La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciará este lunes el ciclo escolar 2007-2008 con la advertencia de que se reservan el derecho a realizar acciones políticas si no le son entregadas todas las 188 escuelas en poder de los “charros del CCL (Consejo Central de Lucha)”, de las cuales nueve son consideradas como “focos rojos”, afirmó el líder magisterial, Ezequiel Rosales Carreño.
Asimismo, confirmó que por acuerdo de la Asamblea Estatal se determinó “boicotear” todo acto oficial del gobierno del estado relacionado al inicio del ciclo escolar porque para “el magisterio esta desconocido y no tiene acceso a ninguna escuela”.
agosto 20, 2007
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Asisten maestros a clases pero con movilizaciones |
agosto 14, 2007
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CGT ante la detención de catalanes en Oaxaca |
Los detenidos son: Ariadna Nieto Espiné, nacida en Lleida, miembro de C.G.T. y del Casal Autogestionat La Maranya además de corresponsal del periódico Directa, Laia Serra Perelló, abogada y natural de Barcelona, Ramón Sesén Marquina, profesor y vecino de Barcelona y Nuria Morelló Calafell, antropóloga y vecina de Balaguer.
José Pascual Rubio Cano / Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
Tal y como ellos mismos han explicado, el pasado domingo se encontraban paseando en el centro de la cuidad de Oaxaca perfectamente documentados cuando fueron rodeados y detenidos por miembros de las fuerzas policiales mexicanas siéndoles robados sus objetos personales y su documentación. Desde ese momento han sufrido maltrato tanto físico como psicológico de manera prolongada así como abusos sexuales.
Por todo esto exigimos la puesta en libertad de forma inmediata y sin cargos de todos ellos y ellas así como la paralización de cualquier proceso de deportación. Asimismo, instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a pedir al gobierno mexicano que tome las medidas oportunas ante esta detención arbitraria y el trato vejante que han sufrido cuatro ciudadanos del Estado Español.
agosto 06, 2007
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México: juicio popular nacional contra Ulises Ruiz |
Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.
Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.
A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.
El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".
Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.
Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.
Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.
Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.
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"Para que no sigas defendiendo a estos appos”, le dijeron y lo golpearon |
Iracundos, los uniformados lo golpearon con toletes, kendos y puntapiés, hasta verlo casi exánime por la gran cantidad de sangre que escurría de su cabeza.
Una herida en la frente, que necesitó de 10 puntos de sutura, y otras tres en la región occipital, una de ellas cocida con ocho puntos, así como contusiones y escoriaciones en la mayor parte del cuerpo, son las huellas de la agresión.
“Dicen que en Oaxaca no hay represión, pero mi caso es un ejemplo de las atrocidades y brutalidades que aquí se cometen”, dice el defensor, miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, creado por el pintor Francisco Toledo, para excarcelar a simpatizantes del movimiento magisterial y popular.
Casi lo mismo, aunque en otro lado, le sucedió a César Grijalva, psicólogo del mismo colectivo, a quien un policía le cercenó los tendones de la mano derecha con un pedazo de una botella de vidrio que había roto previamente.
El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, de 28 años de edad, había acompañado ese día a la marcha de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se dirigía al auditorio del Cerro del Fortín, para tratar de presentar ahí la “Guelaguetza Popular”, a fin de auxiliar jurídicamente a los eventuales detenidos pero corrió la misma suerte de quienes pretendía defender.
“Conocedor de la actitud intolerante y antidemocrática del gobierno de Ulises Ruiz, fui para asistir legalmente a quienes podrían ser detenidos de manera arbitraria en un posible acto de represión. A eso de las once y media de la mañana, cuando estábamos esperando que el retén policíaco, que estaba restringiendo la garantía constitucional de tránsito, diera el paso a todos los concurrentes para entrar al auditorio, tristemente viene la agresión en contra de la población y así se inicia un disturbio que generó un casos de dimensiones mayúsculas, culminando con aprehensiones masivas arbitrarias y anticonstitucionales, violando incluso protocolos internacionales”, relata.
En eso ---agrega---, “me acerqué a donde se estaban llevando a cabo los peores actos de violencia para auxiliar jurídicamente a quienes estaban siendo aprehendidos, pero me encuentro a dos grupos policíacos y lo primero que hacen es abalanzarse en mi contra para golpearme de manera brutal y salvaje”.
---¿No trató usted de identificarse como abogado y como miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---Si, les dije ‘soy abogado, soy defensor de derechos humanos’ y que estaba haciendo labores jurídicas, pero de nada sirvió. La respuesta fue un severo golpe con un tolete en la frente que me abrió una enorme herida y otros más con las varas de kendo, con los escudos (antimotines), a patadas y hasta con las piedras que traían en la mano. Fue un sinnúmero de golpes que recibí en la cabeza que me hizo desplomarme. Tirado en el piso, todavía me siguieron pateando, hasta que vieron la gran cantidad de sangre que me escurría de la cabeza, oí que dijeron ‘es suficiente’ y me dejaron.
Pero, no todo quedó ahí porque al ser levantado para ser llevado a una camioneta pick sin placas de circulación, que estaban utilizando los policías para trasladar a los detenidos, recibió otros golpes más en el trayecto.
“En el camino, me encuentro con otros elementos que aprovechan la ocasión para darme de patadas y de palos, pese a que pasábamos frente a cámaras fotográficas y de video de muchos periodistas que ahí se encontraban”, cuenta.
En la batea de la camioneta donde fue aventado con otros detenidos, en la que había tambos con bombas de gas lacrimógeno, piedras y cohetones, repitió su identidad a sus captores, pero solamente recibió burlas e insultos.
“Me preguntaron ‘¿Si eres abogado para que te metes en estos pinches desmadres?’ y les contesté que como abogado era defensor de derechos humanos y respondieron ‘eso vale madres’ y vinieron más golpes. Cuando obtuvieron mi nombre, edad y mi domicilio al ver mis identificaciones, cambiaron un poco. ‘Ahí está, tú debes de ser rico, para qué defiendes a esos pinches mugrosos’, me dijeron”, recuerda.
Un paramédico de Protección Civil Municipal lo ve tirado en el piso de la camioneta, sangrando profusamente de la cabeza, y sugiere a un oficial al mando, al parecer un comandante, su traslado a un hospital.
“Casi perdía el conocimiento, pero veo a un paramédico que le dice al que percibo era un comandante ‘a este hay que trasladarlo porque sino se les va a morir’. Aunque en la ambulancia todavía se suben dos policías y me siguen apaleando. Y uno de ellos murmura ‘no qué se va a morir, todavía aguanta, se está haciendo pendejo’ y me sueltan otros golpes. A pesar de mi estado de salud, el paramédico que estaba dentro de la ambulancia no dijo nada cuando me estaban golpeando. El comandante, los ve y les ordena que se bajen para que me lleven al hospital”, refiere.
En el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, señala, “me dejan en la unidad de valoración crítica y ahí un doctor quizá por mi estado de salud, les dice a unas enfermeras ‘pues póngasela, a ver si responde’ y me inyectan una sustancia. Gracias a Dios mi organismo respondió favorablemente porque después me dijeron los doctores que estuve a punto de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre”.
Por seguridad, familiares y miembros del “Comité de Liberación 25 de Noviembre” trasladaron al abogado a un hospital privado para su atención.
“Pensé que estaba en calidad de detenido, pero no, ahí me abandonaron por creer que me iba a morir. A lo mejor de nada les servía un cuerpo, Me llevan a un hospital privado y ahí me tienen durante cuatro días. Me hacen rayos X, tomografías y una resonancia magnética para determinar si no tenía mayores daños en la cabeza, pero afortunadamente no. Sin embargo, los propios doctores me han dicho que las secuelas de un golpe en la cabeza tienen un período de evolución de dos, cuatro, seis o hasta 10 años. Como decimos popularmente todo golpe en la cabeza no sale luego”, apunta.
Ante la agresión, el abogado presentó una queja con la misión de alto nivel de Amnistía Internacional (AI), encabezada por su secretaria general Irene Khan, que recientemente visitó Oaxaca, y está en espera de recuperarse para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público.
“Es una atrocidad lo que hicieron conmigo; es inconcebible que el gobierno que está obligado a cumplir la Ley sea quien la viole. A lo mejor (el Ministerio Público) me pide pruebas, pero afortunadamente existen un sinnúmero de fotografías y videos donde se pueden identificar claramente a los autores de mi agresión. Aunque también exigiré que se finquen responsabilidades a los mandos de quienes estuvieron al frente de los policías y que les ordenaron realizar estas canalladas”, señala.
---Por haber estado en peligro su vida, ¿ha pensado usted dejar el Comité de Liberación “25 de Noviembre”?
---No, para nada, Quiero decirle a este régimen represor, autoritario y fascista, que las severas lesiones que me causaron no han hecho la más mínima mella en mis convicciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos.
julio 28, 2007
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Plan de URO para acabar con VOCAL |
Según estas informaciones, este plan tendría en su punto de mira especialmente a los miembros del espacio Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) dos de cuyas integrantes fueron detenidas en el violento operativo implementado por elementos de diferentes cuerpos policiales y el ejército mexicano el pasado 16 de julio en el marco festivo de la Guelaguetza Popular. Así, el espacio, cuya propuesta política, alejada de planteamientos que defiendan la violencia como forma de lucha, es la de la construcción de la autonomía de los pueblos, la reorganización desde los barrios, colonias, pueblos y comunidades lejos de los partidos políticos y las elecciones, debe sumar a David Venegas Reyes (preso desde mediados de abril), los nombres de Silvia Gabriela Hernández Salinas y Maria Guadalupe Sivaja Ortiz a la lista de miembros de VOCAL que en estos momentos se encuentran detenidos. Integrantes de VOCAL, manifiestan “haberse iniciado las detenciones selectivas. Se nos ha informado que el gobierno va principalmente sobre los jóvenes que luchan por la autonomía respecto de los partidos políticos y en especial sobre VOCAL”.
Hay que recordar que VOCAL ha sido hostigado y reprimido desde su aparición a mediados de marzo del presente año desde que, en uno de sus primeros actos, un mitin en contra de la brutalidad policial el día 15 de ese mes, cinco de sus miembros fueron perseguidos por las calles de Oaxaca por varias camionetas de policías fuertemente armados Posteriormente, se les ha tratado de relacionar con grupos violentos y de realizar actos vandálicos. A ello hay que unir la detención de David Venegas Reyes al que le “sembraron” drogas como excusa para su aprehensión. Actualmente, cuando se le había ya otorgado un amparo federal que negaba la existencia de pruebas de los delitos que se le imputan, fue solicitada una revisión de dicho amparo sin aportar prueba alguna tal y como exigía dicho documento.
Persecución, amenazas y agresiones
Según comunicado publicado por VOCAL, el día 16 de julio Silvia Gabriel Hernández Salinas, de 24 años, realizaba labores de documentación de la Guelaguetza Popular ya que es egresada en la carrera de Sociología e investigadora. “Fue vista por última ocasión tratando de abordar un autobús de transporte urbano en un sitio bastante distante al lugar donde se inició la agresión policíaca. Se vieron a varios policías que intentaron detener también a sus acompañantes, quienes al huir de la detención la perdieron de vista. Durante horas a partir de ese momento se ignoró su paradero así como la corporación responsable de su detención”, añade el documento. Sobre las circunstancias de la detención de Maria Guadalupe Sivaja Ortiz, de 20 años de edad, no se tienen datos concretos. Ambas, junto a la mayoría de los detenidos, permanecieron desparecidas durante casi toda la noche.
Ambas han sido trasladadas, junto a los demás detenidos, en la noche de hoy día 18 desde la desde Procuraduría General del Estado al penal de Tlacolula, en donde se teme que también hayan sido objeto de la violencia policial. Según relatan, el día de la detención ambas fueron fuertemente golpeadas en la cabeza y otras zonas del cuerpo durante el traslado y sufrieron agresiones sexuales en forma de “manoseos” así como amenazas de que iban a ser violadas.
Tanto la APPO como la Sección 22 han exigido la libertad de los todos presos políticos, incluidos los integrantes de VOCAL, dado que algunos de sus miembros forman parte del Consejo Estatal de la APPO. Ezequiel Rosales, Secretario de Organización del magisterio, ha declarado que los próximos días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de julio se realizará una concentración masiva en la capital oaxaqueña como acción de repulsa al gobierno de Ulises Ruiz.
Video de Silvia, una de las 2 compañeras de VOCAL detenidas, en el que explica días antes de su detención cuál es la visión política de VOCAL:
julio 26, 2007
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Ningún detenido por la golpiza de Emeterio Merino |
Para:
El Secretario de Desprotección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos



"Existe un procedimiento interno abierto, pero no hay ninguna prueba sobre quienes pudieron haber sido los responsables", afirmó el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos.
Cruz Vásquez, se entregó a agentes de las policías Preventiva del Estado, Auxiliar y Municipal de Oaxaca de Juárez, durante el enfrentamiento con seguidores del movimiento magisterial y popular el pasado día 16 en inmediaciones del "Cerro del Fortín", pero a pesar de esto fue golpeado. A causa de esto, sufrió traumatismo craneoencefálico y debió ser ingresado al hospital.
El funcionario dijo que el procedimiento interno se inició "preventivamente" pero "no ha avanzado porque ni los familiares ni los amigos" de Cruz Vásquez han aportado algún elemento de prueba para identificar a los autores de la agresión.
"No han aportado absolutamente nada (sic)", añadió,
---¿Las fotografías publicadas en la prensa, donde policías aparecen golpeando a Emeterio, no son pruebas?
---Lo que sale en la prensa, no es una prueba plena. Pero si hay fotografías en las que se observen claramente quienes son (los policías), los familiares o quienes quieran, pueden aportarlas.
---¿Entonces qué fue lo que le pasó a Emeterio?
---Pues salió lesionado en la trifulca, como salieron lesionados 15 policías.
Mencionó que la averiguación previa iniciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de lesiones tampoco ha seguido su curso porque "no hay elementos".
"He platicado con el procurador (Evencio Nicolás Martínez Ramírez) y me ha dicho que se abrió la averiguación, pero ningún familiar se ha presentado a hacer la denuncia o a aportar pruebas", asentó.
Segreste Ríos, también dijo que la policía local no permitió la estancia de miembros de diferentes sindicatos, integrantes del Congreso Nacional de Huelga (CNH), interceptados en inmediaciones de la Supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, cuando se trasladaban en dos autobuses a esta ciudad, procedente de la Ciudad de México, porque "venían con toda la intención de crear un desmán".
"Se les detectó palos, piedras y otros utensilios para crear violencia y ante esto, se les invitó simplemente a retirarse del estado porque no se va a permitir la comisión de algún delito. Y ellos aceptaron voluntariamente regresarse", apuntó.
Mientras tanto, el profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jorge Luis Martínez, otro de los detenidos que fueron golpeados por la policía, fue trasladado ayer al reclusorio de Tanivet, Tlacolula de Matamoros y acusado de diferentes delitos, después de ser operado el lunes pasado del brazo izquierdo para colocarle clavos por las diferentes fracturas sufridas.
Martínez, quien imparte clases en la Escuela Primaria "Abraham Castellanos" ubicada en el Centro Histórico, fue bajado por la policía de su camioneta en inmediaciones del parque "Eduardo Vasconcelos", a unas seis cuadras del "Cerro del Fortín", cuando se trasladaba con su esposa y una hija a una comida con sus demás compañeros por el fin de curso.
julio 24, 2007
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Dos Oaxacas |
Y ante esos dos entornos, una realidad indiscutible: el estado de sitio, el régimen de excepción que hace posible el simulacro de gobernabilidad presentado ayer por Ulises Ruiz, ante sus “invitados” especiales.
Un estado de sitio ya no virtual, sino tangible, cuando la Federación se muestra remisa a actuar para devolver el orden a los oaxaqueños por la vía de la negociación política para privilegiar la estancia de Ruiz en la casa de gobierno.
No sólo Los Pinos y Gobernación permiten que Ruiz, como le decía ayer, haga y –-peor-— deshaga. También la Corte Suprema, que mantiene en la “congeladora” un fallo que, ni para dónde hacerse, resultará lesivo al cacique en turno. Y el Congreso ¿de la Unión?, claro, cuyas dos Cámaras se niegan a actuar como la Constitución se los ordena, atrapadas como están en la negociación política para sacar adelante una miscelánea fiscal que es repudiada por tirios y troyanos.
En ese ambiente, el poder público federal ha reforzado las facultades del Ejecutivo local en demérito de las mínimas garantías individuales y sociales, dizque para mantener el orden.
Lo peor es que no sólo las garantías están ahora mismo en suspenso. Lo peor, sí, es que el déspota Ruiz se muestra todavía más retador, al desconocer de facto la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 15/2007, que le ordena investigue y sancione a dos de sus colaboradores, Lino Celaya Luría y Lizbeth Caña Cadeza, por las violaciones cometidas durante el conflicto social.
Con todo ello, siguen las detenciones y las desapariciones. Los golpeados hasta la muerte.
Y aunque dirigido al Ejército Popular Revolucionario, el discurso pronunciado ayer por el señor Calderón en instalaciones militares y ante militares, debe tener también como destinatario al sátrapa Ruiz:
El gobierno federal actuará con firmeza ante las amenazas y los crímenes cometidos contra el patrimonio de todos los mexicanos, dijo el ocupante de Los Pinos.
También que por mandato de ley y por convicción se perseguirá y castigará a quienes atentan contra la seguridad nacional y pretenden debilitar a las instituciones o las instalaciones estratégicas que son del pueblo.
"La violencia nunca podrá estar por encima de las ideas. No debemos confundir la lucha política, que es válida y necesaria en la democracia, con actos criminales que atentan contra ella".
Y en Oaxaca, hay un solo responsable de los actos criminales: Ulises Ruiz.
¿Va, ahora sí, el gobierno federal a tomar cartas en el asunto? ¿Con intercambio de ideas? ¿Dejando a un lado las armas y los garrotes que blande Ruiz?
¿Hasta cuando habrá dos, tres, cuatro, decenas, cientos, miles de Oaxacas?
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Fragmento de la entrevista hecha a Zhenli Ye Gon |
Pues aunque los gringos y la PGR del pelele ya se hayan puesto de acuerdo para detener al chino, le creo mas a este cabron de Zhenli a pesar de que no es una blanca palomita.
El PAN esta muy podrido, la cloaca comienza a destaparse.
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ADUANA MEXICO, ISOSA Y EL SAE DEBEN RESPONDER EN EL CASO DE ZHENLI: |
Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
La Secretaria de la Función Pública, está obligada a investigar a los hijos de Martha Sahagún en el caso de la introducción de manera ilegal de seudoefedrina al país, realizada supuestamente por el empresario chino, pero naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon.
Lo anterior en virtud de que tanto Aduana México, quién por ley está facultada para realizar los servicios de “segundo reconocimiento aduanero” e ISOSA quién administraba el Derecho de Trámite Aduanero, debieron de estar al tanto de las operaciones de importación de esa sustancia al país.
Más aún, al tratarse de la introducción al territorio nacional, de sustancias que debieron de haber estado controladas no sólo por la Secretaria de Salud, sino también por la PGR en virtud de que son insumos para la producción de drogas sintéticas.
Hay que recordar que hace ya casi 2 años, las explicaciones dadas por la SHCP, en torno al caso de la concesión de las operaciones de apoyo, control y dictamen en las aduanas (Aduna México) que supuestamente involucraron a los hijos de Martha Sahagún, resultaron absurdas e insuficientes,
Así, en esa época, la SHCP no ha respondio ¿Porqué permitió entrar a la licitación a una empresa llamada Societe General de Sourveillance que se encontraba representada por otra empresa llamada Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era un ex funcionario de Aduanas (Juan Carlos López Rodríguez) que fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria, cuando desempeño el cargo de Administrador Central de Investigación Aduanera, entre los años 2000 y 2001.
Hay que mencionar que desde entonces existió una grave violación de la Ley, por parte de Gil Díaz y los funcionarios de Aduanas, incluyendo a José Guzmán Montalvo, ya que en la Convocatoria Pública que hiciera la SHCP, se destaca textualmente lo siguiente...
TODA LA NOTA AQUÍ
julio 23, 2007
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Cerro del fortin repleto de acarreados |
El cerro del fortín a reventar...
Un gran número de autobuses de difentes empresas de transporte, así como de diferentes partes del estado y fuera de el, han llenado las calles y no por ser turistas si no por los acarreados que hasta este lugar han llegado, y no son los únicos que estan en el cerro del fortín también vemos familiares de los empleados de gobierno quienes de manera obligatoria deben estar ahi sopena de perder el empleo, reportes indican que desde las 5 am se les habia citado para que en compañia de sus 4 "invitados" se les tomara lista en el auditorio.
Con información de OaxacaEnPieDeLucha
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¿Como esta Oaxaca? Hoy Lunes |
Se reportan concentraciones de maestros en el Zócalo y ya ha salido la marcha proveniente de la Procuraduría en Sn Atonio de la Cal, siéndo las 10:00 hrs ha iniciado la Guelaguetza Oficial. ¿Qué sentirá Ulises al ver un auditorio lleno de acarreados?
Los acarreados van llegando, desde las 7:00 hrs comienzan a llegar los “invitados” a la guelaguetza oficial, han llegado de diversas comunidades, se espera que a las 9: 00 y 9:30 lleguen los burócratas, trabajadores del DIF y empleados del gobierno mismos que son obligados a asistir a todos los eventos en donde se les pasa lista para comprobar su puntualidad y asistencia, las recomendaciones que se les hace a éstos “invitados” de gobierno es que asistan con un invitado más, preferentemente un hombre jóven, que asistan con zapatos bajos, preferentemente tenis, que no lleven niños ni personas de la tercera edad.
7:00 a.m., día de la Guerraguetza priista: La ciudad está en calma aparente, sofocada por policías de diversas corporaciones federales y estatales, y no pueden faltar los camiones verdes del ejercito. “El imparcial” reporta la asistencia confirmada de 2,200 elementos policíacos al evento folklórico.
Casi no hay transporte urbano, pero en el cerro del fortín se observa la llegada de camiones al auditorio, presuntamente con acarreados para la "máxima fiesta de los oaxaqueños"(sic). (Si quieren ver “máxima fiesta”, espérense hasta el día de la renuncia del asesino)
Se reportan 90 detenidos en el puesto de revisión de San Pablo Etla durante la noche, presuntamente ciudadanos que no sabían que el derecho de libre transito en este “día festivo” solamente existe para priistas.
Desde la madrugada de éste lunes se ha implementado un dispositivo de seguridad mucho más extricto que el que se había visto en días anteriores, el cerro del fortin sitio en donde se realizará la Guelaguetza del Gobierno del estado se encuentra sitiado con fuerza policiaca de diversas corporaciones, es visible los diferentes uniformes así como se pueden contar por docenas las camionetas sin placas que llevan hasta 10 sujetos armados.
La policía ha detenido autobuses que transportaban supuestos simpatizantes de la APPO, los autobuses han sido literalmente secuestrados y hasta el momento se desconoce su paradero.
julio 22, 2007
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AUDIO: ¿Pobres los mexicanos? - Represión Oaxaca y luchas sociales - Reforma Religiosa |
POST ORIGINAL AQUÍ
julio 16, 2007
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Repudian a senador y miembro de la comisión política de la CND Dante Delgado: se manifiestan miembros de los 400 pueblos afuera del senado |
Sam GarcíaCiudad de México, 16 de julio de 2007 (Revoluciones).- El día de hoy decenas de mexicanos pertenecientes al grupo de "Los 400 pueblos" se manifestaron enfrente del senado de la república de las simulaciones, que sigue siendo en sus tres poderes legislativo, judicial y ejecutivo incapaz de ver por las necesidades de las minorías en México.
Los campesinos del Movimiento de los 400 pueblos denunciaron el despojo de 2,000 hectareas y la privación de la libertad a más de 300 campesinos. Culpan de estos hechos al hoy senador y miembro de la comisión política de la CND Dante Delgado, cuando este mismo sujeto fungió como gobernador interinó de Veracruz. Los campesinos que llegaran desde el pasado 11 de abril anunciaron que no se retirarán a pesar de que el mismo senado ha negado escuchar y atender a los ciudadanos.
En un comunicado que estuvieron distribuyendo entre la ciudadanía, los campesinos expresaron que "El senado ha asumido una actitud de proteger al ex-gobernicola Dante Delgado lo que nos obliga a manifestarnos indefinidamente en cualquier lugar que él [Dante] pueda estar, hasta que logremos que reciba castigo".
Desnudos, como ha sido su costumbre, los campesinos aprovechaban la luz roja del semaforo para sonar tambores y bailar en medio de la calle, llamando así la atención de los automovilistas

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Policias causan destrozos al Hotel Fortín Plaza y golpean a reporteros |
Dos reporteras y un fotógrafo de prensa de este diario fueron atacados por elementos de la policía preventiva, luego de que éstos atacaran con bombas de gases lacrimógenos y piedras el hotel Fortín Plaza, ubicado en el acceso al auditorio Guelaguetza, durante el enfrentamiento que sostienen con simpatizantes de la APPO.
La reportera de NOTICIARIOS 710, de la estación local Radio Éxitos, tuvo que ser auxiliada por rescatistas voluntarios, luego de que fuera alcanzada por un petardo de gas lacrimógeno, que estalló cerca de su humanidad.
Por otra parte, la reportera Alondra Olivera, del diario MARCA, resultó intoxicada con los gases lacrimógenos lanzados por los policías preventivos, quienes repentinamente arremetieron contra los reporteros que cubrían la información sin causa aparente.
Ambas trabajadoras de la prensa fueron auxiliados por la Cruz Roja, pero ésta última fue llevada a un hospital.
También el fotógrafo del periódico NOTICIAS, Carlos Román Velasco, fue golpeado por los policías cuando tomaba fotografías de los uniformados que lanzaban piedras y gases contra el hotel Fortín Plaza, estrellando vidrios y afectando a los huéspedes.
"Que no digan después de que fueron los de la APPO los que agredieron al hotel", pidió el corresponsal de Proceso, Pedro Matías, testigo presencial de las agresiones a sus compañeros y quien con otros periodistas rescataron a sus compañeros.
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Entonces..... ¿Los pinches policias van a bailar? |
¿Y ahora qué? Ésos van a bailar ‑‑pregunta entre asombro y broma un transeúnte que desde el otro lado de la barrera, desde el pasamanos, observa la decena de policías preventivos y municipales que se mantienen apostados en el cerro de El Fortín para impedir la realización de la Guelaguetza Popular.
-Tal vez ‑‑responde con sorna el reportero mientras observa el paso de nueve camionetas pick up, repletas de uniformados con armas de alto poder sobre las rodillas, frente al auditorio Guelaguetza.
-¡Ya ni la chingan! ‑‑agrega entonces el casual interlocutor y continúa su marcha, en tanto una nueva camioneta, está con los perros amaestrados, se suma a la comitiva.
En la víspera de la llamada Guelaguetza Popular, el cerro de El Fortín se convirtió en el búnker de las corporaciones policiales oaxaqueña. Ahí ha sido instalado ya una base de operaciones, en la caja de un trayler con la leyenda: Secretaría de Protección Ciudadana.
En ese espacio robado al cerro a punto de barreta, se encuentra también el estacionamiento de las patrullas y hasta el establo, pues los caballos de la policía montada, son amarrados en los árboles cercanos para pastar, si es que eso es posible.
A las 13:12 horas, el acceso principal del foro está teñido de azul marino, azul cielo, gris, camuflaje. No se esconden las armas, al contrario se muestran en todo su poderío para infundir temor.
En la carretera que sube al cerro “fantasmas”, de color naranja, dividen la entrada al auditorio de la ruta. Sólo acceden las patrullas y vehículos autorizados al auditorio Guelaguetza, la obra recién remodelada “que nosotros quisimos”.
Una decena de puestos se han instalado ya en la explanada de acceso, aunque son más bien para la atención de los policías, porque el comercio prefirió esperar hasta el último minuto para saber si se instala.
Los policías tratan de diversas maneras de matar el tiempo. Se acuestan sobre las escaleras de cemento o bien bajo un árbol, otros prefieren sentarse e ingerir alguna bota o un bone ice, sólo algunos permanecen en postura de descanso, con el tolete en la mano y el escudo de plástico apoyado sobre el suelo.
La historia retornó al cerro de El Fortín. Desde ahí vigilaban los zapotecos su reino, desde ahí los españoles controlaron el valle de Antequera. Hoy desde ahí los cuerpos policiacos del estado vigilan a los ciudadanos. Bien decía Carlos Marx, en el dieciocho Brumario: la historia se repite, pero una vez como tragedia y la otra como farsa.
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Para evitar un nuevo baño de sangre, cambian sede de la Guelaguetza Popular |
Por acuerdo de la Plenaria del Comité Ejecutivo, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidió realizar hoy la Guelaguetza Popular en la Plaza de la Danza y no en el auditorio del “Cerro del Fortín” a, ante el “operativo represivo” de militares y policías para impedir su realización.
“Lo que queremos es evitar un nuevo baño de sangre”, afirmó el secretario de Organización de la gremial, Ezequiel Rosales Carreño.
A la par del cerco militar y policial, decenas de vendedores ambulantes de organizaciones afiliadas al PRI instalaron puestos en las calles aledañas al Zócalo y la Alameda de León, para rodear el plantón representativo instalado por la Sección 22 y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
“No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, solo nos dijeron (los líderes) que nos colocáramos en estas calles para rodear a los maestros y los de la APPO", dijo una mujer comerciante.
El dirigente de la Sección 22 del SNTE expuso que la decisión fue para “no exponer” a los participantes, a los miembros del movimiento magisterial y popular, y a los turistas asistentes, porque el dispositivo de militares y policías “es una franca provocación”.
“Pretenden Felipe Calderón y Ulises Ruiz que caigamos en esa trampa para que tengan la justificación de la represión, pero no vamos a hacerlo porque nuestro movimiento es totalmente pacífico”, señaló.
Además, reprobó que el gobierno estatal impida el acceso al auditorio del “Cerro del Fortín” a pesar de ser un espacio público de los oaxaqueños y para los oaxaqueños.
Por esta razón, explicó que la Sección 22 del SNTE no solicitó a la administración estatal el permiso para poder usar el auditorio del “Cerro del Fortín”.
“Nuestras acciones jamás las consultamos con nadie, salvo con nuestras bases. Debido a esto, no hemos pedido el permiso para llevar a cabo la Guelaguetza Popular, como tampoco lo hacemos para hacer un mitin en el zócalo o una marcha porque son espacios públicos”, apuntó.
No obstante, en una entrevista en Radio Plantón, la voz del magisterio democrático oaxaqueño, el auxiliar de Niveles Especiales de la dirección seccional, Víctor Garcés, dio a conocer que la Sección 22 del SNTE solicitó formalmente al secretario de Administración del gobierno estatal, José Antonio Estefan Garfias, la utilización de ese foro, pero no hubo alguna respuesta.
Rosales Carreño dijo que el magisterio oaxaqueño mantiene el acuerdo de boicotear la Guelaguetza, organizada por el gobierno estatal, a celebrarse los próximos días 23 y 30.
Y detalló que la Guelaguetza Popular, es organizada conjuntamente con APPO, pero está financiada con 20 pesos por cada uno de los 70 mil trabajadores de la educación.
Por la tarde, en uno de los retenes instalados en inmediaciones de las presas de Huayapan, sobre la carretera federal Ciudad Alemán-Puerto Ángel, militares y policías retuvieron por varios minutos al autobús en que se desplazaba desde Tuxtepec, la delegación de la Cuenca del Papaloapan que participará mañana en la Guelaguetza Popular.
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Resurge la represión en Oaxaca |
La situación continúa tensa y hasta ahora son tres los frentes que mantienen los policías y la APPO por la disputa del auditorio Guelaguetza, donde los appistas pretenden realizar su Guelaguetza popular.
Dos de las siete personas detenidas como miembros de la APPO dijeron llamarse José López Martínez, de unos 18 años de edad y Edith González, quienes fueron sometidos al igual que los otros cinco y golpeados para después ser subidos a la batea de una camioneta presuntamente particular, en la que los preventivos se los llevaron rumbo al auditorio Guelaguetza.
También en una camioneta marca Ford, tipo Lobo, no oficial, fueron subidos ocho preventivos afectados por las pedradas y los propios gases lanzados por sus compañeros y fueron retirados del lugar.
julio 13, 2007
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Exoneraron al genocida Echeverria |

Sí hubo genocidio pero exoneran a Echeverría
Sin embargo, afirmó, no hay pruebas de que el ex presidente Luis Echeverría álvarez –entonces secretario de Gobernación, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable.
En rueda de prensa ofrecida para explicar por qué determinó conceder un amparo al ex mandatario, Luna Altamirano aseguró que las pruebas consideradas por el Segundo Tribunal Unitario para dictar el auto de formal prisión están basadas en meras conjeturas.
“No hay una, una sola prueba, que acredite directa o indirectamente –como se habla en el argot jurídico, prueba refractaria o circunstancial– que justifique, siquiera indiciariamente, al señor Luis Echeverría álvarez como aquel que haya preparado, concedido, concertado o ejecutado el genocidio”, enfatizó.
Con esta sentencia, ante la cual la PGR puede inconformarse en los próximos 10 días hábiles, a Echeverría se le levanta la prisión domiciliaria a la que estaba sujeto desde el 29 de noviembre pasado y no tendrá ninguna restricción a su libertad.
Luna Altamirano afirmó que revisó detenida y acuciosamente cada una de las 58 mil 725 fojas que integran los 42 tomos del expediente para poder emitir su resolución apegado a Derecho.
“Antes que nada, quiero destacar que esta resolución se encuentra completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentalistas, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas.
“La sentencia está basada única y exclusivamente en razones estrictamente jurídicas y apegadas a las constancias de autos”, explicó.
En el caso del expediente de la matanza del 10 de junio de 1971, por los que la PGR también acusó a Echeverría, el 26 de julio del 2005 el Quinto Tribunal Unitario resolvió en favor de Echeverría al considerar que en esos hechos no se configuró el delito de genocidio.
Luna Altamirano señaló que las acciones que desplegó el Gobierno en 1968 sí constituyen este tipo penal, pues tuvo el propósito de acabar con un grupo opositor que había generado un movimiento social que se les había desbordado.
“Fue una obra, a mi juicio, concertada, hubo muchos muertos, en la resolución se manejan 38 ó 40 aproximadamente, aunque después se dice que es indeterminado, (pero) el propósito era acabar (con ellos)”, dijo.
La PGR, sostuvo, hizo correctamente su labor en la etapa de la averiguación previa; sin embargo, por el tiempo transcurrido, le fue imposible hacerse de cierto tipo de pruebas que hubiesen podido demostrar, en su caso, la responsabilidad de Echeverría.
Entre estas pruebas, dijo, están los testimonios que pudieron haber rendido actores directos y fallecidos como Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, o el ex secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán.
“Creo que era muy importante recabar otras más pruebas, pero lamentablemente, y no inculpo a la PGR, ¿por qué?, después de 30 años, porque los hechos ocurrieron el 2 de octubre y la denuncia se presentó un 2 de octubre de 1998”, justificó.
julio 09, 2007
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Que la educacion deje de ser Laica, piden los pinches curas |

Solo falta que tambien pidan que la pederastia deje de ser un delito y asi puedan seguir destrozando mas vidas de niños inocentes.
El representante legal de la Arquidiócesis Primada de México, Armando Martínez, afirmó que en el país es importante "que trascendamos de un Estado laicicista a un Estado aconfesional (sin confesión alguna)", al anunciar que la Iglesia católica presentará en breve a los partidos políticos y al Congreso de la Unión "un paquete de reformas" constitucionales a los artículos tercero, 24 y 130, entre otros, de la Carta Magna, con el fin de alcanzar "una verdadera libertad de religión, sin dejar atrás el Estado laico".
Por otra parte, el vocero del arzobispado, Hugo Valdemar, confirmó a La Jornada que está en la agenda de la Iglesia lo de las nuevas reformas en materia eclesial y que ya ha estado "trabajando en el tema de la libertad religiosa" con el senador panista Federico Döring.
Explicó que el tema "se pone en agenda" porque a tres lustros de las enmiendas de 1992 "no sólo la Iglesia dice que es una ley imperfecta, sino que expertos en derecho ven las limitantes en las que es preciso ir caminando". Se busca, abundó, "hacer coherente la Carta Magna, no se trata de otra cosa".
Educación religiosa
A 15 años de la aprobación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Martínez Gómez explicó en conferencia que el arzobispado le encargó promover una serie de reformas en las que se buscará que el Estado provea de educación religiosa a los escolares.
"Todos los padres tienen el derecho de libre educar (sic) a sus hijos, pero no necesariamente a una educación laicista, como la que tenemos, sino que debe de ir mucho más allá. Debe de ir en una verdadera libertad en la que los padres puedan determinar si quieren una educación religiosa para sus hijos y el Estado pueda proveer de esta educación religiosa", expuso luego de la misa dominical oficiada por Norberto Rivera Carrera en la Catedral Metropolitana.
Se pretende modificar el artículo 24 constitucional para garantizar "plenamente" la libertad de culto, en el que los clérigos puedan hacer públicas sus posiciones "no partidistas, pero sí políticas" desde sus espacios religiosos. Dijo que el derecho a tener una posición política "está en la vida común de todos los ciudadanos", y los ministros de culto, como ciudadanos, tienen derecho de expresarse en torno "a un determinado tema público, que no es un tema partidista".
Esto, insistió, no es una propaganda partidista, porque eso el propio derecho canónico lo prohíbe. "Nunca se hará proselitismo ni en favor ni en contra de partidos, pero sí será enérgico en las posiciones políticas públicas que se dan respecto de temas y leyes", destacó.
Agregó que se propondrá una reforma de "claridad" en materia tributaria, "como se hace en otros países, donde los ciudadanos pueden destinar parte de sus impuestos a las iglesias.
"Pero éstas están también fiscalizadas; no sólo se trata de mayores derechos, sino también de tener una obligación y una coherencia en lo que ya se vive. Nosotros vivimos un doble discurso, pero la realidad es que la Iglesia existe y es una institución fuerte. Yo creo que es tiempo de un pleno reconocimiento de la Iglesia y el Estado", sentenció.
Por otra parte, Hugo Valdemar afirmó que "en la Iglesia somos pacientes, sabemos que todo lleva su tiempo, que no podía darse una legislación, dar un vuelco de 180 grados, que las transformaciones son poco a poco y, sobre todo, es un tema que siempre causa escozor y que siempre es álgido. Tampoco es una prioridad nacional, no lo es.
"Hay otras cosas que urgen mucho más; también nos interesa que esto no quede a la zaga, sino que se tome en cuenta y a los ministros de culto se nos considere ciudadanos, como cualquier otro", comentó el funcionario, para quien los religiosos católicos se sienten como residentes "de tercera".
Para el religioso existe consenso social, "logrado poco a poco", de que la Iglesia "tiene derecho a opinar en temas que atañen a la vida política" y eso quedó demostrado, mencionó, con el reciente debate para aprobar en la ciudad de México la reforma sobre la despenalización del aborto.
"Es una gracia decir que la sociedad se va sensibilizando, que la Iglesia como institución no tiene por qué estar marginada de la vida social, de la vida política, no partidista. Atención, porque en eso la Iglesia misma pone una limitante. El derecho canónico nos pone una limitante también ahí y eso lo tenemos muy claro. No queremos aliarnos a ningún sistema o partido, pero sí intervenir en la política, entendida como esta búsqueda del bien común y de la vida en armonía de la sociedad".
Explicó que "a los (miembros del Colegio de) Abogados Católicos se les ha encomendado un estudio de la ley y una serie de propuestas de parte de la arquidiócesis". Agregó que el presidente de la Conferencia del Episcopado de México, Carlos Aguiar Retes, y el Partido Acción Nacional, mediante su senador Federico Döring, "han estado trabajando en el tema de la libertad religiosa".
Detalló que la CEM, mediante su área de relaciones con el Estado, formalmente "desde hace mucho tiempo viene manteniendo diálogos con diferentes funcionarios, diputados, senadores de todos los partidos, no sólo el PAN, viendo la conveniencia de esta reforma, que si bien, repito, es necesaria, no es una prioridad nacional. Pero sí vemos que es importante empezar a pensar el tema.
"Hay varios frentes que están viendo la modificación de esta ley y no para obtener ningún tipo de privilegios, simplemente para homologar esta ley reglamentaria con la Constitución, que garantiza las libertades para todos pero que por otro lado se nos restringe en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se trata de hacer coherente la Carta Magna, no se trata de otra cosa", comentó.
En entrevista, expresó que sería oportuno que la propuesta de esta asociación religiosa se integre a los trabajos de la reforma del Estado, pero "nosotros no estamos actuando como un partido que condicionamos la aprobación de ciertas cosas, porque no tenemos diputados para presionar.
"Si no va por allí, va a través del diálogo, el consenso, el convencimiento de hacer notar esas contradicciones que existen entre la ley reglamentaria y la Carta Magna. Desde ahí podríamos empezar a convencer", destacó.





















