La Comisión continúa trabajando en el informe, de cara a publicar las conclusiones finales. El documento presentado hoy incluye 42 conclusiones, ordenadas en 7 epígrafes, además de 18 recomendaciones. La Comisión ha recogido asimismo abundante material audiovisual, con el que se están preparando distintos trabajos de vídeo.
Como conclusiones, la Comisión considera probado (resumen):
Respecto a las muertes y desapariciones: La Comisión estima que los hechos de Oaxaca son un eslabón de una estrategia cuyo objetivo es lograr el control y amedrentamiento de la población civil allí donde se desarrollan movimientos de carácter social no partidista. El balance de muertos documentados es de 23, teniendo constancia además de otras muertes de personas no identificadas. También existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Las muertes y desapariciones se producen en momentos en los que se detecta una subida del nivel de violencia que responde a la puesta en marcha de operativos diseñados para este fin. Los homicidios se han cometido en la ciudad de Oaxaca y en las comunidades.
Respecto a las vulneraciones legales: Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación, habiéndose impedido este ejercicio mediante la fuerza física y la coacción. El derecho a la educación ha sido y es igualmente vulnerado. Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresión sindical y libertad de cátedra del magisterio. Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil, participando en ellas cuerpos policiales e incluso efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. También grupos de personas armadas no uniformadas han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos. Las fuerzas policiales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Las detenciones se efectuaron con violencia desproporcionada, perpetrándose incluso agresiones sexuales contra los detenidos. No se han respetado los derechos de éstos.Se han utilizado espacios ilegales como lugares de detención. En los traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave, realizándose torturas. En las detenciones y traslados intervino la llamada "fiscalía móvil", que carece de toda cobertura legal. No se garantizó el derecho de defensa de detenidos y procesados. Se ha vulnerado también el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Los encarcelamientos se han producido sin la preceptiva documentación. Hay menores de edad que han sido detenidos con uso indebido de la fuerza, siendo trasladados en cuatro casos a penales de adultos. Los representantes del Ministerio Público no han impulsado de oficio procedimiento penal alguno contra representantes de instituciones públicas, a pesar del conocimiento de hechos constitutivos de delito. Algunos procesos iniciados por los afectados se hallan paralizados sin causa justificada. Por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han tenido una intervención tibia e insuficiente, a pesar de haber constatado todas estas vulneraciones.
Respecto a las afectaciones psicosociales y sanitarias: Las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos, dejando severos daños a personas, familias y comunidad. Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social. La atención médica prestada ha sido tardía e insuficiente. Existe también falta de apoyo y seguimiento psicológico para los afectados y sus familiares. La Comisión observa asimismo un impacto importante de la estrategia psicosocial de generación de miedo. La unidad y vida familiar se han visto afectadas por las nuevas circunstancias: disgregación de familias, hostigamiento y amenazas, cambio de apariencia, reorganización familiar... Se ha llegado también a una clara polarización de la sociedad. Por otra parte, la Comisión ha observado que existe un nivel de solidaridad alto, que permite una capacidad de recuperación y de fortalecimiento importantes. A nivel social, constata el grave deterioro y desconfianza que la gente tiene en las instituciones.
Respecto a medios de comunicación: En el conflicto ha sido significativa la toma de medios de comunicación como respuesta al cerco informativo, por lo que han sido y siguen siendo blanco de ataques y de represión. Los periodistas y trabajadores de medios han sido víctimas de ataques indiscriminados. Existen pocas denuncias presentadas, habiendo indicios de que algunas direcciones de medios incitaron a sus reporteros a callar. Las investigaciones de homicidios de los periodistas Bradley Will y Raúl Marcial Pérez no han registrado avances.
Hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos: Las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y sus integrantes han sido víctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias y acusaciones.
Respecto a mujeres: La Comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales hacia las mujeres.
Respecto a las personas y pueblos indígenas: No se ha garantizado la asistencia de intérpretes en las diligencias ni se ha aplicado la Ley de Defensa de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En diversas regiones se ha constatado un aumento de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros.
* RECOMENDACIONES:
En base a estas conclusiones, la CCIODH recomienda (resumen):
1. Atender a las causas originales de este conflicto creando condiciones que logren reparar las violaciones de derechos humanos y restaurar la conviviencia.
2. Para garantizar la separación de poderes, la transparencia en la actuación de los servidores públicos y el pleno respeto a los derechos humanos en Oaxaca, es necesaria una reforma profunda de las instituciones del Estado
3. Garantizar la investigación de los ilícitos cometidos.
4. Revisar la situación de todas las personas encarceladas y liberar inmediatamente tanto a las que lo están por motivos estrictamente políticos como en los casos en que su implicación carece de pruebas.
5. Depurar las responsabilidades pertinentes y cumplir estrictamente los convenios internacionales ratificados por México.
6. Proceder al desarme, controlar la posesión y utilización de armas e impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas y su coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
7. Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños ocasionados.
8. Restablecer el orden por la vía del diálogo y no a través del uso de la fuerza pública.
9. Aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas.
10. Ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, traslados e internamientos.
11. Hacemos un llamando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales para que cooperen en el seguimiento psicológico y la atención médica y profesional de los afectados.
12. Tomar medidas para garantizar la independencia de todos los medios de comunicación.
13. Garantizar la integridad física y psicológica de los profesionales de los medios en el ejercicio de su labor.
14. Tomar medidas para que los defensores de derechos humanos puedan realizar libremente sus actividades.
15. Atender a las demandas de los pueblos indígenas y garantizar el respeto y la aplicación de las leyes que afectan a sus comunidades.
16. Instar a la actuación decidida de las Fiscalías Especiales creadas para la protección efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables.
17. Deslindar todas las responsabilidades políticas y personas en los hechos referidos en estas conclusiones y recomendaciones.
18. Dar continuidad por el momento a la tarea de observación internacional del respeto a los derechos humanos en Oaxaca.
