz?
¿Hasta cuando habrá dos, tres, cuatro, decenas, cientos, miles de Oaxacas?
