La denuncia presentada el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A C y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, AC (léase El Yunque) contra los estudiantes que asistieron al segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana –celebrado en Ecuador del 24 al 27 de febrero de este año– y “contra quien resulte responsable”, constituye una demostración palpable de las mentalidades y acciones fascistas que pretenden imponerse en la sociedad mexicana.
El documento de 77 páginas es un repetitivo alegato, salpicado de jerga jurídica, encaminado a fabricar delitos y culpables con base en información de las agencias de inteligencia mexicanas, colombianas y aun ecuatorianas, y a partir de la presentación de “evidencias” que en su mayor parte son informaciones periodísticas que por irresponsabilidad o corrupción se hicieron eco de esas fuentes policiacas después de la masacre llevada a cabo por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador el primero de marzo de este año.
En efecto, el terrorismo mediático que se ejerce contra la oposición de izquierda a través de la publicación de “notas periodísticas”, “artículos de opinión” o “entrevistas”, que en realidad son en la mayoría de los casos informes, interpretaciones, filtraciones o delaciones de las agencias de espionaje político de los estados involucrados, constituyen el grueso de las pruebas de cargo contra los “terroristas” y “ narcoguerrilleros ” mexicanos. De la denuncia mencionada, 47 “evidencias” –que afirman comprobar los dichos de los chivatos–, 12 provienen de El Universal , cinco de Milenio , tres de Excélsior , uno de La Crónica , uno de Reforma , uno de El País (la infaltable Maite Rico), uno de la agencia de noticias Efe.
De otra naturaleza son dos notas del periódico digital Rebelión, del cual se presentan convocatorias y cartas de apoyo a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano de intelectuales de “la izquierda extremista”, entre quienes se encuentran Carlos Fazio, José Steinsleger y el autor de estas líneas.
De las otras “pruebas” que tiene en sus manos el procurador, tres son mapas bajados de Internet del sitio de la masacre, considerada por nuestros denunciantes como una “acción ejemplar” del gobierno de Uribe; tres son fotos del campamento rebelde tomadas por el ejército ecuatoriano, siete son declaraciones extraídas de la página de Internet de la Coordinadora Anticapitalista del Auditorio Che Guevara (definida por nuestros vigilantes como “una coalición de grupos extremistas y promotores del terrorismo que controlan gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria”).
Otras dos de las “evidencias” son las declaratorias respectivas de la Unión Europea y Estados Unidos, en las que las FARC aparecen consideradas dentro de las “organizaciones terroristas”. Una más es muy convincente: se trata de una estimación de ingresos y egresos de los estudiantes viajeros que realizó nada menos que la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia, para demostrar que las FARC gastan millones de dólares mensuales para subvencionar a la izquierda mexicana.
El texto de marras es, en suma, un manojo de recortes de periódicos, junto con la transcripción de lo que cada país tipifica como delitos de terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada, así como listas de sospechosos que se pide sean castigados con todo el rigor de la ley. En la parte final del documento, los confidentes “instruyen” al procurador sobre las tareas que debe realizar: investigar todo lo relacionado con el viaje a Ecuador de los “terroristas”: itinerarios, fechas, comunicaciones, entrenamientos (obviamente) terroristas, alias, rangos, informaciones rendidas y recibidas, gastos, tarjetas de crédito, pagos recibidos, etcétera; actividades previas de los señalados, sus números telefónicos, matrículas de sus vehículos, domicilios alternativos, cuentas bancarias, antecedentes criminales, etcétera. Tareas normales de los acusados: lavado de dinero, enlace con organizaciones armadas, trasiego de materiales radioactivos, secuestros, atracos, atentados con explosivos, falsificaciones de documentos, etcétera; los viajes de Lucía Andrea Morett al extranjero, contactos, razones por las cuales autoridades universitarias han permitido el uso de instalaciones de la UNAM, actividades de los sospechosos en los “actos de rebelión y terrorismo” en Oaxaca, etcétera.
Si en este país se viviera en un efectivo estado de derecho, la denuncia sería desechada de manera inmediata. Como comprobaron las autoridades ecuatorianas, no había delito que perseguir y por ello se permitió la salida discreta de Lucía Andrea Morett Álvarez hacia Nicaragua. El problema radica en la discrecionalidad en la administración de justicia en suelo mexicano, donde todo tipo de arbitrariedad o aberración jurídica puede darse. Por ello, hizo bien esta víctima del ataque militar colombiano-estadunidense en obtener refugio en tierra de Sandino. A las constantes violaciones a los derechos humanos en México, primer lugar en violencia, corrupción e impunidad, según estudio de la ONU –y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo–, se agrega ahora el exilio forzado de personas que no pueden entrar en territorio nacional porque el gobierno de facto de Felipe Calderón, en lugar de exigir castigo para los homicidas de los estudiantes y dar todas las garantías a la sobreviviente del bombardeo, recibe al jefe de los asesinos en ominosa complicidad y le permite declaraciones injuriosas para muchos mexicanos (no para la ultraderecha, que le aplaudió frenéticamente). El fascismo, expresión plena del terrorismo de Estado, no pasará.
