México: juicio popular nacional contra Ulises Ruiz

El acto, iniciado en el Zócalo de la ciudad de México y que culminará hoy, se realiza debido a que el sistema de justicia establecido en el país no garantiza una defensa imparcial "a las víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, quienes al denunciar las transgresiones son perseguidas, hostigadas, amenazadas y hasta asesinadas, debido a la impunidad que prevalece en México", aseguró Cástulo López, de la Comisión de Prensa de la APPO.

Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.

Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.

A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.

El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".

Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.

Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.

Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.

Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.

Con informacion de RojoyNegro

"Para que no sigas defendiendo a estos appos”, le dijeron y lo golpearon

“Ahí tienes, para que no sigas defendiendo a esos pinches appos”, bramó un furibundo policía antimotín al abogado Jesús Alfredo López García, quién yacía inerme en el asfalto, después de golpearlo a placer con sus compañeros en las proximidades del auditorio Guelaguetza, aquel 16 de julio.

Iracundos, los uniformados lo golpearon con toletes, kendos y puntapiés, hasta verlo casi exánime por la gran cantidad de sangre que escurría de su cabeza.

Una herida en la frente, que necesitó de 10 puntos de sutura, y otras tres en la región occipital, una de ellas cocida con ocho puntos, así como contusiones y escoriaciones en la mayor parte del cuerpo, son las huellas de la agresión.

“Dicen que en Oaxaca no hay represión, pero mi caso es un ejemplo de las atrocidades y brutalidades que aquí se cometen”, dice el defensor, miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, creado por el pintor Francisco Toledo, para excarcelar a simpatizantes del movimiento magisterial y popular.

Casi lo mismo, aunque en otro lado, le sucedió a César Grijalva, psicólogo del mismo colectivo, a quien un policía le cercenó los tendones de la mano derecha con un pedazo de una botella de vidrio que había roto previamente.

El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, de 28 años de edad, había acompañado ese día a la marcha de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se dirigía al auditorio del Cerro del Fortín, para tratar de presentar ahí la “Guelaguetza Popular”, a fin de auxiliar jurídicamente a los eventuales detenidos pero corrió la misma suerte de quienes pretendía defender.

“Conocedor de la actitud intolerante y antidemocrática del gobierno de Ulises Ruiz, fui para asistir legalmente a quienes podrían ser detenidos de manera arbitraria en un posible acto de represión. A eso de las once y media de la mañana, cuando estábamos esperando que el retén policíaco, que estaba restringiendo la garantía constitucional de tránsito, diera el paso a todos los concurrentes para entrar al auditorio, tristemente viene la agresión en contra de la población y así se inicia un disturbio que generó un casos de dimensiones mayúsculas, culminando con aprehensiones masivas arbitrarias y anticonstitucionales, violando incluso protocolos internacionales”, relata.

En eso ---agrega---, “me acerqué a donde se estaban llevando a cabo los peores actos de violencia para auxiliar jurídicamente a quienes estaban siendo aprehendidos, pero me encuentro a dos grupos policíacos y lo primero que hacen es abalanzarse en mi contra para golpearme de manera brutal y salvaje”.

---¿No trató usted de identificarse como abogado y como miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”?

---Si, les dije ‘soy abogado, soy defensor de derechos humanos’ y que estaba haciendo labores jurídicas, pero de nada sirvió. La respuesta fue un severo golpe con un tolete en la frente que me abrió una enorme herida y otros más con las varas de kendo, con los escudos (antimotines), a patadas y hasta con las piedras que traían en la mano. Fue un sinnúmero de golpes que recibí en la cabeza que me hizo desplomarme. Tirado en el piso, todavía me siguieron pateando, hasta que vieron la gran cantidad de sangre que me escurría de la cabeza, oí que dijeron ‘es suficiente’ y me dejaron.

Pero, no todo quedó ahí porque al ser levantado para ser llevado a una camioneta pick sin placas de circulación, que estaban utilizando los policías para trasladar a los detenidos, recibió otros golpes más en el trayecto.

“En el camino, me encuentro con otros elementos que aprovechan la ocasión para darme de patadas y de palos, pese a que pasábamos frente a cámaras fotográficas y de video de muchos periodistas que ahí se encontraban”, cuenta.

En la batea de la camioneta donde fue aventado con otros detenidos, en la que había tambos con bombas de gas lacrimógeno, piedras y cohetones, repitió su identidad a sus captores, pero solamente recibió burlas e insultos.

“Me preguntaron ‘¿Si eres abogado para que te metes en estos pinches desmadres?’ y les contesté que como abogado era defensor de derechos humanos y respondieron ‘eso vale madres’ y vinieron más golpes. Cuando obtuvieron mi nombre, edad y mi domicilio al ver mis identificaciones, cambiaron un poco. ‘Ahí está, tú debes de ser rico, para qué defiendes a esos pinches mugrosos’, me dijeron”, recuerda.

Un paramédico de Protección Civil Municipal lo ve tirado en el piso de la camioneta, sangrando profusamente de la cabeza, y sugiere a un oficial al mando, al parecer un comandante, su traslado a un hospital.

“Casi perdía el conocimiento, pero veo a un paramédico que le dice al que percibo era un comandante ‘a este hay que trasladarlo porque sino se les va a morir’. Aunque en la ambulancia todavía se suben dos policías y me siguen apaleando. Y uno de ellos murmura ‘no qué se va a morir, todavía aguanta, se está haciendo pendejo’ y me sueltan otros golpes. A pesar de mi estado de salud, el paramédico que estaba dentro de la ambulancia no dijo nada cuando me estaban golpeando. El comandante, los ve y les ordena que se bajen para que me lleven al hospital”, refiere.

En el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, señala, “me dejan en la unidad de valoración crítica y ahí un doctor quizá por mi estado de salud, les dice a unas enfermeras ‘pues póngasela, a ver si responde’ y me inyectan una sustancia. Gracias a Dios mi organismo respondió favorablemente porque después me dijeron los doctores que estuve a punto de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre”.

Por seguridad, familiares y miembros del “Comité de Liberación 25 de Noviembre” trasladaron al abogado a un hospital privado para su atención.

“Pensé que estaba en calidad de detenido, pero no, ahí me abandonaron por creer que me iba a morir. A lo mejor de nada les servía un cuerpo, Me llevan a un hospital privado y ahí me tienen durante cuatro días. Me hacen rayos X, tomografías y una resonancia magnética para determinar si no tenía mayores daños en la cabeza, pero afortunadamente no. Sin embargo, los propios doctores me han dicho que las secuelas de un golpe en la cabeza tienen un período de evolución de dos, cuatro, seis o hasta 10 años. Como decimos popularmente todo golpe en la cabeza no sale luego”, apunta.

Ante la agresión, el abogado presentó una queja con la misión de alto nivel de Amnistía Internacional (AI), encabezada por su secretaria general Irene Khan, que recientemente visitó Oaxaca, y está en espera de recuperarse para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público.

“Es una atrocidad lo que hicieron conmigo; es inconcebible que el gobierno que está obligado a cumplir la Ley sea quien la viole. A lo mejor (el Ministerio Público) me pide pruebas, pero afortunadamente existen un sinnúmero de fotografías y videos donde se pueden identificar claramente a los autores de mi agresión. Aunque también exigiré que se finquen responsabilidades a los mandos de quienes estuvieron al frente de los policías y que les ordenaron realizar estas canalladas”, señala.

---Por haber estado en peligro su vida, ¿ha pensado usted dejar el Comité de Liberación “25 de Noviembre”?

---No, para nada, Quiero decirle a este régimen represor, autoritario y fascista, que las severas lesiones que me causaron no han hecho la más mínima mella en mis convicciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos.

Con informacion de NoticiasOax