Un analisis de la situación que pasa PEMEX con las modificaciones que intenta Calderón en la estructura de PEMEX.
Recuerda que tenemos más para que descargen y digundan PPS para romper el Cercon
mayo 14, 2008
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Romper el Cerco |
Recuerda que tenemos más para que descargen y digundan PPS para romper el Cercon
mayo 01, 2008
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Adelitas en Acción |
Toma del Senado escena donde las PFPas quieren amedrentar a las Adelitas quienes realizan Resistencia Civil Pacifica y logran impedir el Acceso de las PFPas.
por AMLO TV
Radio AMLO
abril 26, 2008
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Mandan video ¿Quién se lleva lo nuestro? (El petróleo Mexicano) |
Hola compañeros:
Les envío el link del video de la mesa de debate sobre el petróleo mexicano llevada a cabo el pasado 18 de Abril de 2008 en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Participantes:
Ing. Francisco Garaicochea Petrirena
Dr. Víctor Rodríguez Padilla
Moderador:
Humberto Arce Rincón
http://video.google.es/videoplay?docid=4814473259380083870
abril 11, 2008
abril 10, 2008
marzo 23, 2008
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Antes del Tesoro Petrolero, FeCamilo Quieren al PRD |
El caso de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño es patético, pues en su torpe empeño por defenderse ante las evidencias de los actos de corrupción que están cometiendo en la industria petrolera, buscan ahora apoderarse de la dirección nacional del PRD e imponer a un secuaz suyo.
1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para: a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.
2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.
3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en la Plaza de la Constitución en el 70 aniversario de la expropiación, puntualizando la importancia estratégica que tiene para México mantener la industria petrolera en manos del Estado para poder ser un país libre y soberano, alertando sobre la privatización disfrazada que planean el PAN y el PRI al pretender modificar la legislación secundaria para "legalizar" los contratos de servicios múltiples y la asociación con consorcios trasnacionales, y la posibilidad de un albazo legislativo en ese sentido, y anunciando un plan nacional de movilización civil pacífica, exacerbó el nerviosismo de los ultraderechistas que pretenden gobernar y las contradicciones en el interior del PRI.
4. El PAN nació en 1939, financiado por las compañías petroleras expropiadas, y con un objetivo central que era echar abajo las reformas cardenistas, lo que ahora les da una coartada a los panistas, pero el PRI defendió en el pasado los principios del artículo 27 constitucional, y un director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, como recordó López Obrador, se opuso con tenacidad a los "contratos riesgo" que comprometen el destino del país, y que hoy defiende su hijo al frente de Pemex.
5. Mouriño y Calderón sufrieron en menos de una semana dos derrotas que agravaron su situación de debilidad y comprometieron aún más su proyecto privatizador. La primera fue la derrota del PP español en las elecciones del día 9 que impidieron a los neofranquistas Aznar y Rajoy –mentores, socios y protectores de los panistas– regresar al gobierno desde donde hubieran sido un apoyo invaluable para éstos, y aunque Zapatero y el PSOE impulsan también la voracidad de las trasnacionales hispanas en América Latina, y en particular de la Repsol, uno de los 10 mayores consorcios petroleros del mundo, la situación no es la misma. Y la segunda fue la victoria de Alejandro Encinas en las elecciones internas del PRD derrotando el domingo 16 a Jesús Ortega, candidato de Calderón.
6. La torpe reacción de Mouriño y Calderón, que en evidente colusión con el equipo de Ortega, han lanzado una grosera campaña mediática para calificar como fraudulentas las elecciones perredistas y descalificar la victoria de Encinas, pretendiendo además con golpes fraudulentos de mano revertir los resultados para poder anularlos con la intervención del tribunal electoral, no revela más que la desesperación de estos pillos que se adueñaron del poder por un fraude, y que al fracasar este otro fraude que instrumentaron para el domingo 16 en alianza con el equipo orteguista insisten con todo el peso del Estado en imponerle una dirección al PRD con el fin de paraestatalizarlo, marginar a López Obrador y facilitar la privatización.
7. La mentira mayor de los medios en este aspecto es que no se trataba de elecciones internas entre dos candidatos internos –Encinas y Ortega–, sino de elecciones cruciales para el gobierno calderonista en las que uno de los dos candidatos –Jesús Ortega– era el candidato de Calderón por lo que el gobierno calderonista y sus dependencias –desde Sedesol hasta los gobernadores afines—, así como los medios, intervinieron para ayudarlo por la vía ilegal, como ahora quieren seguir haciéndolo.
8. El obstáculo mayor que encuentra el gobierno espurio para privatizar el petróleo mexicano no está, sin embargo, en un partido –el PRD– ni en el Frente Amplio Progresista, y ni siquiera en las fuerzas sociales aglutinadas en la convención nacional democrática, sino en las grandes mayorías del pueblo mexicano, que están oponiéndose a esa privatización y a los actos de corrupción de Calderón y Mouriño y de todos sus secuaces: César Nava, Alfredo Elías Ayub, Dionisio Pérez Jácome, Diego Zavala y toda la red delincuencial que tienen en el interior de Pemex.
9. Calderón y Mouriño, que usufructúan de manera ilegal el poder, no hallan cómo resolver su situación y distraer del debate sobre sus actos de corrupción que frena su proyecto, pues para mantenerse en el cargo buscan ahora apoderarse del PRD y poner en su dirección a Ortega, o, se dice, a un cardenista, dada la convergencia de los planteamientos en materia petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Calderón.
10. La entrega del petróleo mexicano al capital extranjero, sin embargo, no va a pasar: no sólo porque es contraria a la razón y a la ley, así como a la historia de luchas del pueblo mexicano, sino porque amplios sectores de mexicanos están decididos a impedirla.
Con información de Blogotitlán
marzo 17, 2008
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Mapa de las Operaciones Secretas de Mouriño |
Mouriño, negocios al amparo del poder
De los 10 contratos y convenios, más cuatro modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, seis fueron formalizados por el secretario de Gobernación –y avalados por el jurídico de Pemex, a cargo de César Nava Vázquez–, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses. Uno de los contratos, que firmó como funcionario federal, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, permanecen cerradas y sin acceso a la opinión pública
Ana Lilia Pérez
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Diagrama de operaciones, alianzas y empresas
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Entre 1998 y enero de 2008, la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, suscribió 10 contratos y convenios y cuatro modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. Seis de ellos los firmó cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener) y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa.
La firma de los contratos supone conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de servidores públicos, tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, de acuerdo con juristas. Los especialistas evalúan que, aunque el último contrato que firmó Mouriño data de hace cuatro años, por tratarse de un acto continuo, es decir, que la dependencia y los funcionarios que asignaron los contratos y convenios fueron los mismos y que todos fueron adjudicaciones directas, los supuestos ilícitos en que habría incurrido aún no han prescrito.
Firmado por Mouriño
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Firmado por Mouriño
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Firmado por Mouriño Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía |
Firmado por Mouriño Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía |
Firmado por Mouriño Cargo: Candidato a presidente municipal de Campeche |
Firmado por el apoderado legal Luis Fernando Coyoc Cargo: Director de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener
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Un análisis realizado por auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para Contralínea, destaca irregularidades de la compañía aun en los contratos que no fueron suscritos de manera directa por Mouriño Terrazo. Explica que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Ivancar habría incurrido en anomalías, pues el parentesco de sus actuales directivos con el hoy secretario de Gobernación era motivo suficiente para que Pemex se abstuviera de su contratación.
La misma ley prohíbe adjudicaciones en condiciones de parentesco directo de la compañía con funcionarios de cualquier dependencia, y todas las asignaciones de Ivancar están en este esquema. Además, las contrataciones superaron el tope presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las adjudicaciones directas.
Por cada contrato, convenio y las modificaciones a éstos de Ivancar con Pemex, a partir de que Mouriño ingresó como funcionario público, éste debió presentar a su superior inmediato, es decir a Felipe Calderón, una declaración de intereses en conflicto o en su caso una declaración espontánea de incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Calderón, a su vez, dar vista a la SFP, la cual no recibió ninguna notificación al respecto.
La responsabilidad por estas supuestas irregularidades alcanzaría a los abogados adscritos a la Oficina del Abogado General de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón, a su sucesor José Néstor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes habrían incurrido en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o servicios.
En sus declaraciones patrimoniales ante la SFP, Mouriño omitió los ingresos que obtuvo por estas transacciones comerciales con Pemex. En su primera declaración, hecha en 2003, cuando firmó el más reciente convenio de Ivancar, declaró que tenía ingresos mensuales netos por 5 mil pesos por actividades financieras (las cuales no especificó); que recibía 100 mil pesos al mes por actividades que no aclaró; así como ingresos que superaban el sueldo que percibía como funcionario de la Sener, por 86 mil 75 pesos.
“Se trata de negocios al amparo del poder que desde ese tiempo ha realizado Juan Camilo Mouriño”, considera el coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), que aglutina a legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), indica que el caso Mouriño “es una continuidad de la forma en que operó el gobierno de Vicente Fox, porque es el mismo giro que operaban los (hermanos) Bribiesca, y es también el apoyo que por debajo del agua le dio Fox a Calderón; por eso el PAN se niega a que se finquen responsabilidades”.
Explica que “los contratos y convenios son contundentes para demostrar que el panismo ha tomado a Pemex como su caja chica, como antes hizo el PRI con la Lotería Nacional”. Reflexiona que “éste es el concepto que tienen quienes ahora buscan la reforma energética: el de una empresa que no debe ser de la nación, sino un área de negocios por ellos controlada”.
Funcionario y contratista
Luego de que Contralínea dio a conocer que como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y como funcionario de la Sener, Juan Camilo Mouriño firmó con Pemex contratos, convenios y modificaciones para la empresa TEISA de la cual es accionista; y luego de que Andrés Manuel López Obrador lo acusara públicamente de traficante de influencias, Mouriño reconoció haber suscrito dichos documentos, uno de ellos cuando ya era subordinado de Calderón Hinojosa.
El 5 de diciembre de 2003, Mouriño Terrazo, a la sazón director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, señaló en su primera declaración patrimonial que ingresó a la dependencia –entonces a cargo de Calderón– el 16 de octubre de ese año.
Dio como domicilio el piso 16 de Insurgentes Sur 890, colonia Del Valle, del Distrito Federal, es decir, la sede de la Sener; con su correo electrónico jcamilmt@energia.gob.mx y con número telefónico 50-00-60-87.
Mouriño firmó como representante y apoderado legal de TEISA el convenio GTT-00142-01/2004, para la prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados de petróleo, por 8 millones 300 mil pesos –que según los juristas implicaría responsabilidad penal–. El convenio le fue entregado en la gestión de Juan Bueno Torio –entonces director de Pemex Refinación– por adjudicación directa, y sin que la empresa demostrara su capacidad técnica ni económica.
En su dualidad como funcionario y contratista del gobierno federal, ante la SFP señalaba como su domicilio la sede de la Sener, mientras que en los documentos mercantiles con Pemex, el de la oficina de la transportista, en avenida Ruiz Cortines 112, torre B, tercer nivel, edificio Torres de Cristal, Colonia San Román, Campeche, Campeche.
Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el pasado 7 de marzo, Mouriño aseguró que aún cuando como funcionario de la Sener firmó uno de los convenios de Ivancar con Pemex, ya no tenía relación con la transportista, pero dicho documento –GTT-00142-01/2004– asienta que Mouriño ofreció como fundamento legal una escritura pública de 1998 en la que él aparece con el 10 por ciento de las acciones.
Acciones en duda
Como lo reveló Contralínea en su edición del pasado 15 de febrero, a seis años de que los padres del hoy secretario de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo Blanco, se convirtieran en accionistas de TEISA (junto con otros seis socios), el 13 de agosto de 1991 incluyeron a sus tres hijos: Carlos, María de los Ángeles y Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Así, el 25 de febrero de 1997 los cinco accionistas de TEISA crearon el Grupo Energético del Sur (GES), cuyo objeto social, según su acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades”. La primera empresa del corporativo fue precisamente TEISA; luego, en menos de 10 años se harían de otras 47 compañías.
En sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la SFP a partir de 2003, Mouriño asegura que de 1993 a 1994 ocupó el cargo de gerente administrativo de GES y de director de finanzas de 1995 a 1997, cuando fue electo diputado del Congreso de Campeche. Sin embargo, el acta constitutiva indica que GES se creó en 1997.
Entre el 24 de mayo de 1995 y el 28 de abril de 2004, Mouriño Terrazo se desempeñó como apoderado legal de Ivancar. Pero aunque el 26 de enero de 2005, Luis Fernando Coyoc lo sustituyó como representante de la compañía, hasta ahora la compañía no ha presentado ante Pemex el acta modificatoria que indique que el hoy secretario de Gobernación ya no es accionista.
El único movimiento registrado por la contratista ante Pemex fue un acta del 27 de mayo de 1999, en la cual los accionistas de Ivancar, Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles Mouriño Terrazo trasladaron sus acciones de TEISA al corporativo GES. De hecho, la documentación fiscal para el cobro a Pemex son facturas que incluyen tanto a GES como a Ivancar.
La documentación contable expedida a favor de GES –registrada en la escritura pública número 19, del 25 de febrero de 1997, ante el notario público 47 de Campeche, Fernando de Trueba Browm– indica que los accionistas son Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Carlos Mouriño Terrazo, Juan Camilo Mouriño Terrazo y María de los Ángeles Mouriño Terrazo.
Los contratos de Ivancar
Aunque desde hace más de una década TEISA presta servicios a Pemex, no está registrada –como marca la ley– en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal, el cual administra la SFP a través del sistema Compranet. Inexplicablemente, el portal de compras del gobierno federal no da cuenta de los contratos ni de los montos otorgados a Ivancar.
En octubre de 1997, Juan Camilo Mouriño fue electo como diputado del Congreso de Campeche por el PAN. Tres meses después, Ivancar recibió de Pemex Refinación un convenio para transporte de hidrocarburos, vigente del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1998, por asignación directa del entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willars Andrade y del subdirector comercial Emilio Aguado Calvet.
Willars, amigo del entonces presidente Ernesto Zedillo, está prófugo de la justicia desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por un supuesto fraude de 140 millones de dólares en agravio de Pemex Petroquímica, que involucra también a las empresas Proesa y Oximex, ambas de Alfredo Miguel, también fugitivo.
El 15 de diciembre de 1999, el diputado Juan Camilo ayudó a su padre a coordinar la campaña de Vicente Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Fue entonces cuando Pemex Refinación adjudicó a Ivancar el convenio GTT-0142-01/2000 por 3 millones 701 mil pesos, vigente durante 2000. El documento, de seis fojas, fue firmado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, encargada del despacho de la Gerencia de Transporte Terrestre y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex –quien ayudara a Jaime Mario Willars a fraguar el supuesto fraude en agravio de la paraestatal– y por Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Legislador y contratista
Si bien desde hacía algunos años Ivancar era prestadora de servicios de Pemex, fue precisamente a partir de que Juan Camilo Mouriño, el 9 de septiembre de 2000, se convirtió en presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando operó como contratista de la paraestatal. Y fue entonces también cuando los convenios de Ivancar que él firmaba se duplicaron y triplicaron. Después vino un contrato transexenal.
Así, el 14 de noviembre de 2000, Ivancar recibió los convenios GTT-0142-02/2000, por 630 mil 351.16 pesos, para el periodo del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2000, y el 4 de diciembre, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, para el periodo del 4 al 31 de diciembre del mismo año, ambos por asignación directa.
El primer convenio que de manera directa firmó Juan Camilo Mouriño para Ivancar fue el GTT-0142-01/2001, el 20 de diciembre de 2000. El monto se duplicó en 6 millones 856 mil 722.82 pesos, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
El 28 de agosto de 2001, Mouriño firmó el convenio GTT-0142-02/2001, por 2 millones 100 mil pesos para el periodo de agosto a diciembre.
Cuatro meses después, el 20 de diciembre de 2001, Juan Camilo firmó el convenio GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El 20 de diciembre de 2002, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2003, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Dos meses antes de que este convenio concluyera, Pemex Refinación otorgó a Ivancar la operación de nuevas rutas de transporte de hidrocarburos: Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Madero-San Luis Potosí, Gómez Palacio-Parral, dentro del proyecto piloto que impulsó Juan Bueno Torio, y que fue calificado como irregular por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Contralínea 97) y denunciado ante la SFP y la Procuraduría General de la República por diputados de oposición. El 1 de septiembre Juan Camilo Mouriño firmó el convenio modificatorio número GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre de 2003, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2004, por el que, según juristas consultados, habría incurrido en delitos penales, merced a que ya era director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener.
Beneficios transexenales
El 1 de octubre de 2004 se autorizó a Ivancar un monto adicional de 1 millón 660 mil pesos por el último convenio que firmara Mouriño, formalizado en el documento GTT-00142-01-M/2004, suscrito por Luis Fernando Coyoc como apoderado de la transportista. En diciembre de ese año se le asignó el convenio GTT-00142-01/2005 por 9 millones 530 mil pesos, para el periodo de enero a diciembre de 2005.
A la salida de Juan Camilo Mouriño de la Sener para incorporarse a la campaña de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, Ivancar recibió de Pemex un contrato transexenal, actualmente en vigor.
El 26 de enero de 2005, el Consejo de Administración de Pemex Refinación, presidido por Juan Bueno Torio, acordó asignar contratos multianuales a transportistas miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
El oficio DG 69/2005, remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, contiene el listado de transportistas a los que les darían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, y cuyo monto fue de 10 mil 114 millones de pesos.
La lista de los beneficiados fue remitida por la Canacar a Pedro Carlos Gómez Flores, exfuncionario de Pemex, quien actualmente enfrenta denuncias penales y administrativas por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos para transportación de hidrocarburos vía marítima y terrestre.
Resultaron beneficiadas Ivancar y las empresas de la familia de Juan Bueno Torio: Autotanques de México; Fletera Continental de Líquidos (propiedad de Luis Ortiz Ríos, hermano de Juan José, cuñado de Juan Bueno); Transportadora y Distribuidora Isabel (propiedad de Emilio Bueno Lázaro), y Autotransportes Flensa, de la que Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox, es accionista.
El 1 de junio de 2005, cuando Mouriño se desempeñaba como vicecoordinador de campaña de Felipe Calderón, Ivancar obtuvo, por primera vez, un contrato transexenal GTT-00142-CM/2205-2208 por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, firmado por José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Convenios y Contratos, y sellado con el nombre de Silvia Oropeza Querejeta, subgerente Jurídico de Contratos. Éste ha presentado irregularidades fiscales como duplicación del monto autorizado como tope presupuestal.
A unos días de que Felipe Calderón nombrara a Mouriño Terrazo como secretario de Gobernación, Pemex Refinación otorgó un incremento a Ivancar de 7 millones 929 mil 295 pesos por dicho contrato transexenal, avalado por Silvia Oropeza Querejeta, gerente Jurídico de Convenios y Contratos, según el convenio modificatorio GTT-00142-CM-M/2005-2008 que se especifica en un legajo de tres fojas, firmado el 7 de enero de 2008 por Oswaldo Machado Martínez, apoderado de la subsidiaria, y Luis Fernando Coyoc Ramírez, por la transportista.
Para justificar el incremento presupuestal dijeron que “durante 2006, en atención a los requerimientos operativos derivados principalmente de la problemática presentada en el transporte marítimo (malos tiempos y falta de capacidad instalada por declararse desiertas diversas licitaciones), aumentó significativamente la utilización de transporte terrestre”.
Declaración patrimonial
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Con Información de Revista Contralinea
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Mouriño puede ser inhabilitado hasta por 12 años |
De encontrar culpable al secretario de Gobernación de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la SFP podría inhabilitarlo hasta por 12 años, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cinco juristas explican las consecuencias legales de los actos de Juan Camilo Mouriño
El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo podría ser procesado penal y administrativamente por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y uso indebido de atribuciones. El motivo: la firma de contratos a favor de la empresa Ivancar mientras se desempeñaba como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y, en otro momento, como diputado federal.
En caso de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo encontrara responsable de la comisión de esos ilícitos, podría ser inhabilitado del servicio público hasta por 12 años, indican juristas.
Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.
Aída Lazcano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derecho administrativo, dice que todo servidor público que incurra en tráfico de influencias “comete un delito grave, ya que está violando la ley más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Agrega que, sin importar el partido o la ideología del funcionario, si consumó un ilícito, debe ser juzgado.
La carta magna, en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, en su artículo 108 señala: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal […] así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Inhabilitación
Al referirse al caso de Juan Camilo Mouriño, Daniel Márquez Gómez –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– explica que éste incurre en conflicto de intereses: es el caso de un servidor público que, en el contexto de la investidura oficial, resuelve a su vez asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tiene algún vínculo familiar, de amistad, negocio o cualquier otra índole que puede, en alguna medida, viciar la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño, cargo o comisión.
Incluso, dice, “pudo darse el caso de que una persona considerara que, como la empresa Ivancar es del jefe de asesores del secretario del sector (entonces Felipe Calderón), se le debe de dar un favor especial para quedar bien con el superior”.
Márquez, doctor en derecho y especialista en derecho administrativo, considera que al signar los contratos Mouriño pudo caer en varios supuestos delictivos; entre éstos, el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el Código Penal Federal.
De acuerdo con el artículo 217 de dicho código, “comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.
La sanción establecida para este ilícito es “de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El jurista dice que para llegar a cumplirse la mencionada sanción se tendría que probar que los contratos que está suscribiendo Ivancar con Pemex son indebidos, es decir, que se generaron fuera del marco de la ley.
En el artículo 220 del mismo código –agrega– se tipifica el ejercicio abusivo de funciones, y en el 224 el enriquecimiento ilícito; ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto asignado en los contratos. Los de Ivancar superan los 100 millones de pesos.
Márquez explica que el sujeto activo de la conducta en este tipo de delitos penales recae, en la mayoría de los casos, en quien otorga el contrato, que corresponde al área de adquisiciones de la dependencia.
El investigador de la UNAM explica que en el derecho mexicano existe el “principio de tipicidad”: en materia penal, cuando se intenta imputar una conducta ilícita a una persona y se busca que sea objeto de una sanción penal, se tiene que acreditar que su conducta efectivamente viola la ley.
“Cuando una persona se conduce en su empleo, cargo o comisión desde la perspectiva de un posible conflicto de intereses está afectando dos principios claves: el de imparcialidad y el de legalidad; pero eso se tiene que probar, no basta lanzar acusaciones al aire, es necesario que se acredite con los medios de convicción apropiados que la persona efectivamente violó la ley”, dice.
Agrega que, en materia penal, rige el principio de presunción de inocencia, lo que implica que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esto se traduce en la necesidad de que se acredite la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.
En tanto no se investigue, todo ilícito prescribe después de cinco años de su comisión, indica el jurista. El último convenio signado por el secretario de Gobernación está fechado el 29 de diciembre de 2003.
Declaración de Procedencia
Daniel Márquez dice que, de demostrarse que Mouriño incurrió en un ilícito, se recurriría a la declaración de procedencia, esto es que el ministerio público que hiciera la investigación y comprobara que hay una conducta que viola la ley, se manifestara por procesar penalmente al actual secretario de Gobernación. Entonces tendría que acudir ante la Cámara de Diputados para que ésta analizara la acusación y, si la estima fundada, emita la resolución que da lugar a proceder en contra del servidor público.
A partir de esta declaración, explica, separarían del cargo a Mouriño y quedaría bajo la jurisdicción del ministerio público federal y podría ser consignado ante el juez penal.
Pero, aun si el Congreso autoriza, el ministerio público podría ejercer sus facultades legales hasta que terminara su periodo como secretario, “si es que no le dan otro cargo que cuente con protección constitucional”.
Calderón decide
El jurista, cuya línea de investigación es el combate a la corrupción, explica que, en lo que respecta a la parte administrativa, la Secretaría Función Pública ya podría ejercer sus funciones, dado que se hizo una denuncia a través de los medios de información. La dependencia podría realizar una investigación de oficio para demostrar la culpabilidad o la inocencia del funcionario.
Toda vez que Mouriño es un servidor público nombrado por el presidente de la República, la SFP tendría que hacer del conocimiento el resultado de las indagatorias, para que el propio titular del poder Ejecutivo tome las medidas necesarias: si es inocente, declararlo; de lo contrario, se procedería a la inhabilitación. De esta forma, explica el jurista, tendría que contar con el aval de Felipe Calderón, quien tiene la facultad de nombramiento y remoción en términos del artículo 89 constitucional.
Adjudicación directa
Márquez considera que la adjudicación directa de los contratos y convenios a Ivancar “abre la presunción de comisión de un delito”; sin embargo, dice que aunque la regla en la administración pública al momento de contratar es la licitación, ésta se ha convertido en la excepción y la adjudicación directa e invitación restringida, la regla.
“Se debe analizar la justificación del Comité de Adquisiciones de la paraestatal que debe establecer un margen de certeza amplio acerca de si era prudente o no que se adjudicara este contrato de manera directa a cierta empresa.”
A decir del jurista, el problema en este caso sería la existencia de otras empresas en el mercado que realizaran las mismas actividades que Ivancar y que ofrecieran igual servicio a mejor precio.
Todas las responsabilidades son personales. Hay un principio que se denomina de imputación: es el que viola la ley al que se le debe de imponer las consecuencias desfavorables que están contenidas en la ley para cuando se realicen violaciones a la misma.
“Si estaban enterados de que la conducta era ilegal y no hicieron nada ante las autoridades pertinentes, se convierten en cómplices, por encubrimiento.”
Abstención
Francisco Venegas Trejo precisa que, como servidor público, Mouriño debió mantenerse al margen de las operaciones de negocios –aun siendo socio y con el derecho de serlo–, para evitar suspicacias.
En todo caso, dice el jurista, “Mouriño se debió eximir de firmar los contratos como apoderado legal de Ivancar y dejar que otro miembro de la asamblea general lo hiciera, para no figurar y ponerse en evidencia. De no demostrarse que los contratos fueron obtenidos por licitación pública, sino por adjudicación por Pemex, el secretario puede ser sujeto de responsabilidades administrativas, en cuanto que era servidor público”.
Denunciado por el superior jerárquico
Para Aída Lazcano, catedrática de la UNAM, son claras las violaciones flagrantes al orden legal, tanto penal como administrativo, toda vez que cualquier funcionario que realice acciones contrarias a su encargo y se beneficie de su posición, perpetra un delito. “Al momento que estás en el poder y lo utilizas en beneficio propio y de tu familia, allegados o amigos, queda claro el tráfico de influencias y, además, el conflicto de intereses”.
La catedrática asegura que la comisión de un delito conocido por el superior jerárquico debe ser denunciado a las autoridades competentes, de lo contrario agrava la situación, porque se convierten en cómplices, y una vez más se violenta el marco jurídico.
“Si nadie acata las normas, de qué sirve que los diputados legislen al respecto”, dice Lazcano.
México: sin justicia
Víctor Villagrana de Ávila, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice que en México se tiene un sistema legal sin justicia, ni equidad, ni igualdad. “Si se roban una gallina, los llevan a la cárcel; pero no sucede lo mismo si se roban millones de pesos del gobierno”.
Villagrana considera que los mexicanos no tienen confianza en el sistema legal, porque todo se ha convertido en un mercado, en el que la justicia se puede comprar y vender al mejor postor.
“Los privados se metieron a lo público; y los servidores públicos, a lo privado. Los empresarios que llegaron al poder hacen negocios con los bienes del Estado sin ningún escrúpulo”, considera.
El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo podría ser procesado penal y administrativamente por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y uso indebido de atribuciones. El motivo: la firma de contratos a favor de la empresa Ivancar mientras se desempeñaba como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y, en otro momento, como diputado federal.
En caso de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo encontrara responsable de la comisión de esos ilícitos, podría ser inhabilitado del servicio público hasta por 12 años, indican juristas.
Raúl Carrancá y Rivas, doctor en derecho, no tiene duda: “Sí hay conflicto de intereses. No puedo ser un alto funcionario del Estado y hacer negocios que tengan que ver con mis familiares; y aunque no fueran parientes cercanos, no lo puedo hacer”. Agrega que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El doctor en derecho público y ciencia política, Francisco Venegas Trejo, considera que el caso del actual secretario de Gobernación no es “insólito”. Quien fuera también director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que “siempre se ha practicado, a nivel político, el sacar beneficios y ventajas de la situación de poder o puesto que ocupan”. A esto, indica, la norma jurídica mexicana lo llama tráfico de influencias.
Aída Lazcano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derecho administrativo, dice que todo servidor público que incurra en tráfico de influencias “comete un delito grave, ya que está violando la ley más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Agrega que, sin importar el partido o la ideología del funcionario, si consumó un ilícito, debe ser juzgado.
La carta magna, en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, en su artículo 108 señala: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal […] así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Inhabilitación
Al referirse al caso de Juan Camilo Mouriño, Daniel Márquez Gómez –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– explica que éste incurre en conflicto de intereses: es el caso de un servidor público que, en el contexto de la investidura oficial, resuelve a su vez asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tiene algún vínculo familiar, de amistad, negocio o cualquier otra índole que puede, en alguna medida, viciar la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño, cargo o comisión.
Incluso, dice, “pudo darse el caso de que una persona considerara que, como la empresa Ivancar es del jefe de asesores del secretario del sector (entonces Felipe Calderón), se le debe de dar un favor especial para quedar bien con el superior”.
Márquez, doctor en derecho y especialista en derecho administrativo, considera que al signar los contratos Mouriño pudo caer en varios supuestos delictivos; entre éstos, el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificado en el Código Penal Federal.
De acuerdo con el artículo 217 de dicho código, “comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.
La sanción establecida para este ilícito es “de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El jurista dice que para llegar a cumplirse la mencionada sanción se tendría que probar que los contratos que está suscribiendo Ivancar con Pemex son indebidos, es decir, que se generaron fuera del marco de la ley.
En el artículo 220 del mismo código –agrega– se tipifica el ejercicio abusivo de funciones, y en el 224 el enriquecimiento ilícito; ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto asignado en los contratos. Los de Ivancar superan los 100 millones de pesos.
Márquez explica que el sujeto activo de la conducta en este tipo de delitos penales recae, en la mayoría de los casos, en quien otorga el contrato, que corresponde al área de adquisiciones de la dependencia.
El investigador de la UNAM explica que en el derecho mexicano existe el “principio de tipicidad”: en materia penal, cuando se intenta imputar una conducta ilícita a una persona y se busca que sea objeto de una sanción penal, se tiene que acreditar que su conducta efectivamente viola la ley.
“Cuando una persona se conduce en su empleo, cargo o comisión desde la perspectiva de un posible conflicto de intereses está afectando dos principios claves: el de imparcialidad y el de legalidad; pero eso se tiene que probar, no basta lanzar acusaciones al aire, es necesario que se acredite con los medios de convicción apropiados que la persona efectivamente violó la ley”, dice.
Agrega que, en materia penal, rige el principio de presunción de inocencia, lo que implica que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esto se traduce en la necesidad de que se acredite la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.
En tanto no se investigue, todo ilícito prescribe después de cinco años de su comisión, indica el jurista. El último convenio signado por el secretario de Gobernación está fechado el 29 de diciembre de 2003.
Declaración de Procedencia
Daniel Márquez dice que, de demostrarse que Mouriño incurrió en un ilícito, se recurriría a la declaración de procedencia, esto es que el ministerio público que hiciera la investigación y comprobara que hay una conducta que viola la ley, se manifestara por procesar penalmente al actual secretario de Gobernación. Entonces tendría que acudir ante la Cámara de Diputados para que ésta analizara la acusación y, si la estima fundada, emita la resolución que da lugar a proceder en contra del servidor público.
A partir de esta declaración, explica, separarían del cargo a Mouriño y quedaría bajo la jurisdicción del ministerio público federal y podría ser consignado ante el juez penal.
Pero, aun si el Congreso autoriza, el ministerio público podría ejercer sus facultades legales hasta que terminara su periodo como secretario, “si es que no le dan otro cargo que cuente con protección constitucional”.
Calderón decide
El jurista, cuya línea de investigación es el combate a la corrupción, explica que, en lo que respecta a la parte administrativa, la Secretaría Función Pública ya podría ejercer sus funciones, dado que se hizo una denuncia a través de los medios de información. La dependencia podría realizar una investigación de oficio para demostrar la culpabilidad o la inocencia del funcionario.
Toda vez que Mouriño es un servidor público nombrado por el presidente de la República, la SFP tendría que hacer del conocimiento el resultado de las indagatorias, para que el propio titular del poder Ejecutivo tome las medidas necesarias: si es inocente, declararlo; de lo contrario, se procedería a la inhabilitación. De esta forma, explica el jurista, tendría que contar con el aval de Felipe Calderón, quien tiene la facultad de nombramiento y remoción en términos del artículo 89 constitucional.
Adjudicación directa
Márquez considera que la adjudicación directa de los contratos y convenios a Ivancar “abre la presunción de comisión de un delito”; sin embargo, dice que aunque la regla en la administración pública al momento de contratar es la licitación, ésta se ha convertido en la excepción y la adjudicación directa e invitación restringida, la regla.
“Se debe analizar la justificación del Comité de Adquisiciones de la paraestatal que debe establecer un margen de certeza amplio acerca de si era prudente o no que se adjudicara este contrato de manera directa a cierta empresa.”
A decir del jurista, el problema en este caso sería la existencia de otras empresas en el mercado que realizaran las mismas actividades que Ivancar y que ofrecieran igual servicio a mejor precio.
Todas las responsabilidades son personales. Hay un principio que se denomina de imputación: es el que viola la ley al que se le debe de imponer las consecuencias desfavorables que están contenidas en la ley para cuando se realicen violaciones a la misma.
“Si estaban enterados de que la conducta era ilegal y no hicieron nada ante las autoridades pertinentes, se convierten en cómplices, por encubrimiento.”
Abstención
Francisco Venegas Trejo precisa que, como servidor público, Mouriño debió mantenerse al margen de las operaciones de negocios –aun siendo socio y con el derecho de serlo–, para evitar suspicacias.
En todo caso, dice el jurista, “Mouriño se debió eximir de firmar los contratos como apoderado legal de Ivancar y dejar que otro miembro de la asamblea general lo hiciera, para no figurar y ponerse en evidencia. De no demostrarse que los contratos fueron obtenidos por licitación pública, sino por adjudicación por Pemex, el secretario puede ser sujeto de responsabilidades administrativas, en cuanto que era servidor público”.
Denunciado por el superior jerárquico
Para Aída Lazcano, catedrática de la UNAM, son claras las violaciones flagrantes al orden legal, tanto penal como administrativo, toda vez que cualquier funcionario que realice acciones contrarias a su encargo y se beneficie de su posición, perpetra un delito. “Al momento que estás en el poder y lo utilizas en beneficio propio y de tu familia, allegados o amigos, queda claro el tráfico de influencias y, además, el conflicto de intereses”.
La catedrática asegura que la comisión de un delito conocido por el superior jerárquico debe ser denunciado a las autoridades competentes, de lo contrario agrava la situación, porque se convierten en cómplices, y una vez más se violenta el marco jurídico.
“Si nadie acata las normas, de qué sirve que los diputados legislen al respecto”, dice Lazcano.
México: sin justicia
Víctor Villagrana de Ávila, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice que en México se tiene un sistema legal sin justicia, ni equidad, ni igualdad. “Si se roban una gallina, los llevan a la cárcel; pero no sucede lo mismo si se roban millones de pesos del gobierno”.
Villagrana considera que los mexicanos no tienen confianza en el sistema legal, porque todo se ha convertido en un mercado, en el que la justicia se puede comprar y vender al mejor postor.
“Los privados se metieron a lo público; y los servidores públicos, a lo privado. Los empresarios que llegaron al poder hacen negocios con los bienes del Estado sin ningún escrúpulo”, considera.
Con informacion de Revista Contralínea
febrero 21, 2008
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Alerta en Gasolineras del Grupo Energético del Sureste (GES) |
Pese a promoverse como un grupo de gasolineras “con instalaciones que cumplen con altos estándares de calidad comprobados por Petróleos Mexicanos” y publicitarse como un corporativo con responsabilidad social, los establecimientos de los Mouriño son señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor con el “semáforo ámbar”, que identifica a las gasolineras con irregularidades.
Las gasolineras de GES en esta situación, en Campeche, son: Gasolinera Lerma, SA de CV; Tres Brazos, SA de CV; Servicio Xpujil, SA de CV; Servicio Novia del Mar, SA de CV; Servicio San José, SA de CV. En Tabasco: Servicio Nueva Frontera, SA de CV. En Quintana Roo: Servicio Sac-Xan, SA de CV; Ejido Subteniente López; Servicio Héroes, SA de CV. En Veracruz: Gasolinera del Sureste, SA de CV.
Durante las visitas de verificación de Profeco se detectó llenado menor al reportado al consumidor, superior a lo establecido en la Norma Oficial correspondiente (NOM-05-SCFI-2005). Se encontraron bombas despachadoras que no cuentan con los hologramas y/o precintos que acredite que fueron calibradas. (ALP)
Con Información de Contralinea
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Conflictos de interés de Mouriño en Pemex |
En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual secretario de Gobernación
En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación.
En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública.
La empresa
Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche, y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la distribución de refacciones o la operación de loncherías, la operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas.
De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50 acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes, originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones.
Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense, mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes como administrador único.
Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de hoteles y panaderías de sus suegros.
Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón. El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la compañía.
El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60 acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco integrantes de la familia Mouriño.
El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”.
El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100 acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo.
Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes contratados por la paraestatal.
Política como negocio
El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según escritura pública número 6 del 17 de febrero.
Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público 46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo “se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien declara falsamente ante notario público, en términos de lo que establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento.
Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato constitucional están reservados para los mexicanos.
Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo, contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El historial en Pemex
A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro. Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de 2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala.
Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.
El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.
El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.
Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.
El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.
Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Los beneficios de Juan Bueno
Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.
En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas.
El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar.
Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos.
En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40 por ciento del costo.
Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato, Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.
El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos, convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal Gallegos.
El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia.
Contratos a modo
Bueno Torio impuso que Refinación otorgara por primera vez contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunas transportistas, entre ellas Ivancar. Oficios internos de Pemex indican que el acuerdo se hizo entre los altos funcionarios de Refinación y la Canacar, antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación.
En el oficio DG 69/2005 remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, se otorga el listado de transportistas a las cuales se les entregarían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 10 mil 114 millones de pesos. Pero el servicio lo solicitó Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según documento de Pemex clasificado por la subsidiaria como “reservado”.
Lo anterior significaría que primero los directivos de Pemex acordaron el servicio con los transportistas y luego se tramitó su requerimiento, lo cual es contrario a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público, y no cumple con los lineamientos para una adjudicación directa.
El 1 de junio de 2005 a Ivancar se le entregó un contrato por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, formalizado por Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación. Según fuentes internas de Pemex, a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un periodo igual, es decir, hacia 2012, aunque el monto aún no está definido.
Desde julio de 2006, la SFP y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan el “abuso de autoridad, coalición de los servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que supuestamente habrían incurrido los funcionarios de Refinación al autorizar las contrataciones multianuales para el transporte de hidrocarburos; ello, por la denuncia que presentaran los entonces diputados Sofía Castro Ríos, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús González Schmal.
En la PGR, el expediente está integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/SP/2006 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. En la SFP, el señalamiento contra los funcionarios es de supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y contra las transportistas que se beneficiaron con los contratos, de posible daño patrimonial por el monto que se les adjudicó. Según la línea de investigación de la SFP, en el caso de Ivancar, el quebranto ascendería a casi 40 millones de pesos.
En entrevista concedida a CNN Expansión, difundida el 15 de julio de 2007, el mayor de los Mouriño Terrazo habló acerca de los negocios familiares y la carrera política de su hermano. Aseguró: “Hablamos con él (con Juan Camilo) y le garantizamos que no tiene de qué preocuparse. Jamás haremos cosas buenas que parezcan malas con el gobierno federal”. Agrego: “Sabemos que los detractores tratarán de magnificar las cosas; por eso tenemos la casa muy limpia y las puertas muy abiertas para que no haya suspicacias. Trataremos de vivir con eso”.
Sin embargo, Contralínea solicitó una entrevista con el actual presidente de GES para hablar sobre los contratos de Pemex que recibió su hermano Juan Camilo, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Juan Camilo Mouriño acusó recibo de la solicitud de entrevista hecha por esta revista, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. No obstante, se negó a hablar acerca de los contratos que aún mantiene en Pemex Refinación. Asimismo, se requirió a la paraestatal que explicara las condiciones en las que se contrató a Ivancar y el monto involucrado. La administración de Jesús Reyes Heroles tampoco respondió.
Con Información de Contralinea
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