Después de casi un año y medio de prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) recupera su libertad por desvanecimiento de pruebas / “Tengo que seguir caminando al lado del Pueblo... Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca”, afirma
Flacio Sosa se trasladó a su domicilio particular en San Bartolo Coyotepec, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO. (Cuartoscuro)
DE LA REDACCION, 19 de abril (LA JORNADA/UNIVERSAL).- Después de casi un año y medio de prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, recuperó su libertad, luego de que jueces del fuero común consideraran que el gobierno de Ulises Ruiz no aportó pruebas suficientes para que se le procesara como presunto responsable de los delitos de robo con violencia y daños; secuestro, robo, lesiones y despojo agravado.
El dirigente de la APPO, quien abandonó al filo de las cuatro de la tarde el reclusorio regional que se localiza en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, a 104 kilómetros de la capital de Oaxaca, dijo en entrevista vía telefónica que “el objetivo es la transformación democrática de Oaxaca, la renovación en el andamiaje del entramado jurídico del estado que es obsoleto. No se trata de una lucha de carácter personal contra el señor (Ruiz), sino de emprender la transformación democrática del estado y sus instituciones”.
Por su parte, el abogado López Jiménez informó que su cliente obtuvo su libertad sin reserva de ley y no pagó fianza, pues se determinó el desvanecimiento de datos. “Es decir, no hubo elementos para considerarlo responsable de los delitos imputados”.
Visiblemente más delgado, el activista fue recibido en el acceso principal del penal por sus hijos Karina, Frida y Bolívar Sosa Castañeda, así como por el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ezequiel Rosales Carreño, integrantes de la APPO y su abogador defensor Gilberto López Jiménez.
Sosa Villavicencio dijo que el Partido Acción Nacional se confabuló con el Revolucionario Institucional en 2006 para golpear al movimiento magisterial y popular, el cual demandaba la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a cambio de respaldar el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia.
“Con una política terrorista atentaron en contra del pueblo oaxaqueño. Ahí están el gran número de detenidos, torturados, desaparecidos y muertos”, señaló.
Aunque observó que los gobiernos espurio y estatal se ensañaron con él y su familia, porque también fueron detenidos sus hermanos Horacio y Erick, e internados en penales federales, además de ser perseguidas otros familiares, entre ellos sus hijas. “Con nosotros, hicieron algo terrible, atroz”, asentó.
Dijo que se reincorporará a la lucha del movimiento magisterial y popular y, en consecuencia, participará en las próximas protestas programadas por la APPO y la Sección 22 del SNTE.
“Tengo que seguir caminando al lado del pueblo”, remarcó.
“Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca porque por el pueblo estoy libre”, afirmó.
Responsabilizó a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su seguridad personal por una eventual agresión.
Sosa Villavicencio se trasladó a su domicilio particular situado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO.
El consejero estatal detenido el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, junto con su hermano Horacio y los también activistas Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado.
Un día después fue remitido junto con su hermano al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser sometido a proceso en siete causas penales por jueces de Oaxaca.
El 16 de agosto de 2007 fue traslado al reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán ante un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal.
Durante su reclusión, la justicia federal le concedió tres amparos contra los autos de formal prisión dictados por jueces locales en igual número de expedientes y quedó en libertad absoluta.
El abogado López Jiménez dijo que su defendido salió libre por “la fuerza del pueblo oaxaqueño” y por los incidentes de desvanecimiento de datos promovidos ante los jueces locales en las causas penales 70/2006, 71/2006 y 136/2006 por los delitos de robo con violencia y daños en perjuicio de Caminos y Aeropistas de Oaxaca; por secuestro, robo y lesiones de dos agentes de la Policía Ministerial del Estado y por el delito de despojo agravado en perjuicio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
“Eran acusaciones insostenibles e inverosímiles y los jueces resolvieron dejaron en libertad porque ya no se podía mantenerlo por más tiempo en la cárcel”, señaló.
En los tres procesos penales, “las acusaciones no estaban bien sustentadas y no habían ningún señalamiento para hacerlo responsable de alguno de los delitos imputados, agregó.
Luego de salir de prisión, Sosa Villavicencio dijo en entrevista telefónica que una de las primeras acciones que emprenderá, junto con varios compañeros, “la reconstrucción de la APPO y su transformación política”. Entrevistado vía telefónica, señaló que el movimiento social de esa entidad “no está muerto” y que se sumará a la lucha por la soberanía petrolera y la defensa de los energéticos.
“En Oaxaca lo que se requiere es democracia, justicia y libertad, por ello, tenemos que analizar cuáles son las condiciones actuales en la entidad.
Ahora vemos una simetría en el conflicto, por un lado existen denuncias directas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ulises Ruiz, se empieza a plantear la posibilidad de denuncias ante el Ministerio Público y la de un juicio político en la Cámara de Diputados”, aseguró.
Describió su estancia en prisión, primero en el penal de máxima seguridad El Altiplano, donde estuvo recluido varios meses antes de ser trasladado a un reclusorio de Oaxaca como “una cárcel brutal, en la que no se respeta la dignidad de las personas.
Se desnuda a los presos al menos una vez al día al entrar y salir de la celda, te revisan los testículos, el pene, la boca, la lengua, todo”.
Flacio Sosa se trasladó a su domicilio particular en San Bartolo Coyotepec, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO. (Cuartoscuro)
DE LA REDACCION, 19 de abril (LA JORNADA/UNIVERSAL).- Después de casi un año y medio de prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, recuperó su libertad, luego de que jueces del fuero común consideraran que el gobierno de Ulises Ruiz no aportó pruebas suficientes para que se le procesara como presunto responsable de los delitos de robo con violencia y daños; secuestro, robo, lesiones y despojo agravado.
El dirigente de la APPO, quien abandonó al filo de las cuatro de la tarde el reclusorio regional que se localiza en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, a 104 kilómetros de la capital de Oaxaca, dijo en entrevista vía telefónica que “el objetivo es la transformación democrática de Oaxaca, la renovación en el andamiaje del entramado jurídico del estado que es obsoleto. No se trata de una lucha de carácter personal contra el señor (Ruiz), sino de emprender la transformación democrática del estado y sus instituciones”.
Por su parte, el abogado López Jiménez informó que su cliente obtuvo su libertad sin reserva de ley y no pagó fianza, pues se determinó el desvanecimiento de datos. “Es decir, no hubo elementos para considerarlo responsable de los delitos imputados”.
Visiblemente más delgado, el activista fue recibido en el acceso principal del penal por sus hijos Karina, Frida y Bolívar Sosa Castañeda, así como por el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ezequiel Rosales Carreño, integrantes de la APPO y su abogador defensor Gilberto López Jiménez.
Sosa Villavicencio dijo que el Partido Acción Nacional se confabuló con el Revolucionario Institucional en 2006 para golpear al movimiento magisterial y popular, el cual demandaba la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a cambio de respaldar el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia.
“Con una política terrorista atentaron en contra del pueblo oaxaqueño. Ahí están el gran número de detenidos, torturados, desaparecidos y muertos”, señaló.
Aunque observó que los gobiernos espurio y estatal se ensañaron con él y su familia, porque también fueron detenidos sus hermanos Horacio y Erick, e internados en penales federales, además de ser perseguidas otros familiares, entre ellos sus hijas. “Con nosotros, hicieron algo terrible, atroz”, asentó.
Dijo que se reincorporará a la lucha del movimiento magisterial y popular y, en consecuencia, participará en las próximas protestas programadas por la APPO y la Sección 22 del SNTE.
“Tengo que seguir caminando al lado del pueblo”, remarcó.
“Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca porque por el pueblo estoy libre”, afirmó.
Responsabilizó a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su seguridad personal por una eventual agresión.
Sosa Villavicencio se trasladó a su domicilio particular situado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre Irene Villavicencio viuda de Sosa y su esposa Beatriz Castañeda Pedro, así como otros familiares y seguidores de la APPO.
El consejero estatal detenido el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, junto con su hermano Horacio y los también activistas Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado.
Un día después fue remitido junto con su hermano al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser sometido a proceso en siete causas penales por jueces de Oaxaca.
El 16 de agosto de 2007 fue traslado al reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán ante un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal.
Durante su reclusión, la justicia federal le concedió tres amparos contra los autos de formal prisión dictados por jueces locales en igual número de expedientes y quedó en libertad absoluta.
El abogado López Jiménez dijo que su defendido salió libre por “la fuerza del pueblo oaxaqueño” y por los incidentes de desvanecimiento de datos promovidos ante los jueces locales en las causas penales 70/2006, 71/2006 y 136/2006 por los delitos de robo con violencia y daños en perjuicio de Caminos y Aeropistas de Oaxaca; por secuestro, robo y lesiones de dos agentes de la Policía Ministerial del Estado y por el delito de despojo agravado en perjuicio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
“Eran acusaciones insostenibles e inverosímiles y los jueces resolvieron dejaron en libertad porque ya no se podía mantenerlo por más tiempo en la cárcel”, señaló.
En los tres procesos penales, “las acusaciones no estaban bien sustentadas y no habían ningún señalamiento para hacerlo responsable de alguno de los delitos imputados, agregó.
Luego de salir de prisión, Sosa Villavicencio dijo en entrevista telefónica que una de las primeras acciones que emprenderá, junto con varios compañeros, “la reconstrucción de la APPO y su transformación política”. Entrevistado vía telefónica, señaló que el movimiento social de esa entidad “no está muerto” y que se sumará a la lucha por la soberanía petrolera y la defensa de los energéticos.
“En Oaxaca lo que se requiere es democracia, justicia y libertad, por ello, tenemos que analizar cuáles son las condiciones actuales en la entidad.
Ahora vemos una simetría en el conflicto, por un lado existen denuncias directas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ulises Ruiz, se empieza a plantear la posibilidad de denuncias ante el Ministerio Público y la de un juicio político en la Cámara de Diputados”, aseguró.
Describió su estancia en prisión, primero en el penal de máxima seguridad El Altiplano, donde estuvo recluido varios meses antes de ser trasladado a un reclusorio de Oaxaca como “una cárcel brutal, en la que no se respeta la dignidad de las personas.
Se desnuda a los presos al menos una vez al día al entrar y salir de la celda, te revisan los testículos, el pene, la boca, la lengua, todo”.
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